Una noche de 365 días en la Cañada Real

Centenares de cigüeñas persiguen el crepúsculo. Una bandada que surca el cielo en dirección a la incineradora, donde los desechos para cenar se amontonan por kilos. Daniel Pérez, de 26 años, levanta la vista y admira el espectáculo de la supervivencia. “Se les da mejor que a nosotros”, asegura estupefacto. Los vecinos del sector 6 de la Cañada Real Galiana (Madrid) se atrincheran en sus chabolas y casas bajas con un segundo invierno sin electricidad a la vuelta de la esquina. El origen de estas interrupciones hay que encontrarlo en unos elevados consumos localizados que generan sobrecargas en la red y disparan las protecciones automáticas, como sucedería con los plomos de un hogar cualquiera. Las familias del mayor asentamiento irregular de Europa escrutan desde entonces una noche que ya ha durado 365 días.

Las pesquisas policiales apuntan a los enganches dedicados al cultivo de marihuana de interior como responsables del apagón en el sector 6 de la Cañada. También ha contribuido a la sobrecarga eléctrica el aumento de la población en la zona, “que sigue recibiendo nuevos habitantes”, según aduce la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien preside un grupo interministerial sobre este asunto. El organismo se constituyó el pasado martes en respuesta a una carta que ocho meses antes había escrito el relator especial de la ONU Olivier de Schutter acusando al Ejecutivo del Pedro Sánchez de incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. De Schutter exige medidas urgentes que restituyan el suministro, a lo que la delegada contesta que solamente el realojo de los residentes en la Cañada logrará acabar con este conflicto. “El problema es que a este ritmo tan lento no conseguiremos culminarlos ni dentro de 30 años”, lamenta.

Las cinco Administraciones implicadas —Delegación del Gobierno y Ejecutivo regional, así como los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid― firmaron en 2017 un acuerdo que garantizaba los servicios más básicos hasta el desmantelamiento de todo el sector 6, donde se calcula que hoy residen más de tres millares de personas, un tercio de ellos menores de edad. Los realojos se han ido sucediendo en el tramo con menor densidad de población, aquel que discurre entre el municipio de Getafe, donde nace la Cañada, y el vertedero, al costado de esta antigua vía pecuaria. De dos años a esta parte, más de 120 familias han obtenido una nueva vivienda y otras 14 están a la espera, como los Pérez. “A mí me da igual, pero quiero sacar de aquí a mis padres, no se merecen esto”, relata Daniel al tiempo que prende una hoguera en el lateral del conocido como camino sin asfaltar, el trecho más precario del sector.

El fuego cobra fuerza, chisporrotea, cuando devora los despojos de un colchón y varias madejas de cables viejos. Los Pérez, una familia con pasado feriante que se estableció en la Cañada hace 30 años, purga la chatarra a través de este método. Daniel, su padre y su hermano dedican días enteros a recoger el material que se desecha en los polígonos más cercanos. A duras penas logran extraer de máquinas y aparatos piezas metálicas con algo de valor en los desguaces. Después los arrojan a las llamas. En esta casa preocupa el futuro de Jonny, el menor de todos a sus 12 años. Pasadas las ocho de la tarde, cuando su padre enciende un generador, el pequeño toma asiento frente a la mesa del comedor y se dispone a hacer los deberes. Dos horas de luz que también apura cargando el móvil o viendo la televisión. A las seis y media de la mañana, Jonny salta de la cama y se despereza calentando en la cocina el agua con que se duchará antes de ir al colegio.

Jonny prefiere no comentar con sus compañeros de clase las condiciones en las que vive. Hace unas semanas, la nieve del temporal Filomena, que llegó a dejar aislada la Cañada, hundió en plena noche el techo de su habitación. Jonny se salvó porque dormía en el porche, donde su madre ha instalado una estufa de gas butano. El accidente llevó a la familia a tomar precauciones y mudarse a la casa del abuelo, abandonada desde que la Comunidad de Madrid lo realojó en un piso de Rivas. Rocío Fernández, la madre de 44 años, eleva la mirada hacia el cielo y declara: “Nos salvamos, pero hay un nuevo miembro de la familia en camino y no quiero que viva algo así”. Aitana, de 17 años, sonríe a su lado y descubre un vientre hinchado cuyo inquilino aún no tiene nombre. La joven se mudó de Toledo a la Cañada por amor al mediano de los Pérez.

Los novios, que contactaron por primera vez en Instagram, tienen una habitación para ellos, donde la ropa infantil y los juguetes empiezan a poblar las estanterías y el viento silva en las ventanas remendadas. Las puertas siempre abiertas de la casa de los Pérez contrasta con el alambre de espino que corona el vallado del jardín. “No dejamos entrar a cualquiera. Igual que tampoco mis niños andan por ahí abajo”, advierte la madre, señalando hacia el poblado de la droga, a solo un kilómetro por la carretera de Valencia. “Muchos se han perdido allí”, lamenta. Solo hay que prestar atención al ejército de toxicómanos que recorre este asentamiento de punta a punta en busca de una dosis más.

Si el caballo lleva años galopando por la Cañada, el cultivo de marihuana es más reciente. “Esa gente nos trajo la ruina”, sentencia Fernández. Las gallinas corretean por su jardín pelado, entre motores destripados, hierros retorcidos y planchas de metal oxidado, como si custodiasen la chatarra antes de venderla. Estampa parecida a la que se vive en el vecino hogar de los Montoya, un caserón de ladrillo y techos de lata que el progenitor ha coronado con dos paneles solares. La Delegación de Gobierno calcula que los han instalado unas 400 familias de la Cañada. Cuestan entre 150 y 300 euros, “los mejor invertidos de cuantos gasté este verano”, afirma Genaro, de 38 años. Un servicio que estará más limitado ahora que el día va menguando y las noches se estiran, por lo que el murmullo de los grupos electrógenos pondrá de nuevo banda sonora al otoño. “Aquí aguantaremos, ¿a dónde vamos si no?”, se pregunta.

El abastecimiento eléctrico es ilegal en la Cañada desde que en los setenta sus primeros moradores delimitaron las parcelas con cable y estacas. Es imposible instalar contadores reglamentarios en viviendas que carezcan de cédula de habitalidad, como recuerdan fuentes de la suministradora Naturgy, que solo cuenta con cuatro clientes dados de alta en el sector 6: la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, el centro asociativo, un alumbrado público y la incineradora de Valdemingómez. El resto de conexiones se realizan, en general, a partir de un transformador compartido que une los inmuebles con el tendido de la luz. La empresa asegura que le resulta técnicamente imposible “medir los suministros ilegales de forma desagregada”. Una labor que en enero, ya arreciando Filomena, auspició el Ayuntamiento de Rivas, al que pertenece el sector 5, donde hasta entonces también se presentaban interrupciones en el servicio.

A golpe de decreto, el alcalde Pedro del Cura (IU) otorgó carta de naturaleza legal a un informe policial que identificaba cuatro parcelas susceptibles de alojar unos equipos de luz y calor muy habituales en la producción de marihuana. A petición de la Administración, Naturgy cortó aquellos puntos sospechosos y el fluido general se restituyó. El barrio lo festejó en su local asociativo con tarta y vino. La fórmula de Rivas marca una posible vía para ayudar a las familias afectadas que por ahora ninguna otra administración se ha aventurado a replicar. Del Cura coincide con la delegada del Gobierno en que el acento debe ponerse en los realojos, calcula que serán necesarios 200 millones de euros para rematarlos: “Los perfiles más vulnerables tienen que tener prioridad, independientemente del sector. Están siendo utilizados por los traficantes como escudos humanos y nuestra labor debe consistir en separar el grano de la paja”.

Los nuevos desarrollos del sureste de la capital circundarán la Cañada. Cinco nuevos barrios —Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros—, 112.000 viviendas libres y 55.000 protegidas que redibujarán en un cuarto de siglo el gran vertedero de Madrid. La comisión de seguimiento del Pacto por la Cañada propone ahora desmontar también los sectores 4 y 5 por completo, mientras que solo una parte del 3 seguiría en pie. Las viviendas unifamiliares restantes podrían integrarse en el 2, que quedará absorbido por el entramado de El Cañaveral. Está previsto que las asociaciones vecinales sometan a refrendo esta hoja de ruta, mientras un juez analiza el origen de los cortes. Grúas y camiones sepultaban este jueves las chabolas vacías del camino sin asfaltar. Toneladas de tierra que impiden nuevos asentamientos, levantando dunas artificiales que borran todo rastro de los arcenes. En uno de los pocos muros intactos, permanece una pintada: “Solo Dios salva”.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.