El último servicio de Mariano Fuentes, el concejal de las inmobiliarias

Mariano Fuentes quiso ser conocido como un impulsor entusiasta de la colaboración público-privada. Los hechos sugieren que más bien cruzó demasiadas veces la línea roja del interés general frente al particular. La última ha hecho saltar todas las alarmas. El exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, delegado de Urbanismo y hombre fuerte de Begoña Villacís, se ha incorporado a la promotora inmobiliaria Vía Ágora nada más dejar el cargo —tras el hundimiento electoral de su partido— y apenas unos días después de cederle cinco parcelas durante 45 años. Un movimiento hacia el sector privado que Más Madrid considera propio de las puertas giratorias. Y anuncia que llevará al exedil ante la Fiscalía. La operación comprende más de 8.600 metros cuadrados destinados a construir 2.000 viviendas de alquiler publicitado como asequible, aunque no lo será tanto.

La maniobra ilustra además la querencia de Fuentes hacia los intereses empresariales. El precio establecido por los pisos supondrá como máximo tres cuartas partes del que fije el mercado. Un descuento solo relativo, pues los alquileres han subido durante los últimos siete años en la capital más de ese 25%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se rechazará a todo aquel solicitante para quien esta supuesta renta social suponga más de una cuarta parte de sus ingresos netos. Las condiciones se antojan aún más exigentes que las de cualquier banco. La tasa de esfuerzo hipotecaria que fijan la mayoría de las entidades oscila en torno al 35%. Vía Ágora ha pagado al Ayuntamiento algo más de nueve millones de euros en concepto de cesión del suelo donde levantará y rentabilizará pisos extremadamente pequeños. Un negocio muy atractivo, pero quizá no tan ventajoso como hubiera cabido esperar del término asequible.

Este ingeniero técnico y aparejador ha dejado su impronta en las normas urbanísticas, que se votarán en el pleno de este lunes tras aprobarse el miércoles durante una comisión extraordinaria en la que los populares estrenaron su mayoría absoluta. Vox quería borrar de esta normativa toda referencia a la Agenda 2030 de la ONU y mantenía bloqueada su tramitación desde diciembre. En la izquierda preocupa que el texto votado ni siquiera menciona la proliferación de casas de apuestas. Y que permita cocinas fantasma de hasta 350 metros cuadrados en zonas residenciales. Reclaman además más restricciones a los pisos turísticos, que en el escrito quedan sujetos al plan especial de Manuela Carmena por imperativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dicho texto establece unos cupos en la concesión de licencias para el alquiler vacacional que no se han revisado en cuatro años, pese a la saturación creciente de barrios como Lavapiés, de la cual ha alertado el Defensor del Pueblo.

La finalidad de Fuentes con esta reforma era incluir fenómenos inexistentes en 1997, cuando se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Y de paso, rebajar trámites a las empresas del sector, como los planes especiales de control ambiental (PECUAU), que desaparecerán del ordenamiento. La aprobación definitiva, que tendrá lugar en el pleno del lunes, supone un triunfo en diferido del exconcejal de Ciudadanos, cuyo pulso con Javier Ortega Smith colocó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un aprieto de seis meses. El nuevo mandato amenaza con hacer tabla tasa. Y las normas urbanísticas colgarán del medallero de Borja Carabante, sustituto de Fuentes, quien deberá enfrentar además las críticas de una oposición que el miércoles votó en bloque contra la reforma. “No termine como su antecesor, priorice el interés general”, le espetó Pedro Barrero, portavoz socialista en la comisión de Urbanismo.

El exdelegado Fuentes fue un firme defensor de sus proyectos, incluso de los más estrambóticos, entre otros, la cesión de 7.000 metros cuadrados por cuatro años al cantante Nacho Cano para construir un teatro con forma de pirámide azteca. Los vecinos de Hortaleza, que desde hacía años reclamaban una dotación pública en aquel solar, se levantaron en pie de guerra hasta que el artista renunció. Otra cruzada de Fuentes en favor del capital tuvo como escenario la antigua central lechera de Clesa, levantada por Alejandro de la Sota en 1960. Metrovacesa había cedido este complejo de traza racionalista al Ayuntamiento de Manuela Carmena a cambio de modificar el uso industrial del resto de la parcela y aumentar su edificabilidad, condición necesaria para proyectar unas torres. Tras las elecciones, Fuentes inscribió el edificio en el concurso internacional Reinventing Cities.

En el equipo ganador figuraba Metrovacesa, vinculada de nuevo a la fábrica en una paradójica variante de la economía circular. También Kadans Science, que financiará con 34 millones de euros una rehabilitación que ha suscitado la crítica de expertos en arquitectura moderna como el historiador británico William Curtis, quien la consideró una “destrucción del original”. La firma holandesa instalará durante 75 años un centro de innovación biomédica donde se alquilarán laboratorios y salones de congresos a terceros. Solo un 12% de la superficie tendrá uso cultural, pese a que la operación se vendió como el “Matadero del norte”. Alberto Tellería, vocal de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, declara: “Este es quizá uno de los movimientos más descarados de Fuentes, siempre de la mano de las empresas. La explotación máxima de los valores inmobiliarios es el único punto de vista de su planeamiento. Da igual que perjudique a los ciudadanos”.

El pleno de Cibeles aprobó en marzo con el voto en contra del PP y Ciudadanos una proposición no de ley que instaba a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno regional a declarar Clesa como Bien de Interés Cultural (BIC). Un informe había negado en enero esta posibilidad, pero la asociación Liebre por Gato, que aglutina a arquitectos y asociaciones de vecinos, presentó después un recurso de alzada pendiente de resolverse. La incoación del expediente BIC paralizaría en seco el proyecto resultante de Reinventing Cities, que Fuentes presentaba como un ejemplo de colaboración público-privada. Alguien que tuvo la confianza del exconcejal en los primeros meses de su mandato comenta: “Lo más importante para él es que la maquinaria funcione. Entregar licencias, que las firmas inviertan, minimizar el gasto público, lo demás es secundario. Por eso el concurso le pareció una idea magnífica”.

Fuentes encarnaba a la perfección la figura del político que los anglosajones llaman business oriented. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) le premió en mayo, durante la campaña electoral, por el desbloqueo de los desarrollos del sureste y la construcción del Bosque Metropolitano. Se codeaba con ejecutivos como Juan Antonio Gómez Pintado, director de Vía Ágora, a quien acompañó en esas mismas fechas a un encuentro con agentes del sector retransmitido por internet, aunque el vídeo ha desaparecido de los buscadores tras las acusaciones de puertas giratorias. “Le consideraban uno de los suyos”, opina una funcionaria municipal que despachaba con él. Vicente Pérez, sociólogo y responsable de urbanismo en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), critica: “Su paso por el Ayuntamiento ha consistido en facilitarle el trabajo a la empresa”.

El interpelado se defiende. Fuentes asegura a este diario que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses con Vía Ágora, pues nunca llegó a firmar la adjudicación. Aquel 15 de marzo se encontraba de viaje fuera de España “y el proceso no se podía parar”, según declaró. Su compañero de Ciudadanos Pepe Aniorte, actual gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento y entonces delegado de Familias, rubricó aquel día el contrato por más de nueve millones de euros. Trazaron así un cortafuegos administrativo para sortear la normativa contra las puertas giratorias. Sigfrido Herráez, concejal de Vivienda del PP durante 14 años y actual decano de los arquitectos madrileños, reconoce en Fuentes ciertas cualidades: “Tenía ideas y soluciones, algo que no siempre sucede en la vida pública”. Y agrega: “Es una pena este final. Tendría que haberse ido a una empresa con la que no tuviera trato. Hay muchas en España”.

En tres leyes distintas consta que deben trascurrir al menos dos años desde que un alto cargo deja su puesto hasta que puede fichar por empresas privadas de áreas que estuvieron bajo su competencia. Ese plazo mínimo, contemplado también en el nuevo anteproyecto de ley contra los lobbies que ha aprobado el Consejo de Ministros, se redujo a 20 días en el caso de Fuentes, quien figura en todas las notas de prensa publicadas por el Ayuntamiento como impulsor y responsable de la cesión a Vía Ágora, aunque no formó parte del tribunal del concurso público. El contrato se firmó el 15 de marzo, si bien no llegó a formalizarse hasta el 9 de junio, cuando Fuentes ya había abandonado la vida política tras el descalabro electoral de su formación, otro detalle para no quedar en evidencia. Aquella adjudicación fue el último servicio del concejal de las inmobiliarias.

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