Efial o CGI, una estructura municipal paralela

La consultoría Efial nació en 2007, de la mano del consultor Antoni Martos, con amplia experiencia en el sector y que ha acabado detenido por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción municipal. Se trata de una mediana empresa, con una treintena de trabajadores y contratos con unos 80 municipios, la mitad de ellos controlados por Convergència. Desde su creación, ofrece servicios a ayuntamientos, que en esencia, suponen descargar a la administración local de trabajo, a través de empresas públicas, que Efial acababa gestionando. La fiscalía sostiene que a través de esas compañías construían una “estructura paralela” con la misión de evitar “la labor supervisora del secretario y el interventor municipales” y así desviar fondos públicos para uso privado. Ese dinero acababa supuestamente en Andorra.

A raíz de las diversas denuncias, Efial se vio envuelta en tres causas judiciales distintas (en Tortosa, Gandesa y Reus), y en febrero fue absorbida por Consultoría en Gestión Innovadora. Paralelamente, exportó su modelo de negocio a otros municipios españoles. Además, la cuestionada Oficina Antifraude abrió también una investigación paralela en su contra.

El caso que puso a la empresa en la picota fue el de Torredembarra. Allí PSC y ERC denunciaron que el entonces alcalde, Daniel Masagué, a través de Efial había conseguido “puentear” al secretario municipal, y hacer licitaciones que están en entredicho. Masagué fue detenido y acabó dimitiendo.

De la misma manera, en L'Ametlla de Mar fue un particular quien denunció que el consistorio había creado una empresa municipal, Cala Gestió, dependiente de Urbanismo, con la misma misión: liberar al ayuntamiento de la promoción de actividades, obras y servicios urbanísticos. Martos era el gerente de esa empresa, que gestionaba Efial. El denunciante aseguró que la compañía era “absolutamente innecesaria” y buscaba “eludir el control legal y económico”.

Una situación de supuesta estructura paralela que se repite también en Ascó, donde se creó el ente municipal Ascó Serveis. De nuevo, una compañía pública gestionada por Efial, que tenía asignada tareas como la gestión y construcción de un bloque de pisos, o la recogida de basuras. Efial dejó de trabajar con el Consistorio en marzo de 2013, después de que la oposición denunciase la situación. También en Tortosa acabaron controlando la empresa de Gestión Urbanística Municipal, una situación que vivió también Vandellós o en La Seu d'Urgell. Otros ayuntamientos, como el de Girona cuando gobernaba el actual presidente Carles Puigdemont, contrató a Efial para hacer auditorías de Patrimonio, y posteriormente en contratos relacionados con el agua.

En su actividad fuera de Cataluña, la alcaldesa de Alaior, en Menorca, Misericordia Sugrañés (PP), ha explicado que delegaron en Efial la gestión y la recaudación de los impuestos municipales. Tenían un contrato firmado en 2013, con dos años de duración, y posteriores prórrogas. La Guardia Civil les ha requerido expedientes y facturas.

Martos tiene una amplia trayectoria en el sector público. Ejerció como director de control de gestión de los servicios centrales del Ayuntamiento de Barcelona (2004-2007) y fue el director de administración de Economía y Finanzas de la Sociedad Municipal de Barcelona Gestión Urbanística y del Instituto Municipal de Urbanismo (2001-2004). La Guardia Civil ha presentado un requerimiento al consistorio. También colaboró con la Sindicatura de Comptes a través de una sociedad contratada por este organismo para realizar algún informe. La compañía ha defendido siempre que su labor era mejorar la eficiencia de los consistorios, haciéndose cargo de su gestión económica, financiera y urbanística, y ya en anteriores procesos - Martos estaba imputado en el caso de L'Ametlla de Mar- la compañía lamentó el terrible daño que se estaba ocasionando a su imagen.