En el pulso de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España por la nueva ley educativa estatal (LOMLOE) todo vale, hasta una especie de insumisión librera. El ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha enviado una misiva a los colegios de la región en la que les recomienda mantener el próximo curso los libros de texto que han usado en este, regateando así los cambios que traerá en esos materiales la nueva norma estatal. Es el último episodio en el choque entre las dos administraciones en el terreno educativo, convertido en las últimas semanas en su escenario de confrontación preferente, ya que Díaz Ayuso acusa una y otra vez al Ejecutivo central de intentar adoctrinar a los alumnos.

“Desde la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, ante la situación descrita, se considera procedente el mantenimiento de los libros de texto vigentes durante el curso 2021-2022 en aquellos cursos en que, de conformidad con la disposición final quinta de la LOMLOE, haya de implantarse el nuevo currículo, todo ello con absoluto respeto a la autonomía de los centros docentes para la elección de los libros de texto y demás materiales curriculares”, propone la Comunidad de Madrid en una circular a la que accedió este diario.

Aunque la LOMLOE, también conocida como ley Celáa, se aprobó en 2020, su implantación comenzará en septiembre, y afectará a los cursos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Es ahora, pues, cuando deberían cambiar los libros, y desaparecer los de la LOMCE, la ley educativa estatal sustituida por la nueva, y también conocida como ley Wert.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid recuerda a los centros educativos que la ley regional de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular (que afecta a Primaria, Secundaria y FP) recoge que “la elección de los libros de texto corresponde a cada centro docente” y también “que las ediciones elegidas no podrán ser sustituidas durante un período mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas” y “que los centros educativos, en virtud de su autonomía, podrán alargar la vida útil de los libros de texto y materiales curriculares que estén en buen estado con la finalidad de racionalizar el gasto público”.

Recurso ante el Supremo

Dos argumentos legales a los que la Consejería de Educación madrileña, dirigida por Enrique Ossorio, añade un argumento temporal: que la tramitación de los decretos estatales ha sido lenta, lo que ha restado capacidad de maniobra a Madrid para determinar el 40% de los contenidos curriculares a los que tiene derecho, por lo que, se afirma, los borradores conocidos de los libros de texto no incluyen su versión definitiva.

“Los profesores conocen los borradores del currículo de Madrid, estos borradores se han visto en el Consejo Escolar entre marzo y mayo, perfectamente podrían estar publicados ya. Nadie entiende por qué estos borradores no están publicados aún”, critica a la administración regional Isabel Galvín, portavoz de Educación de CC OO Madrid. “Y cabe preguntarse si este retraso es una manera más para dilatar y entorpecer que la nueva ley entre en vigor en Madrid”.

Por otra parte, según fuentes directas de los centros educativos madrileños, los libros, en su inmensa mayoría, tienen más de cuatro años y tendrían que renovarse en el próximo curso, entrase o no una nueva ley en vigor.

Todo tiene que ver con la cruzada abierta por Ayuso contra el Gobierno en materia educativa. Madrid ha avanzado que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de universidades, pese a que aún está en tramitación. También ha intentado neutralizar el contenido que no le gusta de los decretos de la ESO y Bachillerato. Ha retado al Ejecutivo al apostar por limitar el número de suspensos con el que se pasa de curso. Y también ha recurrido ante el Supremo el decreto de Bachillerato, con el objetivo de que sea suspendido cautelarmente y de que el curso arranque con los mismos libros que el año pasado. Ese recurso, ya admitido a trámite, tiene carácter excepcional: ninguna otra región gobernada por el PP (Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia) lo ha planteado, pese a que Madrid ha contado con el aval de la dirección nacional del partido.

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