La ONU insiste: España incumple el derecho internacional en la Cañada Real
La organización envía una dura carta al Gobierno, en la que afirma que “no puede excusar su inactividad de cara a la protección de los derechos humanos”
A Naciones Unidas no le valen las explicaciones del Gobierno de España sobre su falta de responsabilidad por el conflicto abierto en el asentamiento madrileño de la Cañada Real. Unas 4.000 personas viven allí sin luz desde hace más de cuatro meses. Es más, la ONU eleva el tono para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no cumplir sus obligaciones internacionales y de no atender a sus quejas tratando de anteponer el derecho interno. Por ello reclama “medidas urgentes” del Gobierno al tiempo que invoca el pacto firmado en 2017 por las tres administraciones para poner fin al problema.
El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha remitido este miércoles una carta a Moncloa a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esa misiva es la respuesta a la enviada a Ginebra el pasado 25 de enero desde Presidencia del Gobierno en la que el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, señala como responsables de que no se resuelva la falta de luz en la Cañada a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.
La diplomática cortesía con la que arranca el texto del relator adquiere a las pocas líneas un tono agrio y de reprimenda. “Estos hechos bien podrían haberse evitado dejando a un lado la pugna política y cumpliendo con las obligaciones de España en materia de derecho internacional”. Ya el martes De Schutter había expresado su malestar con el Gobierno desde su cuenta de Twitter: “Lo verdaderamente irresponsable es dejar a los niños sin electricidad en medio del invierno”.
Que la Comunidad de Madrid tenga unas obligaciones y unas competencias en la Cañada Real, como justifica el Gobierno central para no actuar, “no exime al Estado español, como sujeto de derecho internacional, del cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1977”, señala De Schutter. Por lo tanto, “el Estado español no puede excusar su inactividad de cara a la protección de los derechos humanos de los habitantes de la Cañada Real Galiana invocando disposiciones de derecho interno”. Moncloa debe tener esto en cuenta “máxime cuando se trata de satisfacer el deber de socorro en la situación de grave desamparo e indefensión que experimentan los habitantes de la Cañada Real Galiana”.
“Es pues alarmante no haber recibido en este caso la información requerida en su debido tiempo, máxime cuando corren peligro vidas humanas”Olivier De Schutter, relator de la ONU
Olivier De Schutter critica que el Ejecutivo español no atienda a sus peticiones, que él mismo envió a mediados de diciembre junto a otros ocho relatores. “Es pues alarmante no haber recibido en este caso la información requerida en su debido tiempo, máxime cuando corren peligro vidas humanas”, alerta. “La información presentada en esta comunicación incluye alegaciones muy serias de las que esperamos obtener respuestas adicionales por parte del Gobierno de su Excelencia, si bien ya fuera de plazo”. Aquel escrito se hizo llegar a Moncloa con fecha 16 de diciembre y había dos meses para contestar. Aunque la carta de Gasco es del 25 de enero, Naciones Unidas entiende que no se ha atendido a sus exigencias.
La falta de compromiso del Gobierno frente a las alegaciones apuntadas por la ONU “podrían constituir violaciones” del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de los derechos del niño; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo; el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; el del Consejo de Derechos Humanos o diversos informes elaborados por relatores especiales. La ONU espera “con impaciencia” del Gobierno de Sánchez información sobre estas alegaciones en una futura respuesta adicional.
Reunión con Ayuso
De Schutter, que va a pedir reunirse con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, acusa además a Gasco de confundirse en su misiva al hacer referencia al Comité de los Derechos del Niño. “Resulta además preocupante que en su carta se refiera al procedimiento del Comité de los Derechos del Niño, el cual, si bien no menos importante, se trata como sabe su Excelencia de un procedimiento diferente” al puesto en marcha para abordar el problema de la Cañada Real Galiana.
Al ser preguntado ayer por la carta en la que Gasco le señala junto a Ayuso como responsable, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no dudó en devolver la pelota al Gobierno, al que retó a desarrollar una operación antidroga conjunta. Ninguna administración duda de que las plantaciones de marihuana que han proliferado en los últimos meses están detrás de las sobrecargas que dejan a los vecinos sin suministro. “Desde el Ayuntamiento de Madrid le decimos al delegado del Gobierno [José Manuel Franco]: aquí tienes a la Policía Municipal para coordinar con la Policía Nacional la operación que sea necesaria para entrar en la Cañada Real y acabar con esas plantaciones de marihuana. Hagamos una operación conjunta con autorización judicial”, dijo al primer edil de la capital.
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