El PSOE recurre al Tribunal Constitucional para que el PP de Ayuso y Vox no diluyan las leyes LGTBI

Juan Lobato, el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha anunciado este martes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la tramitación de la ley ómnibus, al entender que no se ha gestionado correctamente la introducción de dos enmiendas pactadas por PP y Vox para acabar con la obligación de realizar informes de impacto de género para proyectos urbanísticos. La lucha jurídica para mantener ese condicionante, recogido en las leyes LGTBI autonómicas, avanza otros dos pulsos por venir. Los socialistas también están abiertos a acudir al Constitucional por dos polémicas decisiones de la Mesa de la Asamblea, que domina el PP: impedir que se vote la creación de una comisión para investigar las muertes sin atención médica en las residencias de ancianos durante la primera oleada de la pandemia; y prohibir que se vote la reprobación del número dos del Gobierno, Enrique Ossorio, por decir que los familiares de los fallecidos “ya lo han superado”. Además, Más Madrid y Podemos estudian sus opciones para seguir el mismo camino de los socialistas.

La batería de acciones judiciales es el mejor resumen del tenso ambiente que se ha vivido en la Cámara durante las últimas dos legislaturas, coincidentes con la llegada al poder de Isabel Díaz Ayuso, en 2019. El Constitucional resolvió a favor de Más Madrid el primer recurso presentado por la oposición (por dejar a su grupo parlamentario fuera de la Mesa en favor de Vox); y tiene otros cuatro pendientes de resolución, a los que pronto se añadirán los anunciados este martes.

“Entendemos que el PP y Vox se han saltado las normas”, ha criticado Lobato en la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces de la Asamblea regional. “Intentan aplicar el rodillo que no obtuvieron en las urnas al funcionamiento del Parlamento”, ha justificado el recurso de amparo ante el Constitucional.

La oposición no ve justificadas las reiteradas negativas de la Mesa de la Cámara a tramitar la comisión de investigación sobre las muertes de las residencias, que además no saldría adelante de llegar a votarse en el pleno (PP y Vox tienen mayoría). Del mismo modo, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos creen que nace muerto el pacto de los dos partidos de derechas para acabar con la obligación de realizar informes de impacto de género para proyectos urbanísticos. Ese acuerdo, que sella el compromiso de PP y Vox para aprobar los más de 40 cambios legales que recoge la ley ómnibus en una sola votación, se hizo incluyendo a última hora dos enmiendas que no estaban entre las originalmente registradas, y que la izquierda considera que no se pueden incorporar al proyecto sin la unanimidad de todos los partidos.

Enmiendas

“Lo que intentan es colar por las puerta de atrás unas enmiendas que no estaban en la ley, lo que nos aboca a la inseguridad jurídica, porque el resto de diputados no han podido participar de la elaboración de la ley a través de las enmiendas, lo que es un derecho fundamental”, ha afirmado Mónica García, la portavoz de Más Madrid. “Son los acuerdos palaciegos del PP y Vox”, ha criticado. “Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, política y jurídicamente, con respecto a ese bloqueo”, ha seguido. Y ha denunciado: “El problema es que luego la resolución del tribunal llega tarde y, mientras tanto, el atropello ya ha sido realizado”.

Sin embargo, los argumentos de la izquierda no han sido atendidos por la Mesa, que rige el día a día de la Cámara y está controlada por el PP en solitario. Así, la ley ómnibus seguirá su tramitación, y la investigación de las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia seguirá bloqueada.

“Estamos absolutamente tranquilos respecto a la tramitación, el éxito y aplicación de la ley”, ha asegurado Pedro Muñoz Abrines, el portavoz de los conservadores en la Asamblea, que ha recordado que la eliminación de los informes de impacto de género en materia urbanística no pasa por una modificación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, ni de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. El cambio, ha subrayado, se hará directamente en la ley del suelo.

Por esa misma razón, Rocío Monasterio, portavoz de Vox, ha considerado que “los recursos no tienen base jurídica ninguna”. Y ha añadido: “La ley de va a aprobar sin ningún problema, incluyendo estas enmiendas”.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.