El exgerente de la Complutense Dionisio Ramos asegura que no se llevó “ni un euro” en el juicio por la caja B

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este martes el juicio con jurado a Dionisio Ramos Martínez, exgerente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como a seis administradores de colegios mayores durante su etapa al frente de las cuentas de la entidad, por desviar cerca de cuatro millones de euros de fondos públicos de la UCM a una supuesta caja B entre 1995 y 2003. La fiscal pide para Ramos seis años de cárcel por malversación, al igual que para tres administradores de colegios mayores, y cuatro años para tres alumnos que fueron subdirectores de uno de ellos. Las defensas, en cambio, solicitan la absolución al entender que el “procedimiento no tiene ningún fundamento” y que “está justificado hasta el último céntimo” de la cuenta bancaria que se investiga. Después de que el lunes se seleccionara al jurado, Ramos ha asegurado en la primera sesión del juicio que no se llevó “ni un euro” de la institución, al tiempo que ha apuntado a la falta de control y a la ausencia de contabilidad desde los años setenta como el origen de los problemas de gestión de las cuentas.

La fiscal argumenta que el exgerente pudo recibir ingresos en una cuenta corriente cuya finalidad era el manejo “injustificado” y el uso de los fondos para “fines ajenos” al centro. La cuenta, en la que figuraban nominativamente “actividades culturales del colegio mayor Ximénez de Cisneros”, fue abierta por los subdirectores del centro para realizar actividades culturales y en ella figuraban como autorizados tres de los acusados. Además, dos administradores de colegios eran gestores efectivos, aunque no tenían firma en ella. La función de estas dos personas era controlar los gastos e ingresos de los colegios, liquidar los anticipos y el servicio de caja.

Ramos, interrogado tanto por la fiscal como por su defensa y la del resto de los acusados, ha explicado que él estaba a cargo de la gestión del personal de administración, servicios y el control económico de la UCM, que incluía los colegios mayores. Al detallar sus funciones, ha señalado que había una cierta libertad para manejar los fondos: “Los gastos podían no estar presupuestados, pero mejor que sí lo estuvieran. Los que provenían de actividades ordinarias, como tasas, debían estar presupuestados desde el origen, pero hay ingresos de otras actividades no docentes que tenían que estar en cuenta de ejecución y se hacía una modificación de crédito en esas partidas”.

Luis Rodríguez, abogado del exgerente, ha asegurado que en la universidad los imputados heredaron una situación en la que había numerosas cuentas abiertas y tarjetas de crédito desde los años setenta. “Se intentó poner orden e implantar sistemas informáticos que garantizasen el cumplimiento normativo y la exactitud contable. Era una época de pesetas y la burocracia académica era muy pedestre”, ha indicado.

Por su parte, la fiscal ha preguntado cómo se cuantificaban los gastos extraordinarios, a lo que Ramos ha respondido que hasta 1997 no hubo una partida diferenciada de colegios mayores. “Cuando llegué al cargo había 1.500 cuentas abiertas. A partir del año 97 se cerraron más de 200 y se unificaron”, ha indicado. Según Ramos, en el caso de los colegios mayores se pasó de tener seis cuentas a solamente una, pero el resto siguieron funcionando un tiempo porque era más sencillo para los alumnos, que llevaban años pagando en ellas.

Cheques al portador en lugar de nominativos

Otro de los principales agujeros negros de la contabilidad en los años de Ramos son pagos realizados con cheques al portador, que se emitieron entre enero de 1995 y junio de 2001. Estos fueron autorizados por el entonces gerente de la Complutense y los administradores de los colegios mayores, con un importe de 914.320 euros, sin cargo a los presupuestos y sin ninguna supervisión por parte de la universidad.

La fiscal ha insistido en que la normativa de 1997 especificaba que se tenían que hacer a través de transferencias bancarias o con cheques nominativos. Dionisio Ramos ha sostenido que este tipo de pagos era una “práctica habitual” y se permitía sacar hasta 500.000 pesetas (algo más de 3.000 euros) de las cuentas públicas de la universidad, entre las que se encuentra la investigada, la cual tenía el concepto de “actividades culturales”.

La fiscal ha subrayado que los demás acusados se dedicaron a “distraer” otras cantidades de dinero. Durante el curso 2002-2003 se matricularon 846 alumnos en los colegios de la zona oeste y 929 el curso siguiente. Todos abonaban, en concepto de reserva de plaza y antes del comienzo del curso, 300 euros. Fue así como presuntamente se consiguió recaudar 533.387 euros, un dinero que los acusados, en calidad de administradores de los centros, no incluyeron en las cuentas de la universidad “conscientemente”, según la Fiscalía.

No obstante, Ramos se ha mantenido firme y ha negado la existencia de una caja B, ya que hay comprobantes de las dos cuentas que confirman que el dinero se utilizó para gastos relacionados con “la actividad universitaria”. Este miércoles testifica María Isabel Ramos Martínez, hermana del exgerente y que también tuvo un cargo administrativo en la UCM

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