El comité ‘zombie’ que no veló por la ética animal en Vivotecnia

El laboratorio de experimentación animal Vivotecnia carecía de un comité ético operativo, según fuentes con conocimiento directo de sus trabajos. Los cuidadores y técnicos que manejaban a los animales desconocían la existencia de este órgano exigido por las leyes contra los abusos, asegura Carlos Contreras, abogado de la ONG británica Cruelty Free International (CFI), en estrecho contacto con la persona que grabó las imágenes de maltrato que conmocionaron a la opinión pública el pasado abril. Otras dos personas que saben por experiencia personal cómo funcionaba la empresa madrileña refrendan esta acusación. Vivotecnia sí tenía un comité sobre el papel, en la documentación que envió a la Comunidad de Madrid, pero no en la práctica.

La Fiscalía de Medio Ambiente abre una investigación por supuesto maltrato animal

Vivotecnia: el laboratorio de los horrores

Estas fuentes jamás escucharon al director general, Andrés König, pedir respeto a los animales. Y a falta de un comité ético al que dirigirse en esa empresa de 177 empleados, al menos dos personas se quejaron directamente a sus superiores por el trato vejatorio que sufrían en los procesos de investigación tanto ratones, como cerdos, monos o perros. De nada sirvió. Sin embargo, König les imponía un ritmo de trabajo frenético para poder recibir más encargos.

Estas acusaciones refuerzan la idea de que esta empresa madrileña tenía una cultura de trabajo irrespetuosa con los animales, frente a quienes sostienen que la ONG editó un vídeo efectista que carece de rigor.

Vivotecnia, que tiene como principal negocio los encargos de la industria farmacéutica para hacer experimentos en animales, está siendo investigada por un juzgado de Colmenar Viejo después de que un vídeo de casi nueve minutos publicado en abril por CFI mostrara prácticas de crueldad animal grabadas entre 2018 y 2020 por una técnico de laboratorio que permanece en el anonimato más absoluto.

Científicos que investigan con animales explican que buena parte del control en los laboratorios recae sobre los comités de ética, porque se hacen pocas inspecciones en España por parte de las comunidades autónomas, competentes en esta materia. Los comités internos son clave para controlar y vigilar cuestiones cómo limitar el número de animales que se usan a los estrictamente necesarios, el manejo del dolor, el alojamiento o la eutanasia. La mayoría de expertos asegura que el vídeo de Vivotecnia no refleja la realidad del sector, pero añade que las autoridades podrían hacer mucho más para evitar casos similares.

La Comunidad de Madrid informa de que cuenta con cinco veterinarios inspectores en la Dirección General de Agricultura. Su tarea, sin embargo, es ingente porque, además de vigilar los 19 animalarios de los laboratorios, tienen a su cargo 50 centros de protección de animales domésticos y 4.800 explotaciones ganaderas de animales de producción. Literalmente no dan abasto.

Los inspectores de bienestar animal de las administraciones en España y muchos países europeos tienen una cartera de trabajo muy amplia, desde granjas a laboratorios, según Javier Guillén, director de Aaalac para Europa, una asociación internacional de buenas prácticas éticas. “Esto limita su capacidad por mucho que hagan un esfuerzo ímprobo”, insiste Guillén. Reino Unido, por ejemplo, tiene inspectores dedicados exclusivamente a la supervisión de los animalarios de laboratorios.

Según la Comunidad de Madrid, Vivotecnia solo ha recibido una inspección anual, el mínimo que marca la ley. Pero según Contreras, el abogado de CFI, en los dos años que se grabaron las imágenes la técnico de laboratorio solo fue testigo de una inspección por parte del veterinario de la Comunidad de Madrid y ni siquiera fue exhaustiva. “Los inspectores no entraron a los animalarios. Solo estuvieron en la sala de juntas”, añade el letrado.

Debido a las escasas visitas de la administración, los controles internos se convierten en clave para cumplir la normativa. Hay dos etapas: la primera es el comité ético formado por trabajadores del propio laboratorio. Debe estar integrado al menos por el supervisor del animalario donde se alojan los animales y por un científico. La ley exige que ningún miembro del equipo investigador supervise el proyecto en el que está implicado.

Hay centros que por su dimensión y complejidad, como el CSIC, tienen comités éticos permanentes dedicados exclusivamente a esa labor. Otros más pequeños cambian los miembros de su comité en función de los proyectos: si cinco trabajadores estudian un proyecto, sus compañeros formarán el comité. Y viceversa.

La ley no especifica la periodicidad con la que deben realizar sus funciones de vigilancia. En el vídeo publicado por CFI, donde se ven vejaciones como un trabajador que pinta una cara sonriente en los genitales de un mono mientras otro sujeta al animal, nadie se preocupa por ello.

“La pregunta fundamental es dónde estaban en Vivotecnia el comité ético y su encargado de bienestar animal”, remarca Alberto Díez, portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (Anda).

Ni el dueño de la empresa, Joan Parra, ni el director general, Andrés König, han querido hacer declaraciones a este periódico. “Hay un proceso judicial contra mí y otros trabajadores de Vivotecnia que consideramos que no han sido tratados justamente por la sociedad y la prensa y en estos momentos estamos esperando a las diferentes resoluciones de los órganos administrativos y judiciales”, explica König por teléfono.

Lo que está claro es que Vivotecnia sí presentó a la Comunidad de Madrid documentación que informaba de la existencia de un comité ético de siete miembros, formado por el veterinario responsable del bienestar de los animales, el director del animalario, como secretario, y cinco vocales (un investigador y otros cuatro vocales no científicos). Sin ese comité, un laboratorio no tendría el visto bueno para iniciar una investigación científica. Que luego se tomaran en serio ese trabajo tendrá que decidirlo la juez que instruye el caso.

La otra etapa de control es el examen del llamado “órgano habilitado”, otro comité de examinadores de la ética animal que en este caso tiene un plus de autoridad porque han sido acreditados por las administraciones regionales. Su supervisión es más exhaustiva y consiste en evaluar el proyecto con un informe previo que remiten a las autoridades para que aprueben el experimento antes de que se ponga en marcha. En Madrid hay 22 órganos habilitados para esta tarea y uno pertenece al propio Vivotecnia. Como todo laboratorio puede elegir “libremente”, según la ley, el órgano que estime oportuno, eso significa que el personal de un organismo o empresa con órgano habilitado propio evaluará el proyecto que su propia empresa va a llevar a cabo. La única condición que existe es que la persona que hace la valoración, no esté implicada directamente en la investigación que se va a llevar a cabo. Al final, todo queda en casa. La Comunidad de Madrid matiza que Vivotecnia lleva siete años sin utilizar su propio órgano habilitado.

Por ahora König y cuatro trabajadores de Vivotecnia están siendo investigados por posible maltrato animal, un delito castigado con penas de entre tres meses y un año de prisión. Además, la empresa se enfrenta a una sanción de entre 601 y 100.000 euros, según una portavoz de la Comunidad, que no menciona como escenario un posible cierre del centro de experimentación animal.

El Gobierno regional cree que se han adoptado medidas cautelares suficientes para asegurar el bienestar de los animales, por eso el 1 de junio levantó la suspensión temporal para que la empresa iniciara nuevas actividades. Parece que Vivotecnia ya sabía que las autoridades madrileñas iban a allanarle el camino porque en mayo, poco después de que el escándalo explotase, se presentó al concurso público para la gestión del animalario del Hospital de Albacete. La Junta de Castilla La Mancha acaba de adjudicarle el contrato por cuatro años y 105.000 euros.

Lo cierto es que hay mucha incertidumbre sobre el futuro de Vivotecnia. La empresa, que en 2020 facturó 8,6 millones de euros, ha sufrido un fuerte daño reputacional. Según expertos consultados, las farmacéuticas que externalizan la investigación preclínica a estos laboratorios evitan asociar sus proyectos a centros con una imagen dañada. Hay empresas que se han visto envueltas en casos similares y han sobrevivido, como es el caso de la alemana Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT), donde también grabaron imágenes que en 2019 dieron la vuelta al mundo. En aquel vídeo se veían monos torturados y perros sangrando que impactaron a la sociedad. Dos años después, LPT sigue operando, pero con un nuevo nombre: Provivo Bioscience.

Suscríbete aquí a nuestra nueva newsletter sobre Madrid.