“Les estamos saqueando, ellos verán qué hacen”

Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a tirar del hilo en Torredembarra (Tarragona) por la denuncia de dos concejales, pero las pesquisas les llevaron hasta ayuntamientos de toda España donde, según sus averiguaciones, políticos y funcionarios se aliaban con los responsables de la empresa Efial Consultoría para adjudicarle contratos amañados. “Les estamos saqueando, ellos verán qué hacen”, llega a reconocer un delegado comercial de la compañía en una conversación telefónica intervenida, según consta en el sumario. Este martes, la Audiencia Nacional ha procesado a 24 personas por su presunta implicación en la parte de la investigación centrada en la Comunidad de Madrid.

Entre otros, el magistrado instructor José Luis Calama ha propuesto enviar al banquillo a dos alcaldes que ostentan a día de hoy el bastón de mando: Francisco Javier Martínez Mayor, del partido local Agrupación Transparencia y Servicio (ATyS) y regidor de Chinchón; y Antonia Alcázar, del PSOE y primera edil de Velilla de San Antonio. También, a María Luisa Fernández (PP), exalcaldesa de Chinchón; a Luis Gómez García (PP), actual concejal de Conservación Urbana de Meco y exresponsable de Hacienda; y a Antonio Martos, presidente de Efial.

A lo largo de un auto de 35 páginas, Calama describe todas las presuntas irregularidades detectadas en siete ayuntamientos de la Comunidad: Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz. “Fraccionaban contratos para adjudicar obras pequeñas a la empresa Efial, eludiendo la normativa de contratación pública”, resume el juez, que les atribuye un delito de prevaricación administrativa.

Los investigadores mantienen que los implicados diseñaron “un mecanismo fraudulento” para saltarse todos los controles y así amañar los procesos. De hecho, según subraya el instructor, los empleados de Efial —que después pasó a llamarse Consultoría en Gestión Innovadora S. L.— “asumieron tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos”. Incluso, prosigue el auto, crearon “empresas municipales” que manejaban a su antojo para sus presuntos chanchullos.

“Transgredían los principios de competencia y concurrencia”, remacha el escrito de Calama. Según el juez, los funcionarios y políticos les concedían siempre los contratos “mediante contratación directa”: “Generalmente, dividiéndose de manera ficticia los servicios. Con un fraccionamiento irregular en su facturación, con el objetivo de que se tramitaran como contratos menores, de manera que las facturas fueran siempre de un importe menor a 18.0000 euros. Con lo que, a la vez, se eludían los requisitos de publicidad propios del procedimiento de adjudicación correspondiente”.

La instrucción se apoya, entre otros indicios, en documentación incautada a la trama e intervenciones telefónicas a los integrantes de Efial. Por ejemplo, el director en Madrid de CGI, Blas Acosta, dice en una conversación: “Le voy a decir que lo saque con negociado sin publicidad”, que el juez vincula con contratos irregularidades en Chinchón. “Ya lo sabrá el alcalde lo que le puedes pedir o no”, afirma Acosta en otro momento.

También consta otra charla donde Lucía Mora, interventora general del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, le dice a Acosta: “Necesito que os presentéis al concurso, lo digo en serio. Quiero arrastrar a estos hijos putas. Todo lo que necesitéis acerca de... ya me iréis diciendo. Pero todos los datos os los voy a dar yo. Porque paso de estos tíos. No quiero que ganen el concurso, te lo digo en serio [...] Hablamos mañana, de todas formas. Pero preparo los pliegos y los miramos. ¿Vale? Y así los tienes”.

Entre otros funcionarios procesados se encuentran una directora general de gestión tributaria y recaudación de Móstoles; y un secretario del Consistorio de Chinchón.

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