Los tres alcaldes madrileños que dispararon las ‘mordidas’ de la trama Púnica

Comisiones ilegales de elevada cuantía. Alcaldes con prisas para cobrar mordidas. Pagos a plazos con dinero en sobres. El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en la pieza seis del sumario del caso Púnica, en la que se investiga la presunta adjudicación irregular de millonarios contratos públicos entre 2012 y 2014 por parte de ocho consistorios de la Comunidad de Madrid y uno de Extremadura a la empresa Cofely España, revela detalles desconocidos de la trastienda de la trama. La Fiscalía acusa por estos hechos a nueve regidores, además de a otras 28 personas físicas y a la mercantil epicentro del amaño como persona jurídica, en un escrito en el que destaca que los alcaldes de los municipios de Parla (el socialista José María Fraile), Móstoles (el popular Daniel Ortiz Espejo, exdiputado en la Asamblea de Madrid) y Collado Villalba (Agustín Juárez, también del PP) pidieron presuntamente cada uno cerca de 500.000 euros por manipular los concursos de eficiencia energética en sus municipios. Las elevadas cifras supuestamente exigidas por estos tres regidores obligaron a la trama a buscar nuevas fórmulas para recaudar y a fraccionar las entregas.

La investigación apunta a que los contratos bajo sospecha en esta pieza del sumario suman más de 224 millones de euros, lo que la convierte en el mayor fraude de toda la macrocausa. De esta cifra, 54,6 millones corresponde al contrato de Parla; 60 millones, al de Móstoles, y 35 millones, al de Collado Villalba. Anticorrupción pide para el alcalde del primer municipio, el socialista José María Fraile, 11 años de cárcel por los delitos de prevaricación, cohecho, revelación de información reservada, tráfico de influencias y fraude; seis años por dos delitos para el Móstoles, Daniel Ortiz, y siete años y cuatro meses por cuatro delitos para el de Collado Villalba, Agustín Juárez. El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado ya el auto de apertura de juicio, por lo que solo queda que la Audiencia Nacional fije la fecha para el inicio de la vista oral.

En su escrito, la Fiscalía recalca que la red de corrupción consideraba estas mordidas “como un gasto más del contrato” que se les adjudicaba, por lo que para hacer frente a su pago incrementaba el importe de su oferta de tal modo que ese dinero salía de los fondos públicos y no de su margen de beneficios. “La mayoría de los alcaldes y técnicos cobraron en efectivo sus dádivas y en su mayoría, de forma fraccionada, sucediéndose en ocasiones nuevas peticiones de comisiones e importes”, añade el escrito para, a continuación, detallar municipio a municipio los indicios de las supuestas irregularidades. “En los primeros Ayuntamientos se habían acordado dádivas por importes reducidos”, destaca Anticorrupción, que especifica que en el de Torrejón de Velasco la investigación no ha revelado ningún pago, y en el de Moraleja de Enmedio (ambos gobernados por el PP) presuntamente se abonó únicamente 30.000 euros.

Sin embargo, en Parla (128.000 habitantes), “los precios de las dádivas se desorbitaron”. En este municipio llegó a haber “un compromiso inicial de pago de comisiones por una cantidad aproximada de 600.000 euros” que, posteriormente, se rebajó a 500.000 euros fraccionados en entregas mensuales de 50.000 euros. Siempre según Anticorrupción, el alcalde y su jefe de gabinete, Antonio Borrego ―para el que pide 10 años y seis meses de prisión― eran los presuntos destinatarios de ese dinero. Tras el acuerdo, ambos se encargaron supuestamente presionar a los técnicos municipales que debían elaborar el pliego de condiciones del concurso para que incluyeran las exigencias de Cofely de tal modo que la licitación se convirtió en un “traje a medida” y “una pantomima” para que esta mercantil se hiciera con el concurso. Fue la única empresa que se presentó.

Para obtener el dinero de las mordidas, la trama utilizó facturas falsas por inexistentes trabajos para el ayuntamiento que eran emitidas por empresas del constructor David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que colabora con la justicia. Este empresario era el “conseguidor, según la terminología de Anticorrupción, entre Cofely y los ayuntamientos gracias a “la red de contactos e influencias tejida desde el año 2000 con alcaldes, ediles y concejales de determinados pueblos de la zona sudoeste de Madrid” a partir de la amistad que mantenía con el otro presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre en el gobierno regional y que no está imputado en esta pieza del sumario.

Algo similar a lo de Parla ocurrió en Collado Villalba (63.000 habitantes), gobernado por el popular Juárez. El escrito de Anticorrupción detalla que el regidor planteó el pago de una comisión de entre 400.000 y 500.000 euros a fijar “según fueran los precios finales del contrato”. Eso sí, los dos supuestos intermediarios del regidor pidieron a la trama un primer pago de 10.000 euros “como prueba de ‘buena voluntad” cuando no se había iniciado el expediente administrativo que tenía que desembocar en el concurso. Posteriormente, entre ambas partes “se acordó un calendario de pagos con entregas sucesivas y fraccionadas en razón a 35.000 euros”. Según la investigación, antes de que se produjeran las primeras detenciones de la Operación Púnica, en octubre de 2014, la trama había entregado supuestamente “al alcalde y sus colaboradores aproximadamente 171.500 euros” en efectivo. En una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil antes de esos arrestos ,el regidor reclamaba “un adelanto para ese mes de octubre” de 70.000 euros “que decía necesitar para realizar la reforma de un negocio de hostelería”. Junto al alcalde, están procesados otros cuatro personas vinculadas al consistorio de esta localidad.

En Móstoles (207.000 habitantes), la investigación señala al alcalde, Daniel Ortiz Espejo; a uno de sus concejales, Alejandro Utrilla, y al hermano de este, Mario Utrilla, que era alcalde en la localidad de Sevilla la Nueva, todos del PP. Según la Fiscalía, los tres solicitaron a Cofely 500.000 euros como comisión y la mercantil aceptó. “Las negociaciones sobre el pago de comisiones y sus importes fueron previas a la adjudicación del contrato de Cofely y se intensificaron después del contrato como reconocimiento por las ayudas prestadas por el alcalde y el concejal para la obtención del contrato”, señala el escrito que habla de “decenas de llamadas y mensajes y varios encuentros presenciales”. Según Anticorrupción, estos últimos se celebraron “con mucha exigencia y urgencia” para reclamar “el pronto pago” de las mordidas. Cuando se produjeron las primeras detenciones, el constructor solo había entregado 6.000 euros a uno de los hermanos Utrilla.

La investigación destaca que en el caso de Móstoles, el contrato tuvo “una singularidad” que supuestamente “dificultó sobremanera la obtención fondos en efectivo para pagar las dádivas que reclamaban los hermanos Utrilla en nombre de estos y del alcalde”. Ante la imposibilidad de repercutir la elevada cantidad acordada como comisión en los cargos que Cofely hacía a través de las empresas de Marjaliza al propio ayuntamiento de Móstoles, la trama decidió sobrefacturar en otros consistorios, en concreto en los de Serranillos del Valle y Valdemoro, cuyos concursos de eficiencia energética también fueron presuntamente amañados. La trama acordó abonar 240.000 euros en dos años, y que la primera parte de esa cantidad, 122.000 euros, fuera adelantada por Marjaliza. Finalmente, no se llegó a materializar por la detención de este en el inicio de la Operación Púnica.

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