El Gobierno acusa a Ayuso de alentar el racismo por vincular una denuncia anónima de violencia sexual con los migrantes de Alcalá

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha acusado este jueves a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “racismo” por haber vinculado la víspera unas denuncias de agresión sexual en Alcalá de Henares con los 1.200 migrantes procedentes de Canarias que el Ejecutivo central ha acogido en un cuartel de la localidad madrileña. “Es impresentable la criminalización de la inmigración que hace la señora Ayuso”, ha subrayado Martín. Aunque la presidenta ha negado este jueves haber señalado a ningún colectivo en concreto, reconociendo que habrá que determinar si los denunciados son vecinos o migrantes, su discurso del miércoles en el municipio cervantino (180.000 habitantes) introdujo la mención a las agresiones entre dos referencias a “reyertas” y “casos de sarna” ocurridos en el centro de acogida.

“Si por algo me he caracterizado es por repetir en mis discursos la integración, el mestizaje, la apertura, los contrastes. Soy una gobernante responsable (...)”, ha dicho la presidenta de Madrid tras un acto en Colmenar Viejo. “Lo único que hice fue describir la situación que me había relatado con suma preocupación la alcaldesa [Judith Piquet]”, ha continuado. “Hay dos denuncias que se están investigando, por parte de la Policía y el juzgado”, ha seguido. “Si los agresores son vecinos de Alcalá o si son de fuera lo tiene que determinar un juez (...), no me corresponde a mí”, ha reconocido, introduciendo una duda sobre la autoría de los hechos denunciados que no tuvo en cuenta un día antes, cuando estalló la polémica. La frase que la provocó es la siguiente:

“En el centro de acogida ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional”, comenzó el miércoles Díaz Ayuso durante una visita a Alcalá organizada específicamente para criticar al Gobierno central por su política migratoria. “Se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio, según han denunciado”, siguió la líder conservadora, siempre hablando en el contexto de lo que ocurre con los acogidos, como refleja que vuelva a referirse al centro en su siguiente frase: “Se producen peleas dentro y fuera del centro, ha habido un brote de sarna...”.

Vox acudió inmediatamente en apoyo de Ayuso, al considerar que la presidenta regional validó todo su discurso antinmigración. Más Madrid la acusó de agitar “la xenofobia y el racismo”. Y el delegado del Gobierno acaba desmintiendo al final del día la afirmación de la presidenta: no hay, recalca, ninguna denuncia vinculada a los migrantes en Alcalá.

Antes y después de ese episodio, el equipo de la presidenta ha guardado silencio cuando EL PAÍS le ha solicitado datos, detalles concretos, hechos, que sustenten sus palabras. La estrategia es esperar para marcar la agenda mediática del día siguiente.

Así amanece este jueves: el gabinete de la presidenta hace llegar a los periodistas un documento que reflejaría las denuncias de las que había hablado Ayuso a través de sendas llamadas al 112.

“Intento agresión”, se lee con referencia a las llamadas registradas el 11 de diciembre, e investigadas por la Policía y judicializadas, según la Comunidad. Se trata de una denuncia anónima.

Sin embargo, ahí no hay ninguna alusión a los migrantes. Solo una referencia a un “joven de raza negra”, descripción que, por otra parte, es aplicable a miles de residentes en Alcalá desde mucho antes de la llegada de los acogidos, en noviembre de 2023.

“Es la evidencia de que no hay ningún indicio que vincule las agresiones a los migrantes. Ninguno”, dice una fuente del Gobierno central. “Pero como [el denunciado] es negro…”, lamenta en referencia a las palabras de Díaz Ayuso.

Como la Comunidad emplea el documento para acusar al delegado de haber mentido al negar la existencia de las denuncias, Martín vuelve a intervenir.

“La denuncia no está en absoluto vinculada a los migrantes procedentes de Canarias”, indica este jueves a preguntas de los periodistas. “Es absolutamente impresentable la criminalización de la inmigración que hace la señora Ayuso”, sigue. “Es un disparate”, recalca. “Lamentablemente, en todas las ciudades de España se producen agresiones sexuales, pero le puedo confirmar que ninguna de las de Alcalá ha estado vinculada a los emigrantes del centro Primo de Rivera”, argumenta. “Que Ayuso mienta para vincular la inseguridad con ellos tiene un nombre y debería rectificar. Esto es racismo”.

Martín recibe inmediatamente el apoyo de un peso pesado del Gobierno central, el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Menos doctrina y más trabajo”, le reclama Puente a Díaz Ayuso. “El [migrante] que viene, no viene a delinquir, sino a mejorar su vida, y señalarle con el dedo es un gesto de populismo y egoísmo que dice muy poco de quien lo practica”. Así le ha replicado Díaz Ayuso: “Ante hombres que se obsesionan de esta manera con algunas mujeres, es mejor no prestarles atención”.

Pero las palabras generan acciones, y hechos. Un día después de que Ayuso hable, Rocío Monasterio, de Vox, se desplaza hasta Alcalá para ofrecer declaraciones ante el centro. También lo visitan una decena de periodistas.

Sin embargo, a media mañana las calles del barrio en el que está el Cuartel Primo de Rivera, situado en la zona alta de Alcalá de Henares, están prácticamente desiertas. Solo un grupo de varones senegaleses de entre 20 y 30 años, que llegaron desde Canarias y que viven en este centro, pasean sin rumbo por ellas. Tienen permiso para salir de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00. “Es lo que hacemos, caminar y caminar”, dice uno de ellos.

Llevan un mes en el cuartel militar de la localidad. “Nos gusta estar aquí, pero la comida no es buena y dormimos en literas incómodas”, añade otro migrante. Según ellos, son más de 1.000, de distintas nacionalidades como Malí, Gambia o Marruecos. “Somos todos amigos, no hay peleas entre nosotros y no entendemos por qué se está diciendo en la tele que sí hay conflictos”.

Ana es vecina del barrio y asegura que son muy tranquilos. “No dan problemas, agachan la cabeza cuando pasas por su lado”, comenta. Ha escuchado las declaraciones de Ayuso del miércoles, ella insiste en que se siente segura. “No nos importa que estén en el barrio, tienen el mismo derecho que nosotros”, justifica.

Otra alcalaína que vive en esta zona de chalets y que ha preferido no dar su nombre muestra preocupación porque vengan a la localidad migrantes de forma masiva si no se les van a dar las herramientas para integrarlos en la sociedad. “No tiene sentido que los traigan si no van a fomentar el empleo con ellos, hay trabajos que la gente no quiere y que sí podrían hacer si les dejaran”, apunta.

Los migrantes cuentan que por la calle nadie les molesta ni les increpa. Ana ha saludado alguna vez a los senegaleses por la calle y dice que le responden con un tímido “hola”. Apenas hablan español, solo uno de los entrevistados por este periódico chapurreaba algunas palabras. Insisten en que tienen miedo del día en el que salgan del centro y tengan que buscarse la vida. “Tenemos claro que queremos quedarnos en España, no queremos volver, pero necesitamos ayuda para encontrar trabajo porque no conocemos el idioma”, sentencia convencido uno de ellos.

El relato de los migrantes es avalado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “El ministerio ha tenido constancia de un incidente puntual que ha involucrado a cuatro residentes del centro, pero que tuvo lugar fuera de él”, dice un portavoz sobre una pelea con heridos el pasado fin de semana. “Ni mucho menos se puede decir que los 1.100 residentes sean protagonistas de incidentes”, recalca. “La situación en el Centro y en los alrededores es de calma y convivencia. El altercado no ha tenido repercusión en la vida del centro”.

Esas explicaciones, no obstante, no detienen a Monasterio, que ha visto en la polémica una oportunidad de relanzar a Vox en Madrid, donde está noqueado desde que el PP logró mayoría absoluta en la capital y la región en las últimas elecciones. “No puede ser que se les esté dando cobijo a inmigrantes ilegales, cuando los jóvenes españoles no pueden independizarse”, lanza. “En Alcalá hay un problema de inmigración ilegal, queremos cerrar este centro y que se les repatrie a todos”, sentencia. Una frase que retrata la situación: tras meses de disputa y desencuentros, el PP de Ayuso y Vox han encontrado un punto de unión.

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