Choque entre el Gobierno Central y Madrid por el caso de los animales maltratados de Vivotecnia

El Ministerio de Derechos Sociales, con su ministra Ione Belarra a la cabeza, ha reaccionado este miércoles con una carta certificada a la que ha tenido acceso EL PAÍS a la noticia que se conoció la semana pasada sobre el levantamiento de la suspensión temporal de Vivotecnia, el laboratorio de experimentación animal madrileño sumido en un escándalo por supuesto maltrato animal. El Gobierno madrileño levantó la prohibición de experimentar con animales, con el argumento de que la empresa, en medio de un proceso judicial, había aplicado “medidas correctoras y preventivas” que garantizan el bienestar animal e impiden que “se reproduzcan las actividades objeto de investigación”. Belarra ofrece a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colaboración inmediata porque hasta ahora “todos los intentos han sido infructuosos” y le recuerda que tiene capacidad para incautar los animales, en lugar de permitir la apertura del laboratorio como ha hecho. La Administración regional niega la falta de cooperación. Ha colaborado, dice, aunque no tendría por qué hacerlo.

“Desde el primer momento la Comunidad de Madrid se ha mostrado colaboradora con la Administración central en el caso Vivotécnia, así como con la Fiscalía y el Juzgado de Colmenar Viejo que instruye la causa, a los que se les ha remitido copia de toda la documentación y resoluciones dictadas”, ha respondido la Comunidad de Madrid a través de un comunicado. El último, asegura, el pasado 9 de junio.

Las versiones, por tanto, se contradicen. Mientras un portavoz del Ejecutivo madrileño incide en que informaron “aunque no tenían obligación de comunicar expedientes sancionadores”, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García, asegura que solo respondieron a un correo “en el que decían que las competencias eran suyas”.

Y es que desde el Gobierno central no solo no están contentos con esa decisión de levantar la suspensión de Vivotecnia, sino que critican “el muro colaborativo” que ha impuesto la Administración regional. García asegura que ha intentado interesarse por el caso por varias vías. Antes de esta carta de la ministra, él mandó otras cuatro ofreciendo colaboración con su equipo veterinario. También asegura que ha llamado “seis o siete veces” sin recibir ninguna respuesta. “Solo podía hablar con la secretaría y siempre me decían que estaban reunidos”, lamenta por teléfono.

La Fiscalía de Medio Ambiente abre una investigación por supuesto maltrato animal

Vivotecnia: el laboratorio de los horrores

Ante la imposibilidad de coordinarse con la comunidad autónoma, que tiene las competencias de las inspecciones en los laboratorios, la ministra de Derechos Sociales mandó este martes la carta a Ayuso para tender de nuevo la mano, insistir de nuevo en la cooperación entre administraciones y recordar que Madrid “tiene potestad de ejercer, con el objetivo de proteger el bienestar de los animales, el decomiso administrativo de los mismos”. “La Dirección General de Derechos de los Animales ha ofrecido repetidamente su colaboración a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, departamento responsable de la inspección y la salvaguarda de los animales utilizados en experimentación”, dice Belarra en la misiva, que recuerda que la “Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha instado a la colaboración de los diferentes departamentos”. Pero de nada ha servido. El muro informativo ha sido tal, que todos los intentos “de coordinación, colaboración e incluso de respuesta de la situación de los animales” han sido “infructuosos”.

Belarra, la sucesora de Pablo Iglesias como secretaria general de Podemos, también recuerda que la única inspección pública de la Comunidad de Madrid “determinó que había indicios de maltrato animal” y que por tanto Madrid procedería al decomiso de los animales. Eso ocurrió el 11 de abril, dos días después de conocerse el caso gracias a un vídeo difundido por la ONG Cruelty Free International que mostraba cómo diferentes empleados maltrataban presuntamente a los animales con los que experimentaban. Los animales continuaron dentro y ahora el laboratorio tiene vía libre para continuar con su trabajo.

Eso tiene especial relevancia para Garcia, que cuenta que cuando explotó el escándalo, él mismo tuvo una conversación telefónica con Pablo Altozano, el Comisionado de Bienestar Animal de Madrid, y le comunicó que los animales saldrían de allí. “Nosotros tenemos la obligación de coordinarnos y prestar nuestros servicios a las administraciones regionales y municipales. Y ofrecimos que nuestro equipo veterinario hiciera una inspección junto al equipo de la Administración madrileña. También ofrecimos nuestra red de entidades asociadas que tienen capacidad de ayudar en casos de este tipo. Nos extraña que en un caso que ha generado mucha alarma, Madrid se ha cerrado en falso, acogiéndose en todo momento a que el tema está judicializado, como si no tuvieran capacidad para hacer nada más, cuando no es verdad”, se queja García.

El director general de Derechos de los Animales asegura que la mayoría de los experimentos con animales que se realizan en Vivotecnia “tienen que ver con tóxicos en la piel”, por lo que “perfectamente se podían sacar”. “Y si había algún caso de bioseguridad alto también tenemos instalaciones para alojarlos”. Hay tres niveles de seguridad, explica, y los animales de experimentación de Vivotecnia están catalogados en el segundo grado.

En las imágenes publicadas por la ONG aparecen personas maltratando a perros, cerdos, ratones, conejos o monos con golpes, movimientos bruscos, desprecios e insultos, sin ningún respeto a la normativa de bienestar animal. Las organizaciones animalistas han denunciado que la Comunidad de Madrid haya tomado la decisión de permitir al laboratorio continuar con la experimentación desde el 1 junio.

La Administración regional determinó que, para levantar la suspensión de la actividad, el laboratorio debía instalar cámaras de seguridad en las salas de los animales y además una veterinaria iba a supervisar in situ el bienestar de los animales para informar diariamente a la Comunidad de Madrid sobre su estado.

La Consejería de Medio Ambiente ha explicado este miércoles que actuó siempre en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y que la decisión de levantar la suspensión de Vivotecnia se ha tomado porque las imágenes se tomaron hace dos y tres años, por lo que cuando los inspectores entraron en las instalaciones “los animales estaban bien, no se apreciaba ningún maltrato como el que aparece en las grabaciones”. Además, añadió, “el juez no ha tomado ninguna medida cautelar”. El juicio, mientras, sigue adelante.

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