El Defensor del Pueblo se despide con la Cañada Real: “Los compromisos políticos no se han cumplido”

El Defensor del Pueblo deja su puesto con un último cometido: tirar de las orejas a las administraciones por el año sin luz en la Cañada Real Galiana. Con el frío ya instalado en Madrid y con la falta de suministro que sufre el sector seis del asentamiento irregular mayor de Europa después de un año, Francisco Fernández Marugán ha emitido una nueva resolución antes de ceder su puesto al socialista Ángel Gabilondo. “El Defensor del Pueblo observa con grave preocupación cómo, después de tantos meses, el problema de la falta de suministro no se ha resuelto y los compromisos de naturaleza política no se han cumplido”, dice en una nota de 10 páginas en las que rebate una a una todas las aristas legales que han puesto sobre la mesa el Comisionado del Gobierno y la Comunidad de Madrid. El Defensor no distingue entre administraciones, arremete contra todas por centrar sus soluciones en los realojos, “que son procesos complejos que, por lo general, necesitan varios años”, y pide que se restablezca la luz, que a los habitantes de la Cañada Real se les ofrezca un contrato legal, sin cortes, y que incluso puedan acceder a un bono social aquellas personas que cumplan los requisitos.

Fernández Muragán inició en octubre de 2020 actuaciones para resolver al problema que afectaba a los sectores 5 y 6 de la Cañada y que ahora persiste sobre todo al 6, donde residen más de tres millares de personas, un tercio de ellos menores de edad. En diciembre, el Defensor del Pueblo emitió dos resoluciones a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Comunidad, en las que instaba a “con carácter inmediato y urgente, adoptar, en coordinación con las autoridades competentes del Estado para la seguridad y la protección civil, una solución (...), por ejemplo, mediante la instalación de grupos electrógenos para el abastecimiento a la población, o cualquier otro sistema apto para tal fin”.

“Clara vulneración de derechos”

Ante la falta de soluciones, el Defensor insiste ahora en que hay “una clara vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas, al ponerse en peligro su salud e incluso su vida”. Ha pasado un año y todo sigue igual. Y, de nuevo, llega el invierno. Fernández Marugán recuerda que también había pedido que se estableciera una acción coordinada, que se elaborara un diagnóstico común de la situación, se estableciera un plan operativo de actuación, coordinado entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Economía de la administración regional y se evaluara periódicamente los resultados obtenidos.

“La grave situación que viven los afectados reclamaba, ante todo, una actuación urgente sobre el terreno, orientada a atajar el problema en el corto plazo. Pues bien, tal actuación no se ha producido y son muchas las personas que a día de hoy siguen sin suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana: unas 2.953 personas, que viven el sector 6. En cuanto al sector 5, si bien dispone de suministro eléctrico, no puede afirmarse que este suministro reúna unas mínimas garantías que permitan concluir que el problema haya quedado razonablemente resuelto”, recuerda.

El Defensor del Pueblo insiste en que lleva tiempo defendiendo la idea de que la energía es esencial para la salud de las personas y para una vida digna, “pues resulta necesaria para la conservación y preparación de alimentos, lo cual repercute directamente en la salud, derecho que la Constitución reconoce en el artículo 43″. También es necesaria, continúa en su exposición, para garantizar el derecho a la educación, no solo porque los menores en edad escolar en los meses de invierno realizan sus tareas después de la puesta de sol, “sino también porque cada vez se está extendiendo más el uso de las tecnologías de la información en la educación”. “De igual modo, la electricidad integra el derecho a una vivienda adecuada al que se refiere el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Defensor del Pueblo recuerda a los implicados que visitó el asentamiento y vio de primera mano las consecuencias que estaba teniendo. “Personas afectadas por enfermedades pulmonares crónicas han empeorado su estado; personas mayores que no pueden tomar su medicación porque de noche, a oscuras, no pueden encontrar sus pastillas; menores en edad escolar que ven vulnerado su derecho fundamental a la educación al no poder realizar sus tareas y asearse convenientemente (durante la visita se refirió un incremento del absentismo escolar vinculado a que los menores son objeto de burla por su olor y falta de limpieza)”. También insiste en que se dan casos de personas electrodependientes privadas de suministro que apenas pueden recargar las baterías de sus equipos sanitarios. “Incluso se produjo el ingreso de un recién nacido con cianosis debido al frío, dado que los recién nacidos no son capaces de regular su temperatura corporal”, advierte, antes de recordar el caso de una niña ingresada el 15 de diciembre de 2020 en el Hospital Universitario Infanta Leonor por inhalación de monóxido de carbono.

Fernández Muragán no se deja nada en el tintero y recuerda además que Naciones Unidas ya avisó al Gobierno de España que no le valían las explicaciones sobre su falta de responsabilidad en el conflicto abierto. “La situación hasta aquí descrita persiste, y un año después, casi tres mil personas vuelven a afrontar sin suministro eléctrico un nuevo período invernal, que se prevé especialmente duro, según las previsiones climatológicas”. Las cinco Administraciones implicadas —Delegación del Gobierno, Ejecutivo regional y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid― firmaron en 2017 un acuerdo que garantizaba los servicios más básicos hasta el desmantelamiento de todo el sector 6. Los realojos se han ido sucediendo de forma muy lenta en el tramo con menor densidad de población, aquel que discurre entre el municipio de Getafe, donde nace la Cañada, y el vertedero, al costado de esta antigua vía pecuaria.

Fernández Muragán también desgrana en qué consistía aquel pacto: “en tanto no se produzca la consolidación de los sectores o el realojo de sus residentes, debe proveérseles de los suministros básicos y entre tales suministros figura expresamente la rehabilitación del suministro de luz”. “El suministro eléctrico es, sin duda, la cuestión más atrasada en lo referente a dicho compromiso, dado que la gran mayoría de las edificaciones no cuenta con contratos”. Por tanto, exige no solo que se les provea de luz de manera legal, sino que se haga de manera segura y que además se aplique, cuando se reúna los requisitos, “el derecho a beneficiarse del bono social eléctrico que implica no solo descuentos en la factura sino también, en determinados casos, la protección frente a un corte de suministro”.

Todo el conflicto estalló porque entre septiembre de 2019 y el mismo mes de 2020 aumentaron un 70% el consumo eléctrico en la Cañada, pero no por el número de enganches ilegales a la red de los habitantes, sino por la proliferación de plantaciones de marihuana que hicieron que los plomos saltaran por los aires. Ya entonces, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se mostró convencido de que, una vez se desarrollara una operación policial para acabar con las plantaciones de droga, se volvería a la situación anterior en la que los ciudadanos vivían enganchados de manera irregular a la red pero sin sufrir cortes en el suministro. “Lo que pedimos al resto de administraciones es que ejerzan sus competencias también”, comentó Almeida, en lo que fue una clara alusión al Gobierno central por haber descargado ante la ONU toda la responsabilidad de la falta de luz en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Muragán recuerda que la respuesta de las Naciones Unidas fue clara y concisa: no le va valían las excusas e instaba a todas las administraciones a poner una solución.

Los tira y afloja entre administraciones en torno a la Cañada han sido una constante durante este año. A principios de octubre, la delegada del Gobierno, Mercedes González, se sentó con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para avanzarle que en los presupuestos generales del Estado incluirán cinco millones de euros para realojar a las familias.

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