Anticorrupción pide seis años de cárcel para Granados por amañar contratos de las fiestas de municipios del PP

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación en el que pide seis años de cárcel para el exconsejero madrileño Francisco Granados por dos delitos de fraude en la contratación y dos de prevaricación por la adjudicación presuntamente irregular, entre 2004 y 2013, de contratos para la celebración de las fiestas patronales en varios municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP, dentro del caso Púnica de corrupción. Según el escrito de la Fiscalía, el exdirigente popular hizo valer su “posición de prevalencia y superioridad, bien directa, bien por influencias, en otras autoridades y funcionarios públicos” para que los equipos de gobierno de varios ayuntamientos y un ente público del Gobierno regional contrataran a Waiter Music, mercantil especializada en la organización de festejos de su amigo el empresario José Luis Huerta. Por estos mismos hechos, el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular, han pedido para el político 38 años de cárcel. Granados ya fue condenado en firme a dos años de prisión en otra pieza del caso Púnica, la abierta por el chivatazo que le dio un guardia civil de que estaba siendo investigado.

El escrito de Anticorrupción se conoce el mismo día que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado el auto de apertura de juicio oral por estos hechos contra Granados y otras 13 personas. Entre ellos están el exsenador David Erguido, que fue también ex diputado regional, ex asesor técnico del gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre y ex teniente de alcalde de Algete; seis antiguos alcaldes del PP en la Comunidad (José Carlos Boza y José Miguel Moreno, de Valdemoro; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio), y otras cinco personas. El principal ausente en el banquillo será el empresario José Luis Huerta, dueño de Waiter Music, que falleció en 2020.

Para nueve de ellos, Anticorrupción solicita en su escrito de acusación penas ligeramente superiores a los dos años de cárcel, que pueden implicar su ingreso en prisión. Para los otros tres pide una condena de inhabilitación. Las penas que para todos ellos solicita la acusación popular son mucho más elevadas: 27 años de prisión para Boza, exalcalde de Valdemoro y exconcejal de Ciempozuelos; y 13 años y medio para el exsenador Erguido y otros cinco exregidores de consistorios madrileños. Adade también había pedido que el PP se sentara en el banquillo como partícipe a título lucrativo (la misma figura por la que fue condenado en el caso Gürtel), pero el juez lo ha rechazado al considerar que la petición es extemporánea. Ahora será la Audiencia Nacional la que señale la fecha para el inicio del juicio.

En sus conclusiones, la Fiscalía destaca que, entre los años 2004 y 2013, ocho ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP contrataron “de forma ininterrumpida” con Waiter Music o con otras empresas “controladas directa o indirectamente por José Luis Huerta” mediante concursos que estaban amañados valiéndose de “una compleja red de expedientes y procedimientos administrativos cuyo único objetivo era el de dar una sensación de formalidad, minimizando cualquier sospecha de irregularidad”. A cambio de ello, el empresario supuestamente proporcionó “unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal [fiestas y mítines], bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”. En el caso de Granados, el escrito destaca que, además de costosos regalos que el empresario le enviaba cuando llegaba la Navidad, organizó para él dos fiestas valoradas en más de 21.000 euros sin cobrarle nada.