Vecinas de la Cañada Real piden “luz ya” ante el Parlamento Europeo

Hacía frío, mucho frío, este martes en Bruselas. Pero no es algo que eche para atrás a los vecinos de la Cañada Real. Al fin y al cabo, buena parte de los habitantes de esta barriada de Madrid llevan ya más de dos años sin luz. Una situación que han ido a denunciar tres vecinas y activistas de la plataforma cívica Luz Ya para Cañada Real en nombre de los vecinos ante eurodiputados en Bruselas y que han acabado contando a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Esta ha pedido más detalles sobre unas circunstancias que, según las participantes en el encuentro fortuito en los pasillos de la sede de la Eurocámara, le ha sorprendido profundamente.

Metsola “se ha quedado impactadísima”, contaba, ya desde el aeropuerto de Bruselas rumbo a Madrid, Houda Akrikez Essatty, vecina del sector 6 de la Cañada Real e integrante de la asociación cívica Tabadol. Las representantes del mayor asentamiento irregular de Europa invitadas a la capital belga por dos eurodiputados ―para redoblar la presión sobre las autoridades españolas responsables de resolver una situación que ya ha provocado numerosas denuncias internacionales― se toparon por casualidad con Metsola, ocasión que aprovecharon para explicarle el estado crítico de la barriada, sin luz desde el 2 de octubre de 2020.

La presidenta de la Eurocámara (de la familia política europea del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), “no se creía que en la capital española existiera un barrio en construcción donde se produce la violación de derechos fundamentales, como es el suministro eléctrico”, ha contado Akrikez a EL PAÍS. Le ha llamado la atención, explica, el hecho de que entre los más de 4.000 afectados por el corte de luz haya algo más de 1.800 niños. Y que, con los “cortes periódicos” a otros dos nuevos sectores, los 3 y 4, de la barriada, afectan ya a unas 7.000 personas, de acuerdo con la activista.

“Nos ha escuchado con honestidad, con sensibilidad”, se ha felicitado Akikrez, que considera que vuelve a Madrid con la sensación del deber cumplido para una visita exprés a Bruselas.

Según la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos), que invitó a las tres mujeres de la plataforma de Cañada a Bruselas, Metsola le ha pedido que le escriba una carta detallándole la situación de la barriada, sobre la que no sabía nada. La política española también ayudará a la plataforma a elaborar una solicitud formal para que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analice el caso desde la perspectiva de la “ausencia de servicios mínimos, protección de la infancia” y de las minorías étnicas, en vista de la gran población gitana que está afectada, ha indicado, ya que en materia de vivienda Bruselas no tiene competencias, ha explicado a este diario.

A finales de octubre, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ―un organismo con sede en Estrasburgo e independiente de las instituciones de la UE― admitió a trámite una reclamación de varias organizaciones nacionales e internacionales por el prolongado corte de electricidad, desde octubre de 2020, que sufre una parte de esta barriada madrileña. A la par, estableció como “medidas inmediatas”, de las que España deberá dar cuenta el próximo 15 de diciembre, que el Gobierno garantice “que todas las personas afectadas tengan acceso a electricidad y calefacción”, sobre todo los grupos vulnerables (niños, personas con discapacidades, con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y gitanos).

La visita a las organizaciones europeas en Bruselas buscaba dar un nuevo “tirón de orejas” a unas autoridades españolas que, según denuncian las representantes de la plataforma de la barriada, aún no han tomado ninguna medida para responder a los requerimientos de Estrasburgo.

María López de la Usada, miembro del equipo jurídico de la plataforma, señala que “no solo se está vulnerando la Carta Social europea, el sistema de derechos humanos. Además, como ha señalado el Defensor del Pueblo, se está vulnerando la Constitución española y se están quebrando el orden político y la paz social”.

En la Cañada Real se está produciendo “un maltrato grave a la población” de una barriada que sufre “violencia institucional”, ha insistido López, para quien la situación del asentamiento madrileño “compromete la responsabilidad del Estado español en su conjunto” y constituye una causa “que no es solo de la Cañada y de sus vecinos y vecinas, sino de toda España y de toda Europa”. Un mensaje que, este martes, ha empezado a calar también en Bruselas.

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