Los cinco secundarios del PP que no se libran del ‘caso Púnica’

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar el archivo de la causa abierta contra los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González por la presunta caja b del PP regional investigada en el caso Púnica desvía el foco hacia las cinco personas del círculo más cercano de ambos exdirigentes regionales para los que sí ha pedido el procesamiento. Así, junto a Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, dos hombres de la máxima confianza de Aguirre que ocuparon respectivamente los cargos de secretario general y gerente de los populares madrileños, Anticorrupción ha pedido juzgar a los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola, y a Isabel Gallego, ex jefa de prensa de los expresidentes madrileños. La decisión de que finalmente estos cinco actores secundarios se conviertan en los principales encausados por la presunta financiación irregular de los populares está en manos del juez Manuel García-Castellón, instructor de esta macrocausa de corrupción.

En su informe, la Fiscalía concluye que la investigación no ha acreditado la implicación de Aguirre en las “irregularidades” del PP de Madrid cuando ella dirigía el partido y era la presidenta regional. En el caso de su sucesor en el cargo, el documento cree que sí pudo cometerlas para financiar la campaña electoral a las autonómicas y municipales de 2007, pero que, por el tiempo transcurrido, los posibles delitos cometidos estarían prescritos. A González, sin embargo, le queda un largo periplo judicial en otra causa de corrupción, el caso Lezo. Tras renunciar a sentar a ambos expresidentes en el banquillo, Anticorrupción pone el foco en Granados, presunto cabecilla de la trama y cuyas cuentas en Suiza permitieron iniciar las pesquisas que desembocaron en el caso Púnica. Condenado en firme a dos años de cárcel en una de las piezas del sumario, aún debe enfrentarse a graves acusaciones en otras en las que está dividida la macrocausa. En una, la relacionada con el supuesto amaño de contratos públicos para celebrar festejos en municipios gobernados por el PP, se enfrenta a una petición de seis años por dos delitos de fraude en la contratación. En el caso de la caja b, la Fiscalía plantea juzgarle por un delito electoral, otro de cohecho y un tercero de tráfico de influencias.

Anticorrupción señala a Granados en su extenso informe como la persona clave de la supuesta trama de financiación a través de la que se canalizaba “la principal fuente irregular de captación de recursos” del PP: las supuestas donaciones en metálico que hacían empresarios. “Una vez entregadas, él mismo [Granados] registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido, y el resto lo hacía llegar al gerente del Partido Popular [Beltrán Gutiérrez]”, describe el documento en el que se apunta que, solo en 2007, los populares recibieron por este sistema más de un millón de euros. Fue, precisamente, el hallazgo de esa libreta negra ―y la colaboración del constructor David Marjaliza para desentrañar el significado de iniciales y cifras que aparecían― lo que permitió iniciar las pesquisas sobre la caja b.

Para la Fiscalía esta es, sin embargo, solo una de las patas de la presunta implicación de Granados en la trama de financiación de su partido. También considera que el exconsejero fue la persona “clave” que introdujo al experto informático Alejandro de Pedro en el PP de Madrid para que hiciera los trabajos de reputación en internet para cargos de partido que fueron pagados ilegalmente con fondos públicos. Esos trabajos consistían en inundar la red de noticias positivas de la personalidad mediante perfiles falsos en redes sociales y diarios digitales zombies para desplazar las informaciones negativas de los primeros lugares de los buscadores y, así, evitar que se accediera a ellas fácilmente. “En tal contexto constan indicios de que, como ‘pago’ por tal ayuda [para introducirle en el PP de Madrid] Alejandro de Pedro posteriormente realizó trabajos para el mismo [Granados] sin cobrar”, añade.

Sobre Beltrán Gutiérrez, Anticorrupción destaca que en el registro de su domicilio se intervino un pendrive que contenía datos relevantes sobre las supuestas irregularidades cometidas por el partido en el pago de “los gastos derivados de lo que se denomina precampaña electoral del PP de Madrid del año 2011 y de la campaña electoral de ese mismo año [que permitieron ganar a Aguirre de nuevo por mayoría absoluta]”, las únicas que la Fiscalía considera que pueden ser juzgadas, ya que concluye que los delitos que se hubieran perpetrado en las de las elecciones de 2007 y 2008 estarían prescritos. Anticorrupción cree que Beltrán, del que destaca su relación de “plena confianza” con Aguirre, conocía que el PP había sobrepasado el gasto máximo legal y que, pese a ello, presentó una contabilidad supuestamente falseada ante la Cámara de Cuentas. En su caso, plantea procesarlo por un único delito, el de falsedad electoral.

Anticorrupción también acusa de supuestas irregularidades en aquella campaña electoral a Borja Sarasola, quien desde 2008 ocupó puestos de responsabilidad en el PP madrileño y, más tarde, en el Gobierno regional, donde fue jefe de gabinete de Aguirre y, después, consejero con González. La Fiscalía destaca que durante la campaña de 2011 el exconsejero ocupaba el puesto de “responsable de movilización territorial” del PP y que, como tal, mantuvo diversas reuniones con responsables de El Laboratorio de Almagro, una de las empresas presuntamente implicadas. La investigación apunta a que el Gobierno de Aguirre adjudicó a esta mercantil ―en algún caso con la supuesta intervención directa del consejero― contratos públicos que escondían el pago de parte de los trabajos para el partido. A Sarasola el informe también lo señala por las supuestas irregularidades en el pago de los trabajos para mejorar la imagen en internet de dirigentes del PP. Según la Fiscalía, existen indicios de que tuvo conocimiento “de los trabajos [de reputación online] encargados tanto para Esperanza Aguirre como para Ignacio González de los cuales fue conocedor y dio su visto bueno, como para él mismo”. Por todo ello, plantea juzgarlo por prevaricación continuada, tráfico de influencias y malversación.

Esos trabajos de reputación son los que salpican al también exconsejero Salvador Victoria, quien fue persona de confianza de Ignacio González. Anticorrupción destaca el cruce de llamadas telefónicas que Victoria mantuvo con De Pedro cuando este tenía ya el teléfono intervenido por orden judicial. Del contenido de esas conversaciones, el informe concluye que el entonces consejero presuntamente gestionó los pagos irregulares a través de dos organismos públicos en los que él ocupaba cargos directivos ―la agencia de informática de la Comunidad de Madrid, ICM, y el Canal de Isabel II― y de la empresa Indra, contratista del ejecutivo regional. Por todo ello, la Fiscalía considera que “existen indicios razonables para afirmar que [Victoria] fue conocedor, beneficiario, impulsor y solucionador” de esta actividad de la trama, por lo que plantea juzgarlo por cohecho y prevaricación.

El quinto personaje señalado es Isabel Gallego, la que fuera directora general de Medios Comunicación del Gobierno regional. La Fiscalía considera que hay “pruebas directas e indicios” de que era “perfecta conocedora de que los trabajos para mejorar la reputación en internet para altos cargos de la Comunidad de Madrid se hicieron sin la existencia de un contrato formal” y que “el método de pago se encubría a través, tanto de contratación ficticia, como reclamando a empresas adjudicatarias de contratos públicos de la Comunidad de Madrid para que ‘colaborasen’ abonando gastos”. El informe lo sustenta en el cruce de correos electrónicos y llamadas telefónicas que Gallego mantuvo con De Pedro, con el que también se reunió fuera del despacho oficial. La Fiscalía pide que se le procese por prevaricación, tráfico de influencias y malversación.