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La Comunidad de Madrid rectifica un informe de una de sus juristas y permite que un proyecto inmobiliario incumpla la Ley de Vivienda

El Gobierno de Ayuso ha emitido un segundo dictamen que exime de construir un 20% de vivienda protegida en una promoción de 443 pisos en las antiguas cocheras del Metro en Cuatro Caminos

Comunidad de Madrid Ley Vivienda
Imagen de las cocheras de Cuatro Caminos antes de su demolición.Kike Para
Fernando Peinado

La Comunidad de Madrid ha rectificado a una de sus juristas que había emitido un informe contrario a los intereses de un proyecto inmobiliario en el norte de la almendra central, en el solar de las históricas cocheras de Metro de Cuatro Caminos. El dictamen de junio había concluido que esta operación en trámite de aprobación por el Ayuntamiento de Madrid debería cumplir con la nueva ley estatal de vivienda, que entró en vigor en mayo, y que incrementó del 10% al 20% la reserva de suelo para vivienda protegida en los nuevos proyectos. Un mes más tarde, la Comunidad emitió un segundo informe que rectificaba al anterior y entendía que la nueva ley no era de aplicación a este proyecto en curso. Los informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS y han sido adelantados por Eldiario.es se refieren a una polémica operación que se ha enfrentado desde 2014 a la oposición de vecinos y defensores del patrimonio y a una sentencia en contra del Supremo.

Los dos informes fueron elaborados por la Comunidad a petición del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que solicitaba resolver las dudas sobre esta ley que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que incumplirá la ley cuando sea “lesiva” para la propiedad. La norma entró en vigor en mayo cuando el equipo de José Luis Martínez Almeida tramitaba una modificación del Plan General de Urbanismo de 1997 para hacer posible la operación en Cuatro Caminos. Esa misma modificación había sido anulada por el Supremo en 2019 pero fue retomada por Almeida porque entendía que los reproches de los magistrados se limitaban a aspectos formales.

El primer informe había sido firmado el 19 de junio por la letrada jefe del servicio jurídico de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, María Elena López de Ayala. Sin embargo, su firma no aparece en el segundo documento, del 24 de julio, que fue rubricado por el abogado general de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella.

Consulte a continuación el primer dictamen jurídico emitido por la Comunidad de Madrid


Consulte a continuación el segundo dictamen jurídico emitido por la Comunidad de Madrid

Detrás de la operación se encuentra el grupo Ibosa, que en 2014 compró en una subasta los terrenos a Metro de Madrid por 88 millones de euros. El dinero lo aportaron cooperativistas que se unieron al proyecto. La no aplicación de la Ley de Vivienda tiene un gran impacto lucrativo para los interesados porque habían proyectado 62 viviendas protegidas, y de haber cumplido con el 20% de la ley tendrían que haber reservado 88. El proyecto contempla tres edificios de vivienda, siendo uno de ellos una torre de 25 plantas que se convertiría en uno de los edificios residenciales más altos de la capital.

La Consejería de Vivienda justifica el segundo informe diciendo que había que aportar una solución a los cooperativistas evitando que tuvieran que iniciar “un nuevo expediente ya con el condicionante de la ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Se evaluaron nuevos argumentos ante la inseguridad jurídica que genera la Ley de Vivienda en diversos ámbitos y se sometieron a la evaluación de la Abogacía de la Comunidad de Madrid”, responde a este periódico un portavoz. “Gracias a este segundo informe no ha sido necesario reiniciar el expediente”.

Los críticos del proyecto han visto a lo largo de nueve años cómo el proyecto salía adelante con el apoyo de la administración. Querían proteger las históricas cocheras, el primer edificio construido por Metro de Madrid, en 1918, en avenida Reina Victoria, número 9. Sin embargo, en medio del conflicto, en 2021, las cocheras fueron demolidas.

La asociación Madrid Ciudad y Patrimonio considera que la rectificación a la letrada autonómica es el último ejemplo del apoyo del Ayuntamiento de Madrid a los intereses económicos. “Este es una presunta prevaricación al servicio de la empresa privada. Parecen sus abogados. No les ha importado que la operación se salte las leyes o el valor cultural de las cocheras”.

Contacta con el autor por correo fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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Sobre la firma

Fernando Peinado
Es reportero de la sección de Madrid desde 2018. Antes pasó ocho años en Estados Unidos donde trabajó para Univision, BBC, AP y The Miami Herald. Es autor de Trumpistas (Editorial Fuera de Ruta).

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