Choque por la Cañada Real

A Naciones Unidas no le ha gustado que el Gobierno de Pedro Sánchez se siga desentendiendo de la falta de luz en la Cañada Real Galiana, donde unas 4.000 personas viven sin suministro desde hace más de cuatro meses. La respuesta recibida en Ginebra desde Moncloa ha sido calificada de “irresponsable” después de que el pasado diciembre elevaran la voz y apelaran a la acción por lo que consideran un grave problema. En la carta remitida como contestación a la ONU, el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil desde Presidencia del Gobierno responsabiliza de la falta de luz en ese poblado a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital.

“Espero que las administraciones territoriales (regional y municipal) encuentren una solución adecuada para que los niños y adolescentes que sufren los cortes de electricidad vean sus derechos garantizados. Recibirán todo el apoyo del Gobierno español en la medida en que este pueda intervenir. Lo contrario sería un abuso de poder inaceptable en un estado de derecho”, señala Ernesto Gasto, el alto comisionado, en la carta remitida el pasado 25 de enero y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En términos similares de reparto de competencias se manifestó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al ser preguntada por las críticas de la ONU durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Lo verdaderamente irresponsable es dejar a los niños sin electricidad en medio del invierno”, lamentó ayer martes el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, en su cuenta de Twitter refiriéndose a la respuesta recibida desde Moncloa. A él va dirigida precisamente esa carta remitida en francés y con membrete de Presidencia del Gobierno. Montero añadió que no se pueden “usurpar” funciones de otras administraciones y que eso puede “costar trabajo” de comprender internacionalmente.

En medio de la polémica, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tiene al frente al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado que va a crear un grupo de trabajo con todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas para tratar de resolver la situación en el asentamiento, informa Europa Press. Las administraciones central, regional y local ya se unieron en 2017 bajo el conocido como Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, entre cuyos compromisos está el garantizar un suministro eléctrico digno. Ese acuerdo recibe alusiones casi a diario, pero ninguno de los firmantes ha logrado implementar soluciones en estos meses de apagón.

Hielo y oscuridad en la CAÑADA REAL durante los días más fríos del temporal

El mayor asentamiento

Esta no es la primera vez en que las distintas administraciones españolas se pasan unas a otras la pelota de la responsabilidad en torno a la Cañada Real Galiana, un asentamiento de seis sectores surgido hace medio siglo a lo largo de una quincena de kilómetros entre Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid. Unas 4.000 personas de los sectores cinco y seis, entre ellos 1.800 menores, sufren la falta de suministro eléctrico desde principios de octubre. De nada han servido las constantes manifestaciones y denuncias ante los juzgados de los vecinos apoyados por asociaciones, algunas fuerzas políticas y hasta por profesores de los colegios donde están escolarizados los niños.

Olivier De Schutter es uno de los nueve relatores que se quejaron ante las autoridades españolas el pasado 16 de diciembre. Pidieron el restablecimiento de la electricidad y que se acabara con la estigmatización de los habitantes del poblado madrileño. Dos meses después, el relator asiste a la persistencia del problema y lamenta una respuesta por carta en la que el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil le dice que solucionar la falta de suministro no está dentro de las competencias del Gobierno.

“Es necesario subrayar que el papel de la Administración General del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos (de la Cañada Real) según el Pacto de la Cañada Real Galiana firmado en 2017, la Constitución Española y las leyes”, añade Ernesto Gasco en su misiva. En el texto explica, además, que tras visitar el asentamiento y “conocer de primera mano las necesidades de los vecinos”, se dirigió a “las autoridades competentes, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, para tratar de facilitar un acuerdo que aportara una solución al problema”.

De Schutter acusó el mes pasado a España en una entrevista con EL PAÍS de incumplir varios convenios internacionales de la ONU de los que es firmante por no solucionar el problema de la Cañada Real. “Desde un punto de vista moral, dejar a miles de familias sin electricidad y en viviendas precarias durante décadas es absolutamente inaceptable, especialmente en el corazón de la Unión Europea”. Y recordó, sin citar directamente las plantaciones de marihuana, que no puede achacarse de manera general a todos los vecinos el problema de la droga. “La continua representación estereotipada de los residentes de la Cañada como delincuentes sigue un patrón bien conocido en el viejo escenario de la discriminación: vincular las acciones de unos pocos a todo un grupo para deslegitimar su existencia”.