El Defensor del Pueblo pide a Ayuso cambios en las becas para centros privados a las que optan familias que ganan más de 100.000 euros

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reclama a la Comunidad de Madrid que cambie los criterios de renta que permiten que familias con un hijo que ganan más de 100.000 euros puedan optar a becas públicas para estudiar Bachillerato en centros privados. Su solicitud llega casi dos años después de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso elevara hasta los 35.913 euros de renta per cápita familiar el listón que marca quién puede solicitar esta ayuda. Aunque el informe del Defensor se centra en el programa de Bachillerato, la crítica es extensible a los de Educación Infantil, Formación Profesional de Grado Superior y Formación Profesional de Grado Medio, ya que en ellos se aplica el mismo criterio de renta.

¿Cuál es la polémica? Que como resultado de establecer en 35.913 euros el límite de renta (una cifra que resulta de dividir el total de ingresos de una familia entre el número de miembros que la componen) se pueden beneficiar de estas becas aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una beca para Bachillerato, de 60.000 para los de FP, o de 75.000 para los de Educación Infantil. Igualmente, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos de 143.652 euros también pueden pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos de 179.565 euros.

Gabilondo, que fue candidato del PSOE a la presidencia de Madrid en 2015, 2019 y 2021, señala “la falta de adecuación al principio de equidad que supone facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas”. Además, el Defensor afea a la Consejería de Educación madrileña que argumente en un informe que la concesión de las becas está vinculada a la defensa de la excelencia académica, cuando, precisamente, las ayudas se conceden sin tener en cuenta el expediente de los solicitantes. No obstante, un portavoz gubernamental precisa que en ningún momento ha empleado el Gobierno ese argumento.

“Aunque no le corresponde a esta institución determinar los umbrales de renta que dan acceso a las ayudas”, añade Gabilondo, sí que puede analizar “si los criterios para la fijación de esos umbrales, que constituyen el elemento troncal del sistema de becas, son compatibles con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables”. Y recomienda que estos sean revisados. Es decir, que considera que no se cumple el objetivo planteado.

“Las becas que concede la Comunidad de Madrid tienen como objetivo garantizar la libertad de elección educativa a las familias de la región, ofreciéndoles una ayuda para que sus hijos no tengan que cambiar de colegio al pasar a una etapa no obligatoria y que no está concertada debido a circunstancias socioeconómicas”, defiende un portavoz gubernamental. “Además, para su concesión se prioriza a los alumnos con menos recursos económicos, tal y como la Consejería de Educación ha informado puntualmente al Defensor del Pueblo ante sus requerimientos”, añade.

Ayuso ha hecho una apuesta nunca vista por destinar recursos públicos al sistema educativo privado. Los 127 millones de euros que invierte este curso la Comunidad de Madrid en financiar estudios no obligatorios en centros con ánimo de lucro suponen que el 60% del programa completo de ayudas públicas se concentre en un 10% de alumnos que cursan sus estudios en instituciones privadas concertadas o estrictamente privadas. El 40% restante queda para facilitar el acceso a libros, transporte y comida de 540.000 alumnos que se reparten entre la pública y la privada concertada.

De esta manera, Madrid se ha convertido en la única región de España que ofrece este tipo de becas a rentas altas, sin criterio de notas para su otorgamiento, y solo en centros privados. Es el último paso en una política educativa con el sello del PP que ha provocado que solo un 40% de los estudiantes de la capital vayan a centros públicos, frente al 55% de toda la región, el 67% de España, y el 81% en la Unión Europea. Una decisión que no tiene nada de inocente. Este modelo, según defendió en público Luis Peral, consejero de Educación autonómico entre 2003 y 2007, y han validado otros cargos del PP en privado, ayuda a que el PP gane elecciones.

El informe de Gabilondo es el resultado de una queja de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que manifestaba su desacuerdo con el criterio de renta familiar fijado en las convocatorias para el acceso a las becas que concede la Comunidad de Madrid para cursar estudios en centros privados de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.

No obstante, ni esa protesta, ni la polémica que rodea a un sistema que está sirviendo también para segregar a escuelas de órdenes religiosas que segregan a alumnos según su sexo, ha cambiado el criterio de la Comunidad de Madrid. Aunque en un principio el Gobierno se abrió a introducir el criterio de la excelencia académica para conceder las ayudas, hasta ahora no lo ha hecho.

En paralelo, ha presumido de aumentar la dotación para esta partida en el proyecto de Presupuestos para 2024, que se aprobará previsiblemente este diciembre en la Asamblea regional. Y así, curso a curso, el PP cumple una política inspirada y celebrada por Vox en negociaciones presupuestarias previas: dedicar dinero público a la enseñanza privada pura y concertada.

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