Las cuatro reales academias que Ayuso ha designado para “revisar” los libros de texto niegan haber firmado un convenio para hacerlo

Material sectario, saberes ideológicos o ingeniería social. Es lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido ―en más de una ocasión― “revisar” y eliminar de los libros de texto. Lo hizo antes del inicio del curso pasado y lo ha vuelto a repetir en la vuelta al cole este año, aunque con una novedad: la Real Academia Española (RAE), las de Historia, Bellas Artes y Ciencias Exactas “ayudarán” a supervisar los manuales. El problema: carecen de competencias y solo la inspección educativa está autorizada por ley a hacerlo. Las cuatro instituciones han asegurado a EL PAÍS que tampoco tienen constancia de que se haya puesto en marcha un convenio con el Gobierno regional para llevar a cabo la tarea y alguna hasta se enteró del anuncio por los medios.

En mayo de 2022, Ayuso presentó así ―durante un acto del PP en Jerez de la Frontera― la medida para “acabar con el adoctrinamiento” del Ministerio de Educación: “Vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad, con una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa”. También anunció que retirarían todos los textos que contuvieran “material sectario”. Poco más de una semana después, preguntada por ello en la Asamblea, la presidenta reconoció que la inspección no había detectado “nada relevante” en la revisión de 180 libros. Días más tarde, animaba por carta a los centros a no utilizar los manuales la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez (Lomloe) y recurrió ante el Tribunal Supremo el currículo de Bachillerato por considerarlo “lleno de mantras de la izquierda”. Fue la única presidenta regional en hacerlo y este julio el órgano desestimó el recurso.

Un año después, la promesa no ha cambiado, pero ya no hay mención a la inspección educativa. “Vamos a hacer convenios con la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la de Bellas Arte y con la de Ciencias Exactas para que nos ayuden en la revisión de los manuales, para que se basen en saberes efectivos y rigurosos, no ideológicos ni de ingeniería social”, informó Ayuso el pasado miércoles. Este periódico ha contactado con las cuatro instituciones y, salvo por lo que vieron en medios, ninguna estaba al tanto de la iniciativa.

La Consejería de Educación no ha respondido a las preguntas sobre cuál va a ser el papel de las reales academias, en qué van a consistir los convenios con ellas o cuándo se van a llevar a cabo. Un portavoz señala que “los servicios de inspección territoriales realizan habitualmente la revisión de los libros de texto”, para comprobar si se ajustan al currículo, las edades de los alumnos y los valores constitucionales.

“Hasta el momento la RAE no ha recibido esa solicitud”, señalan fuentes de la Real Academia Española. En la de Bellas Artes indican que nadie de la Administración regional se ha puesto en contacto con el director o el vicerrector. Arturo Romero, profesor y académico de la Real Academia de Ciencias (RAC) explica que la institución de la que forma parte ―y también otras― firmó un convenio genérico con la Comunidad de Madrid a principios de 2022. “Pero dirigido al profesorado”, matiza por teléfono, centrado en sesiones divulgativas dónde les enseñan la labor de la real academia. “No incluye nada relacionado con los libros de texto, solo la posibilidad de realizar colaboraciones que acordemos entre ambos”, comenta. Y añade: “No tenemos competencias en materia educativa”.

También lo puntualiza Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid. “Los contenidos de los libros de texto están perfectamente regulados y las reales academias son externas al sistema educativo. La competencia exclusiva y totalmente definida en el marco constitucional para revisar los libros de texto la tiene el servicio de inspección”, expone. Esto lo recoge la Ley Orgánica de Educación de 2006 y ninguna de las posteriores lo ha alterado: “La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración”.

El anuncio de Ayuso ha sorprendido en el cuerpo de inspectores educativos. “Es como si la ministra de Trabajo dijera que a partir de ahora las inspecciones las hará un órgano externo, porque no le gustan los veredictos que da el órgano competente. O como si le pusieran una ayuda al inspector de Hacienda”, se queja una inspectora, que trabaja en la Comunidad desde hace más de 10 años y prefiere no decir su nombre. La funcionaria explica que “jamás se ha detectado nada en ningún libro” y que lo habitual es que un ejemplar se revise por causas concretas, por ejemplo, si la Administración denuncia parte del contenido. “Es imposible supervisarlo todo, porque hay 160 inspectores para toda la región. Lo que llega a nosotros es una ínfima parte”, cuenta.

El contenido de los libros de texto se rige por el currículo escolar vigente, explica un portavoz de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele). En este caso, el currículo que marca la Lomloe. “Fija las enseñanzas mínimas que requieren el 50% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 60% para aquellas que no las tengan”, señala. Esto es, Madrid puede emplear el 40% restante para incluir sus propios contenidos. “Medir qué se consideran contenidos ideológicos resulta complejo”, añade el portavoz. La legislación solo señala que los textos deben respetar los valores de la Constitución y el rigor científico. “Las revisiones que se han hecho, incluso en la Comunidad de Madrid, y los informes posteriores concluyen que no ha habido nada que contravenga la legislación”, confirma.

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