La delegada del Gobierno plantea a Ayuso un plan de 200 millones para realojar a las familias de la Cañada Real en tres años
El asentamiento cumple más de un año sin electricidad mientras las administraciones negocian una solución
Un plan de 200 millones de euros para realojar en los próximos tres años a todas las familias de la Cañada Real, que llevan un año sin electricidad. Esa ha sido la principal propuesta de Mercedes González, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, durante la reunión mantenida este martes con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica. Los próximos presupuestos generales del Estado, ha avanzado la representante del Gobierno de Pedro Sánchez, ya incluirán cinco millones de euros para ese objetivo, aunque el grueso de la inversión correspondería a las Administraciones locales.
“La Comunidad sabe que hay cinco millones para la política de realojos, y que hay vías a través de los fondos europeos a las que puede acogerse para impulsar esa inversión”, ha explicado González durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional. “Estamos en el momento adecuado. Les quedan dos años de gobierno a todas las administraciones implicadas hasta 2023″, ha seguido. Y ha propuesto: “Pongámonos un objetivo medible, cuantificable, tener liquidada en tres años toda la política de realojos. Si todos hacemos ese esfuerzo, tendremos más cerca la solución de fondo”.
“La dotación de cinco millones de euros es un primer paso”, ha replicado la consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. “Dada la dimensión del problema, es preciso un marco de colaboración estable que contemple un compromiso plurianual”, ha añadido. “El primer convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Madrid ha permitido que 130 familias hayan sido ya realojadas”.
Ahora, ha precisado Martín, la Comunidad de Madrid está a punto de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para realojar a otras 160 familias; y otro con el de Rivas para hacer lo mismo con otras 30.
Cinco Administraciones implicadas
Las cinco Administraciones implicadas —Delegación del Gobierno y Ejecutivo regional, así como los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid― firmaron en 2017 un acuerdo que garantizaba los servicios más básicos hasta el desmantelamiento de todo el sector 6, donde se calcula que hoy residen más de tres millares de personas, un tercio de ellos menores de edad.
Sin embargo, queda mucho para que culmine el proceso. “A este ritmo tardaremos 30 años”, ha lamentado González sobre el contenido de una reunión en la que también se ha tratado el problema de los botellones, o la necesidad de renovar el protocolo de adhesión al Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.
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