Las consecuencias de cerrar aulas en un colegio de Móstoles: dejar al niño en casa o 45 minutos en autobús cada día

Yessenia Ramos pasa tres horas y media al día en transporte público en Madrid. El recorrido para ir al trabajo es así: autobús del centro de Móstoles a la estación de Príncipe Pío; línea 10 de metro hasta Alonso Martínez; trasbordo a la línea 5 y directa a Ciudad Lineal, Torre Arias o Alameda de Osuna, uno de los tres sitios donde limpia casas. Mismo trayecto en dirección contraria de vuelta. A esto le suma 45 minutos más por los dos autobuses que coge cada mañana antes de ir a trabajar para llevar a su hija de cuatro años a clase. La mujer, de 26, no vive en el centro de su municipio, sino a unos seis kilómetros, en el barrio Parque Coimbra, y el colegio público que tiene más cerca de casa tiene plazas libres en segundo de Infantil. Ella y otras ocho familias están en lista de espera y el centro ha pedido hasta tres veces a la Comunidad de Madrid que abra un aula más, porque hay espacio para hacerlo.

“No tengo coche. Mi pareja está de ocho de la mañana a seis o siete de la tarde en el trabajo. Estoy cansada de ir, venir, ir al colegio, volver, hacerlo todo… La niña se me duerme en el bus de ida y de vuelta, está agotada”, relata Ramos. Su frustración no es un caso aislado. Cada curso, sindicatos y asociaciones de familias alertan de una situación similar en alguna zona de la región: colegios donde antes había dos aulas para una etapa concreta y que, de un año para otro, se quedan sin ella; padres y madres que piden que se abra una clase más; directores que advierten el exceso de demanda y también solicitan el espacio; familias que acaban desplazándose para llevar a sus hijos al colegio o que se organizan y protestan hasta que lo consiguen.

Yessenia tiene que hacer un sobreesfuerzo con su niña para llegar al colegio porque le han cerrado la clase del que tiene más cerca. En otros casos, la única solución posible es dejar al niño en casa. Las decisiones de cerrar clases siempre perjudican a las familias más vulnerables: aquellas que disponen de más medios pueden trasladar a sus hijos a otro colegio, sea público o concertado. Sucede en Móstoles y en otros puntos de la comunidad. Cerrar clases puede parecer una medida aritmética para racionalizar presupuestos y ratios en un entorno de baja natalidad cuando se hace desde un despacho con una tabla de Excel y no se atienden las peticiones de los directores, no se le pone cara a la medida. La tabla de Excel es implacable con los más necesitados, siempre discrimina a los mismos, a los escolares que se tienen que quedar en casa o pasar hora y media en autobús y llegar agotados.

En mayo, Comisiones Obreras (CC OO) elaboró un extenso informe que concluía que este curso habría 5.350 plazas menos de Infantil a Bachillerato en los centros públicos de la Comunidad de Madrid y que en Infantil y Primaria se perdían 172 aulas. A las nueve familias de Parque Coimbra, la dirección del colegio lleva dos semanas diciéndoles lo mismo. En junio, ya vieron que no habría hueco para todos y pidieron por primera vez un aula más. No hubo respuesta. El 1 de septiembre, lo solicitaron de nuevo y, hace apenas cuatro días, lo han hecho por tercera vez. En el centro público tienen aulas disponibles, les explican, porque hace tres años sí había dos clases de educación Infantil, con 15 alumnos cada una, y de un curso a otro las eliminaron.

La Consejería de Educación responde que el escrito de la dirección del colegio les llegó este miércoles y que van a atender su petición de “manera inmediata”, aunque ese mismo día las familias, en contacto constante con el director, no tenían constancia de ello. Según un portavoz, este centro es el único de la zona donde se ha pedido un aumento de aulas, debido a la “incorporación en el periodo extraordinario de matriculación de siete niños”. “Hasta ahora era una línea uno con 20 alumnos en el aula y ahora pasa a ser una línea dos con 27 alumnos y dos aulas”, garantizan ahora. Para ello, tendrán que contratar a un nuevo docente.

Pero desde que comenzó el curso, hace 15 días, Auutman Rabah, de 36 años, solo ha podido esperar. Tiene un hijo de cuatro años y una bebé de tres meses. “Necesitamos el colegio sí o sí, la ruta del autobús no pasa por aquí y, por horario, no la puedo llevar todos los días”. Trabaja en un supermercado y, si le toca de tarde, (de 15.00 a 22.00), puede ir con la niña hasta otro colegio en Móstoles, aunque no puede acudir a buscarla a la salida. Y si le toca de mañana (de 8.00 a 15.00), no puede ni llevarla ni volver a recogerla. ¿Resultado? Que la niña se tiene que quedar en casa. Lo mismo sucede en el caso de Sonia Zapata, con un niño de ocho años matriculado en Parque Coimbra y otro de cuatro en casa. “El director no sabe qué más hacer, de cuatro años solo tienen una clase. En el otro colegio del barrio sí hay dos, pero tampoco tiene hueco”. La madre se queja de que llevan 15 días sin darles una solución.

María Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, explica que, cuando se acerca el periodo de escolarización, la Consejería de Educación se reúne con las corporaciones locales y, con los datos de natalidad y del padrón, entre otros, hace una estimación de los niños que puede haber ese curso en cada etapa educativa. De hecho, días antes del inicio de las clases, el nuevo consejero de Educación, Emilio Viciana, señaló en una rueda de prensa que la matrícula de tres a seis años había bajado un 2,4% y que ese descenso estaba “directamente relacionado con la disminución de la natalidad”. Madrid, Parla y Móstoles fueron algunas de las ciudades donde más bajó la matrícula en Infantil entre 2021 y 2022, según datos de la Comunidad. En Madrid hubo 777 alumnos menos; en Parla, 197; y en Móstoles, 190.

Por ejemplo, sigue Morillas, si en un municipio ―o distrito, en el caso de la capital― advierte una bajada de natalidad, deciden “optimizar recursos y ofrecen plazas ajustadas a la baja”. Entonces, se eliminan aulas en distintas etapas, aunque el criterio para decidir cuáles no está claro, señala. “Los directores se enteran porque ven que un aula ha desaparecido de su sistema informático. Si resulta que hay más de 20 solicitudes [ratio máxima en Infantil], imagina 30, podrías tener dos aulas de 15. Pero luego te dicen que si hay otro centro cerca y allí para 20 huecos han pedido la mitad, reubican los sobrantes de la primera aula y los recolocan donde hayan quedado vacantes”, indica.

Esto condiciona la decisión de las familias a la hora de escoger colegio. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO en la comunidad, añade que la “disminución de oferta en enseñanza pública está planificada de manera sistemática” y que “no se elabora un mapa transparente de la demanda de plazas”. En los colegios e institutos públicos se reduce la oferta antes de conocer la verdadera demanda, denuncia, y las familias, al ver que hay menos plazas, no la solicitan por miedo a quedarse fuera. Entonces, escogen aquellos centros donde creen que van a tener hueco, como, por ejemplo, los concertados que anuncian ampliaciones. El resultado: la demanda sí termina disminuyendo. “Dicen que el 94% escoge lo que quiere, claro, no se puede escoger algo que no se oferta”, critica.

La baja matrícula y el sistema de asignación de plazas están abonando el terreno para más problemas a futuro, afirma Sergio López, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid. Si hay menos demanda en un colegio público, habrá cierre de aulas y no será tan sencillo reabrirlas si se necesitan por un posterior repunte. “Un aula que se cierra en la pública es menos oferta para las familias para el año siguiente”, dice. López pone un ejemplo: un colegio público tiene 40 vacantes en dos aulas, es decir, 20 en cada una. Por baja matrícula, se cierra una línea y quedan plazas solo para 20. Al año siguiente, vuelven a aparecer alumnos para llenar dos aulas. “El colegio puede pedir que le rehabiliten el aula. Pero, antes de pensar en rehabilitar el aula, la administración verifica en qué otros colegios hay cupo”, continúa López. Al final, unos colegios y unas zonas absorberán más que otros los impactos de la baja de natalidad.

Hay más riesgo de que un colegio público absorba ese impacto, que un colegio concertado, añade López. La ley de conciertos educativos en la comunidad hace más difícil que se cierre una línea en un concertado, incluso si la demanda ha bajado. “El concierto dura 10 años para todos los niveles educativos y obliga a ofertar todas las unidades [aulas] disponibles. Aunque la norma permite cerrar las aulas según los ratios, pone limitaciones para hacerlo. Por ejemplo, por situaciones socioeconómicas se pueden admitir ratios inferiores e, incluso, que el Gobierno regional pueda establecer otra ratio mínima”, detalla López.

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