Madrid establece una ratio en 1º de la ESO obligatoria para los públicos y opcional para los concertados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado 2 de marzo en la Asamblea regional el paso de un máximo de 30 alumnos por clase a 25 en 1º de la ESO. Se trata de un escalón más en la reducción del número de alumnos por aula, que comenzó este curso con 1º de Segundo Ciclo de Educación Infantil, donde se pasó de 25 a 20 estudiantes por clase. El curso que viene, esta medida alcanzará a 2º de Infantil y, así, de forma progresiva, hasta llegar a Primaria en dos cursos. Lo que no dijo Ayuso, denuncia la Asociación de Directores de Institutos Públicos (Adimad), es que reducir la ratio en Secundaria “será una obligación para los centros públicos, mientras que los concertados podrán no cumplirla”. “Se trata de una medida excepcional para aquellos centros que no pudiesen cumplir con las ratios”, confirma la Consejería de Educación frente a las quejas de los directores de la pública.

Así, la concertada podrá elegir entre acometer obras en verano para habilitar las aulas necesarias y ajustarse a los nuevos cupos o seguir con grupos de 30 alumnos si no disponen de espacio. Para la nueva presidenta de Adimad, Rosa Rocha, se trata de una medida de gracia “especialmente grave” porque supone establecer “por primera vez una ratio para la pública y otra distinta para la concertada”. También lo es que la instrucción no conste en ningún documento oficial, sino que fuera comunicada de facto “y extraoficialmente” a los centros antes del anuncio de Ayuso.

“Los centros nos enteramos por sorpresa, a primeros de marzo, porque en nuestro sistema interno, Raíces, aparecían las clases de 1º de la ESO a 25 alumnos. Pero la concertada pidió una autorización para mantener la ratio a 30 y el sí les llegó mediante comunicación interna″, asegura Rocha, para quien lo normal sería que fuera una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Los directores de la pública respaldan al 100% una medida que llevan años demandando porque reducir ratios “siempre es una buena noticia para la calidad de la enseñanza”, pero exigen que no haya un doble rasero con la concertada y que vaya acompañada de más medios y de más personal. “Ya sabemos que no van a hacer obras durante el verano para ampliar los institutos, por lo que pedimos que nos instalen aulas prefabricadas. Tras años y años de no realizarse las ampliaciones necesarias, muchos centros están muy limitados de espacio y no pueden crear uno o dos grupos más para que sean de 25 y poder atender así su demanda. También necesitamos que nos doten de profesores para las nuevas aulas″, indica Rocha, cuyo temor es que Educación “no haga nada de esto y derive a los alumnos a la concertada”.

Un portavoz de Educación confirma así la existencia de esta diferencia entre centros públicos y concertados: “Se trata de una medida excepcional para aquellos centros que no pudiesen cumplir con las ratios y previa justificación”. José Antonio Poveda, de Escuelas Católicas, que representa al 67% del sector de la concertada, indica que Educación les ha concedido “una moratoria de un año para cumplir” con la nueva ratio, aunque “la mayoría lo va a hacer ya este curso”.

En cambio, Fernando Fernández, de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado, que agrupa los centros concertados laicos, niega haber recibido ningún tipo de permiso especial: “Somos centros sostenidos con fondos públicos y las normas son las mismas, para la concertada también es obligatorio bajar la ratio”.

Según Poveda, “el sentido que tiene la moratoria es que el 100% de nuestros centros disponen también Infantil y Primaria y llegan a la ESO en grupos de 30, por lo que sobrarían cinco alumnos por clase y, si no hay espacio para crear nuevas aulas, tendrían que cambiar de colegio para continuar su educación”.

Este mismo argumento lo repite el portavoz de Educación cuando se le pregunta por qué la medida es solo para la concertada y no se le da esa opción a la pública: “Los alumnos de Primaria de la concertada “continúan en el mismo centro en la etapa de Secundaria, a diferencia de los centros públicos que cambian de colegio a instituto, por lo que la reducción de ratio, a poco más de un mes del proceso de admisión, supone un problema organizativo para los centros concertados”.

Para Rocha, sin embargo, este es un paso más dentro de “un plan orquestado para enviar alumnos a la concertada, el sistema está viciado de origen, si no hay plazas no se puede elegir pública”.

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