Naturgy cortará la luz solo a las conexiones sospechosas de la Cañada Real si las identifican

La empresa Naturgy propone una solución al problema de suministro eléctrico que sufre La Cañada Real. Está dispuesta a suministrar la luz a todas aquellas conexiones que las administraciones competentes, en este caso la Comunidad y los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid, determinen que corresponden a personas vulnerables. O, en sentido contrario, a cortarla a todas aquellas conexiones que sean señaladas como sospechosas de uso industrial. El Ayuntamiento de Rivas, a través de un informe policial, ya ha señalado cuatro parcelas sospechosas.

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La ley permite a Naturgy, la empresa que suministra electricidad al mayor asentamiento ilegal de Europa, suspender unilateralmente aquellas conexiones dedicadas a usos productivos que, desde octubre, generan cortes eléctricos por sobrecarga en los sectores cinco y seis de La Cañada Real. Así lo reconoce Raúl Suárez —presidente de Unión Fenosa Distribución, la distribuidora del grupo Naturgy— en una misiva dirigida ayer al Ministerio de Industria, al delegado del Gobierno en Madrid, a la Comunidad de Madrid y a los alcaldes de Rivas y de la capital. En el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se explica que los artículos 50.1 y 87 de la Ley del Sector Eléctrico eximen de autorización administrativa a aquellos cortes “dirigidos a garantizar la seguridad del suministro”.

A renglón seguido, el directivo de la distribuidora solicita a las administraciones que se identifiquen los puntos que deben ser mantenidos (consumo privado) frente a aquellos que han de ser desconectados (uso industrial). Solo así, considera Suárez, se cumplirá lo establecido en los decretos gubernamentales de marzo y diciembre, que impiden cortes eléctricos a consumidores vulnerables durante el estado de alarma. El Ayuntamiento de Rivas, a través de un informe policial fechado ayer, ya ha puesto en conocimiento de la empresa cuatro parcelas sospechosas de alojar equipos de calor y luz para plantaciones de marihuana en el sector cinco, perteneciente a su ámbito municipal. Se infiere, por tanto, que Naturgy tiene en sus manos acabar con la sobrecarga que tumba el suministro de la zona, donde no hay altas reglamentarias en el servicio eléctrico.

El Consistorio ripense, que dirige Pedro del Cura (IU), también ha obtenido el compromiso del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, para proporcionar a la eléctrica el necesario apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante sus labores de desconexión. El regidor sostiene que estos trabajos “pueden realizarse desde la calzada, sin necesidad de ingresar en ningún domicilio”, para lo que sería necesaria una autorización judicial. “Una cosa es el fraude energético y otra los delitos contra la salud pública”, aclara Del Cura. “Si en el interior de esos recintos hay marihuana, tendrá que verificarlo la Brigada de Estupefacientes”. La corporación municipal también tiene preparado un dispositivo de realojo temporal, por si hubiera daños colaterales durante la manipulación del cableado.

El informe de la policía de Rivas describe cuatro parcelas con “conexiones que van del transformador aéreo al poste que soporta el tendido aéreo, mediante una serie de mangueras que conectan con los inmuebles u otras construcciones aledañas y descontroladas, constatándose una potencia considerable de consumo, verificada por Naturgy”. En la zona de acceso al sector cinco, según el mismo documento, aparecen periódicamente “macetas y tiestos, en una cantidad de varios cientos, todos ellos procedentes de las plantaciones”. El lugar queda muy próximo a los terrenos sospechosos, impregnados por un olor característico que se ha denunciado en “numerosas ocasiones y corroborado por confidentes”.

Elevados consumos

La distribuidora sostiene que las interrupciones del suministro llevan tres meses sucediendo por culpa de “elevados consumos no localizados, que hacen saltar las protecciones automáticas de la red”. La sobrecarga equivaldría, según datos de la firma, al gasto de 10.000 viviendas, cuando los sectores cinco y seis suman 1.500 casas. Ambas zonas acogen a más de la mitad de los aproximadamente 7.500 habitantes de La Cañada, de los que en torno a un tercio son menores. Esas eran las cifras oficiales del censo del año 2017, cuando las tres administraciones competentes —Madrid, Rivas y la Comunidad— firmaron un pacto por el que se comprometían, entre otras medidas, a garantizar la electricidad a los vecinos y rehabilitar la red.

Desde 2011, La Cañada no es una vía pecuaria propiedad del Estado. Sus 14 kilómetros de extensión tienen ahora la consideración de bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid. Además, según la Ley del Sector Eléctrico, las competencias ejecutivas en el ámbito de los niveles de tensión eléctrica son autonómicas, como confirma el Ministerio de Transición Ecológica. Es el Gobierno de Ayuso, por tanto, el que puede autorizar la desconexión de aquellos puntos que ocasionan las sobrecargas y los cortes. La ley permite que Naturgy, ante la inmovilidad administrativa, actúe por su cuenta, como ha reconocido su director. Del Cura insiste en que la información “sobre los enganches sospechosos del sector cinco” ya está sobre la mesa de la empresa eléctrica.