Se busca empresario “fantasma” que desaparece sin pagar a sus empleados

Los trabajadores de la construcción denuncian impagos por parte de empresarios “fantasma” que desaparecen tras el trabajo en la obra. No tienen contrato. Tampoco están dados de alta en la Seguridad Social. Varios de ellos se encuentran en situación irregular y tienen miedo de denunciar lo ocurrido. Los empleados buscan desesperadamente a los empresarios para reclamar el dinero que les deben. Pero, en muchas ocasiones, no conocen más que el nombre de quien los contrata y la furgoneta que conducen. Según Comisiones Obreras de Madrid, esto ha pasado toda la vida, pero durante la pandemia han aumentado los casos: entre ocho y 10 personas al mes han acudido al sindicato con este problema en lo que llevamos de año.

Los obreros encuentran el trabajo para pequeñas reformas en viviendas y locales de particulares gracias al boca a boca. También, en los números de teléfonos que encuentran colgados en las farolas de la calle. Juan Carlos Salazar, de 54 años, cuenta que le deben 3.000 euros por tres meses de trabajo. “Dan el anticipo, tumban cuatro paredes y salen a correr. No cogen el teléfono ni leen los mensajes de WhatsApp”, comenta el oficial de pintura. El colombiano asegura que los empresarios se conocen: “Uno se encarga de los alicatados y otro de la obra blanca”. Salazar trabajó para ellos en dos obras. La primera fue en una casa particular en Aluche. Después, en un colegio en el barrio de Salamanca.

Hace dos meses se topó con uno de ellos en Pueblo Nuevo. Salazar se detuvo frente a su coche cuando el semáforo se puso en rojo. “No quería bajarse. Llamé a la policía y me dijeron que si denunciaba sin estar dado de alta en la Seguridad Social iba a perjudicarme a mí mismo”, cuenta el colombiano. El trabajador lleva 20 años en España, donde reagrupó a su mujer y a su hijo, y tiene la residencia permanente. En enero, durante la borrasca Filomena, trabajó en una reforma en la calle de Diego de León con Wilson Rodríguez, el compañero que le recomendó el trabajo.

Rodríguez es otro de los afectados: “Me deben 1.800 euros desde hace cuatro meses”. El colombiano confiesa que no conoce nada más que el nombre de la persona que le contrató durante dos meses como albañil y pintor. “Me llamó y me dijo que, si yo quería trabajo, él me lo iba a dar”, recuerda. Rodríguez admite que al principio le pagaba bien: “Me prometió que me haría un contrato”. Pero luego, el empresario puso excusas.

Sin un contrato, denunciar lo ocurrido no parece ser una opción para ellos. “La policía nos dijo que, si no tenemos contrato, estamos perdidos”, comenta afligido. Rodríguez llegó a España hace 10 años y tiene la nacionalidad española, pero explica que muchos de sus compañeros están en situación irregular: “Muchos no tienen papeles y tienen miedo”.

Carlos Cruz, de 60 años, tenía una empresa de construcción en Bogotá, de donde huyó en enero del año pasado tras recibir amenazas por acumulación de deudas. Su situación no mejoró al llegar a Madrid: “Trabajé 50 días en diferentes obras y aún no me han pagado”. El colombiano lleva tres meses intentando contactar, sin éxito, con los empresarios que le contrataron: “No cogen el teléfono, desaparecen, como si no existieran”.

Cruz solicitó la petición de asilo al llegar a Madrid. Entregó el certificado de construcción y gerencia de su empresa y un escrito que contaba la persecución que había sufrido en Colombia. Se la han denegado. Hasta hace un mes contaba con la hoja blanca, el comprobante de solicitud de asilo, que no le permitía trabajar en España. “Se aprovechan de que uno no está formalizado y que no tiene sus papeles en regla porque saben que necesitamos el trabajo”, explica Cruz. “No podemos trabajar, pero entonces ¿cómo podemos vivir?”, lamenta desesperado.

Durante la pandemia, sobrevivió gracias a la ayuda de Cáritas. Ahora vive en un piso compartido con tres personas en San Sebastián de los Reyes por el que paga 250 euros al mes y trabaja en una obra en Aluche: “Llevo tres días levantándome a las 5.30 y llegando a mi casa a las 9.00 sin probar un bocado”.

Su compañero, Jhon Ochoa, de 24 años, tampoco ha recibido el dinero. Ambos trabajaron durante 20 días en una obra en Illescas: “Te ofrecen el empleo, vas a trabajar y luego no sabes nada de ellos”. Ochoa cuenta que aceptó trabajar sin la formalización de un contrato: “No conocemos nada de su vida. Nosotros tampoco les generamos datos”. Aunque admite que esto es un riesgo tanto para ellos como para las personas que los contratan. “Se ahorran dinero, pero si a nosotros nos pasa algo es una responsabilidad muy grande. Trabajamos con máquinas muy peligrosas, como taladros, radiales y cortadoras”, comenta el colombiano. Ochoa llegó a increpar de manera violenta a uno de los empresarios: “Fui a su casa. Se tardó una hora en traer los 800 euros que me debía”.

El joven llegó a Madrid hace dos años y medio, tras recibir amenazas de muerte por parte de un combo colombiano, una banda ilegal que maneja drogas, extorsión y robos. “Yo no quería venir, pero no vivía tranquilo porque me seguían buscando y me iban a matar”, cuenta Ochoa. Su petición de asilo también fue denegada hace siete meses. Ahora vive con su madre en Canillejas. “Tenemos que trabajar porque tenemos gastos. Hay que pagar el alquiler. Hay que comer”, sentencia Ochoa.

Ángel Martínez, uno de los empresarios de los que habla Salazar, niega lo que cuentan los trabajadores. “No le debo nada a nadie. Solo me he retrasado en un pago a un pintor en Aluche. Ya le he dicho que en un par de días tendrá el dinero”, explica el propietario del negocio. Martínez indica que es autónomo: “Tengo todos los papeles en regla”. Aunque admite que los empleados cobran en negro: “Muchos de ellos no tienen contrato porque no quieren. Dicen que tienen subsidios o que no tienen papeles y por eso no pueden hacer facturas”, sentencia.

Salazar se puso en contacto con Comisiones Obreras, pero no logró solucionar el problema. De las 150 consultas que recibe el sindicato cada año, solo 20 consiguen la retribución. Entre las personas que reclaman impagos también hay españoles. El responsable de construcción del sindicato, David Juan Pérez, explica que necesitan pruebas que acrediten lo sucedido para denunciarlo ante el Juzgado Social o la Inspección de Trabajo. Antes de esto, el sindicato visita las obras y habla con los empresarios para que paguen a los trabajadores. Para ello, les piden fotografías, testigos y datos de las empresas donde han trabajado.

Uno de los principales problemas es la falta de dichas pruebas: “Los empresarios que se dedican a esto son pistoleros. Normalmente, son autónomos o empresas que no tienen una estructura legal. Muchas veces ni siquiera los empleados conocen su nombre, tienen un número de móvil que nadie coge o hablan de una furgoneta que anda por ahí”.

La situación se complica para aquellos que no tienen permiso de trabajo, puesto que pueden ser extraditados y multados. “La pandemia ha agravado los problemas de la economía sumergida. Cada vez son más las personas que se encuentran en situación de precariedad e irregularidad”, explica el responsable. “Ellos aceptan el trabajo porque es la única manera que tienen de trabajar”, concluye Pérez.

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