El polémico resurgir de los pisos turísticos reaviva el debate sobre su regulación

Los vecinos de Ana Pérez (nombre ficticio) se mudan cada tres días. “Me he acostumbrado a vivir así”, cuenta esta residente del barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Vive desde hace 32 años en un bloque de 12 viviendas en el que ella es la única que no está de paso. El resto de las viviendas son alquileres turísticos. El trajín de maletas y desconocidos en la escalera es lo habitual: “En general son jóvenes de fiesta: ruidos, suciedad, conductas incívicas…”. Ha denunciado a los propietarios: “Detrás hay nombres de paja, pero creo que es el mismo dueño”. El Ayuntamiento les ha sancionado por violar la normativa. La vecina dice que “las multas no funcionan”: los pisos siguen abiertos. Su caso, cuenta, se acaba diluyendo en la maraña burocrática que se extiende entre la Comunidad y el Ayuntamiento, y la falta de recursos para hacer cumplir las reglas.

La reanudación de los viajes de ocio tras la pandemia ha confirmado que el turismo basado en el alquiler de pisos por noches o semanas sigue disparado. Solo en Europa, en el primer semestre del año las noches pasadas en este tipo de pisos crecieron un 138% respecto al año anterior, cuando ya habían alcanzado cifras de 2019, según Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Ya suponen un 25% de la oferta de alojamiento en la UE (un 20% en España).

Los datos oficiales son escasos, en parte porque se trata de un mercado muy fragmentado, no declarado o ilegal. El Instituto Nacional de Estadística contabilizó en agosto de 2021 alrededor de 306.000 viviendas turísticas en España anunciadas en plataformas, un 4,5% menos que en agosto de 2020. Madrid y Barcelona, las dos ciudades con más pisos, tenían 14.686 la primera, y 12.930 la segunda. Un 13% y un 22% menos, respectivamente.

¿Cómo está el mercado ahora mismo? “Estamos un pelín por debajo de los niveles anteriores a la pandemia”, asegura el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Miguel Ángel Sotillos, que critica algunas regulaciones que se han puesto en marcha en España porque las considera excesivas. Sotillos afirma que se exagera: “Si se compara con el total de pisos, el volumen general de incidencias es muy bajo”. Y añade que en muchos lugares no son conflictivos y han servido, además, para complementar la oferta hotelera. “En algunos casos se generan problemas y hay que intentar llegar a puntos de acuerdo para mejorar la situación; no prohibir por prohibir”, concluye.

Pero en otros puntos, en especial los barrios más céntricos de las ciudades más turísticas —donde ya se sufre la presión de los ruidos, el turismo masivo y los bares—, el alquiler vacacional sigue siendo polémico. Asociaciones de toda España llevan años advirtiendo del problema de estos pisos, que empezaron a proliferar hace una década. “En Lavapiés hay una gentrificación turística”, resume Ana Pérez.

En Barcelona, Núria Escurriol, que vive en la calle Drassana, explica que en su barrio, la Barceloneta, nunca se ha reducido el número de pisos turísticos: “Cada día escuchas ruedas de maletas desfilar por las calles y ves gente diferente. Es muy complicado pillarles en la ilegalidad. Los dueños de los pisos los tienen enseñados. Cuando la policía o los inspectores llaman a la puerta no abren y si lo hacen dicen que son familiares de los dueños”. También se han registrado protestas en algunas zonas de costa, como Baleares, donde ha habido una eclosión de este tipo de alojamiento. No ya tanto por si son ilegales o no, sino porque se han multiplicado.

Comunidades y ayuntamientos han tratado de ordenar y limitar el mercado en los últimos años con diversas fórmulas. En Madrid, por ejemplo, el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena aprobó en 2019 un Plan Especial de Hospedaje que exige que los pisos turísticos tengan acceso directo a la calle, lo que limita el alquiler vacacional a las plantas bajas y los edificios enteros. Antes de esta norma había que formalizar una declaración responsable a la Comunidad de Madrid. Ahora, además, hay que contar con una licencia municipal que acredite que se cumple el plan aprobado hace tres años.

Normativa

El problema es que la normativa no se cumple. Según datos internos del consistorio, menos del 95% de los más de 10.000 pisos de uso turístico que han presentado en los últimos años la declaración responsable cuentan además con la licencia municipal para ser legales. “No se ha resuelto nada”, afirma Jordi Gordon, presidente de la Asociación de Vecinos Somos Malasaña (Madrid). “Nos hemos cargado la costa y ahora nos estamos cargando los cascos antiguos de las ciudades”, se lamenta. “No hay control suficiente: para la inspección de todo tipo de alojamientos, incluidos hoteles, solo hay siete personas para toda la ciudad de Madrid”, advierte el presidente de la Asociación de Vecinos de Sol y Letras, Víctor Rey.

De enero a septiembre el consistorio madrileño ha inspeccionado 1.335 viviendas, en las que se ha podido comprobar que 117 se dedicaban al alquiler turístico. Se han dictado 130 órdenes de cese y clausura de la actividad y, por primera vez, se han empezado a imponer multas coercitivas a los que incumplen reiteradas veces las órdenes de cese, explican desde el Ayuntamiento. Un portavoz de Fevitur alega que muchos propietarios que estaban dados de alta antes de la nueva norma cumplían las exigencias de entonces y que ahora, de la noche a la mañana, “no se les puede pedir que cumplan lo incumplible”.

El actual equipo de gobierno de Madrid tiene en marcha una reforma del Plan General de Ordenación Urbana en la que se plantea introducir nuevas medidas. Se ha hablado de limitar estos pisos a los bajos, los primeros pisos y edificios completos, pero todavía no se ha aprobado nada. En la otra gran ciudad con más alquiler vacacional, Barcelona, las habitaciones turísticas son ahora la principal preocupación del Ayuntamiento. El gobierno de Ada Colau comenzó en 2016 un plan de choque para frenar la proliferación descontrolada de pisos turísticos, cuya principal característica es que prohíbe alquilar habitaciones por tiempo inferior a 30 días, aunque la ley catalana de alquiler turístico prevé el arrendamiento de habitaciones para este fin. El pasado julio el Consistorio envió un requerimiento a Airbnb para que desactivara 4.102 anuncios de habitaciones turísticas y le amenazó con una multa de 60.000 euros.

El Ayuntamiento barcelonés asegura que en 2016, cuando se puso en marcha el plan, había cerca de 6.000 pisos turísticos ilegales. Desde 2016 se han analizado 54.093 anuncios, se han abierto 18.185 expedientes disciplinarios que han derivado en 7.749 órdenes de cese y 9.336 expedientes sancionadores. Un equipo de 70 personas rastrea mensualmente las plataformas y encuentran 500 anuncios de pisos ilegales cada mes. Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), mantiene que no se ha recuperado el número de apartamentos legales, 9.600, que había en la ciudad antes de la pandemia. “El problema no son los apartamentos turísticos, el problema son el alquiler de habitaciones en pisos compartidos a turistas”, asegura.

Las ofensivas para regular este mercado también llegan desde Bruselas. Para incrementar la transparencia, la Comisión Europa ha propuesto que los alojamientos tengan que mostrar un número de registro único para poder ser claramente identificado por plataformas como Airbnb. La regulación prevé, además, que las webs donde se ofrezcan estos pisos realicen comprobaciones aleatorias para verificar que los datos coinciden con lo registrado por el dueño.

Colaboración de Airbnb

Un portavoz de Airbnb explica que la empresa “apoya una regulación de los alquileres a corto plazo que sea clara y simple”, y que “siempre ha defendido el trabajo de la Comisión Europea para actualizar la normativa de las plataformas tecnológicas”. Recientemente, destaca el mismo portavoz, se han lanzado nuevas funciones de búsqueda más flexibles que “ayudan a la dispersión del turismo, tanto entre ciudades como entre vecindarios dentro de las ciudades”. Y promueve que los propietarios de pisos incluyan un número de registro en sus ofertas en la web.

Airbnb asegura que sus “huéspedes” en España “tienen un impacto positivo”. Ocho de cada diez anfitriones, como llama la plataforma a los arrendadores, “comparten una casa”. Conxa Vilaplana, de la Asociación de Hogares Compartidos de Cataluña (Anficat), es una de ellas. Denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona, con su prohibición de las habitaciones, ha dinamitado la manera de “sobrevivir” de muchas personas. “Alquilando habitaciones conseguimos pagar la hipoteca. Solo queríamos que nos regularizaran, no que nos prohibieran, y además nos amenazan con multas de hasta 60.000 euros”, denuncia Vilaplana.

La patronal Exceltur, que agrupa a grandes empresas del turismo, desde hoteles hasta aerolíneas, pidió hace unos días al Gobierno que apruebe un decreto ley con medidas para regular el alquiler vacacional, que considera está descontrolado, y que en ocasiones las comunidades y gobiernos locales no tienen competencias para tomar algunas medidas efectivas. La asociación ha elaborado un estudio con datos para apoyar la idea de que estos pisos tienen un impacto negativo sobre la vivienda residencial, ya que reduce la oferta e incrementa los precios.

Muchos coinciden, como Daniel Pardo, de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible de Barcelona: “Para los vecinos supone lo ya sabido: pisos que habían vuelto al mercado residencial vuelven al alquiler por días, de modo que suben los precios y aumenta el ruido y las molestias”.