El juez envía a prisión al alcalde de Parla y a otros tres imputados

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco califica la red desarticulada en la Operación Púnica como una “trama organizada con perduración temporal y reparto de roles” que logró obtener de manera irregular la adjudicación de “numerosos” contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones euros. Así consta en un auto dictado anoche por el magistrado, en el que ordena el ingreso en prisión bajo fianza de cuatro de los 12 detenidos en la redada que comparecieron ayer, entre ellos los alcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla (PSOE), José María Fraile.

 En el auto —resolución razonada— emitido a las 22.30 de ayer, el instructor considera que “el origen de los fondos” descubiertos en cuentas de bancos suizos a nombre de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, y su esposa, Nieves Alarcón, y de su socio David Marjaliza y la mujer de este “pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística la contratación administrativa”.

El magistrado afirma en su resolución que la investigación, iniciada en febrero de 2014, ha confirmado “la existencia de nuevas cuentas en Suiza”. En ellas “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Y añade: “Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de operativa de blanqueo, en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”.

El magistrado asume que Granados, con su “trama organizada” de “relaciones personales e influencias políticas”, consiguió la adjudicación irregular de contratos públicos en su beneficio. “En diversos Ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”. La red de Granados influía “a lo largo de todo el expediente de contratación (...) desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.

Velasco envía a prisión bajo fianza a dos regidores y otros dos detenidos

Velasco destaca que en algunos casos dichos contratos “han alcanzado los 100 millones de euros”. Según el magistrado, los alcaldes imputados “se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo”.

La sesión de interrogatorios de ayer, que se inició sobre las doce de la mañana (con tres horas de retraso sobre el horario previsto) y se prolongó más allá de las 22.00, estuvo centrada en imputados que no pertenecían al núcleo duro de la trama corrupta, pero cuyas gestiones fueron claves para que los principales encausados —Granados y el constructor David Marjaliza, amigo de juventud de este— amasaran una fortuna gracias al amaño de contratos públicos.

En el caso del regidor de Parla, el socialista Fraile, que ayer durmió en prisión, el juez ve indicios de que cobró una comisión por adjudicar a Cofely un contrato de eficiencia energética de 54 millones. El dinero de la supuesta mordida se camufló en una empresa auditora vinculada al conseguidor Marjaliza.

Gonzalo Cubas, alcalde del PP de Torrejón de Velasco y también encarcelado, permitió que su cuñado David Marjaliza influyera en su municipio “hasta el punto de que el alcalde sigue sus instrucciones sobre cuándo y a quién facturar”.

La Operación Púnica sobre la trama de comisiones ilegales encabezada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio constructor David Marjaliza, tuvo ayer sus primeras consecuencias penales. El juez Eloy Velasco envió a última hora a prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros al alcalde de Parla, José María Fraile, del PSOE, y su jefe de Gabinete, Antonio Borrego, así como al regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, del PP. Además también decretó prisión eludible bajo fianza, en este caso de 25.000 euros, para Antonio Cándido Ruiz, administrador de una empresa del constructor David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama.

Granados, “con sus amigos e influencias políticas”, obtenía las adjudicaciones

Tras una larga jornada de interrogatorios, el magistrado acordó también libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros respectivamente para Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla. Estos dos imputados disponen de diez días para depositar la garantía y eludir la cárcel.

Para los otros seis imputados que declararon ayer, el magistrado decretó libertad sin medidas cautelares, aunque siguen imputados. Se trata de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática de Madrid; David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos; Alejandro Utrilla, concejal adjunto de Medio Ambiente de Móstoles; Jesús Norberto Galindo, del Instituto de Turismo de Murcia; Marco Durán, técnico municipal de Serranillos del Valle; y Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, empresario.

Otros cinco imputados fueron enviados por el juez para que pernoctaran en la prisión al no haber tenido tiempo para tomarles declaración. Se trata del consejero delegado y el director comercial de la empresa de servicios Cofely, filial del gigante francés GDF Suez y principal beneficiaria de los contratos que se investigan en la Operación Púnica, y tres empleados de Marjaliza. Se trata de Didier Maurice, director general de Cofely y Constantino Álvarez, director comercial de esta firma, así como los empresarios Eduardo de la Peña, Antonio Serrano y José Luis Huerta.