Vivotecnia: el laboratorio de los horrores

“Déjale que se rompa la columna”, “aquí está el pito, los huevos deben estar por ahí”, “cerda psicópata”, “como Hitler, pasajeros al tren”... El vídeo publicado el 8 de abril por la ONG Cruelty Free International (CFI) hiela la sangre. Se ve a trabajadores de Vivotecnia, un laboratorio madrileño situado en Tres Cantos, manipulando perros, cerdos, ratones, conejos o monos cruzando todas las líneas fijadas por la ley de bienestar animal. Golpes, movimientos bruscos, insultos, risas y desprecios. Desde el momento en que el vídeo salió a la luz la polémica estaba servida y el debate sobre la experimentación con animales, sobre la mesa. Más de una semana después de que se hicieran públicas aquellas imágenes, grabadas entre 2018 y 2020, la Comunidad de Madrid mantiene la suspensión temporal del laboratorio mientras el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente investigan los hechos. Todas las miradas apuntan hacia los más de 880 animales que todavía se encuentran en el laboratorio, convertidos en supuestas pruebas de un delito.

Hay cinco actores implicados en esta escabrosa historia. Los normalmente olvidados animales de laboratorio —ahora hay 130 perros de raza beagle, 700 ratas y ratones y 54 conejos, según datos del Ejecutivo madrileño—, las Administraciones —que tratan de evitar que el caso salpique en periodo electoral—, los activistas —que llevan una semana protestando por la liberación de los animales—, el laboratorio de los horrores y CFI —el origen de todo—.

La bomba informativa explotó el jueves día 8. En cuestión de minutos, la mujer que consiguió grabar las imágenes se convirtió en heroína para algunos y enemiga para otros. Las redes empezaron a arder. The Guardian recogió la información y, un día después, eldiario.es. En la puerta de la empresa se empezaron a concentrar desde el pasado fin de semana decenas de activistas que coreaban el supuesto nombre de la mujer que difundió la grabación. Días después, se supo que era falso.

Todas las miradas se centraron en ella. Quién era, cómo lo había hecho y por qué no había denunciado directamente ante un juzgado. CFI, una ONG fundada en 1898 que trabaja contra la experimentación animal, la ha protegido contra viento y marea. Mantiene férreamente su anonimato y desvía la atención hacia una única idea: lo importante son las imágenes publicadas y los animales que todavía se encuentran en el laboratorio, custodiados por un veterinario del Gobierno regional y varios de la propia empresa.

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Lo único que el abogado de la asociación, Carlos Contreras, ha revelado es que se trata de una trabajadora de Vivotecnia que formó parte de la plantilla del laboratorio entre 2018 y 2020. Según la versión del letrado, avisó a los directivos de la empresa de las atrocidades que veía cada día. Pero no le hicieron caso. Fue entonces cuando decidió recabar el mayor número de pruebas, para que el exterior viera con sus ojos lo que pasaba dentro. El resultado se resume en “muchas horas de metraje” y un informe de más de 70 páginas que está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha abierto una investigación. Los agentes del Seprona, que se encargan de las diligencias policiales, están analizando el vídeo para comprobar cuándo y cómo se grabó, el montaje o la coincidencia con los animales que todavía hay en las instalaciones.

Si la exempleada trabajó asesorada por CFI todavía no se sabe. También es un secreto. Y puede que no se desvele nunca. La organización interpuso el lunes pasado una denuncia penal en el Juzgado número 6 de Colmenar Viejo e incluyó una petición: que ella estuviera amparada bajo la figura del whistleblower, un concepto legal recogido en el Parlamento Europeo desde 2019 para personas que informan sobre presuntas actividades deshonestas o ilegales a las que se les asegura la confidencialidad total en los tribunales. Todavía no saben si el juez lo aceptará.

El otro gran foco de esta historia apunta a la propia empresa, que se mantiene en silencio. El máximo responsable de Vivotecnia, Andrés König, emitió un comunicado cuando trascendieron las imágenes admitiendo sentirse “consternado” ante el vídeo. Poco más se sabe. Este periódico ha intentado contactar con él por varias vías, pero no ha tenido éxito. Lo que sí se conoce, según apunta la Consejería de Medio Ambiente, es que la Administración está obligada a inspeccionar una vez al año laboratorios de este tipo y, en este caso, no hubo ninguna incidencia reseñable.

Algo falló entonces. Además de la lupa administrativa, en este tipo de laboratorios debe existir siempre un comité ético que vigile e inspeccione el trabajo de los técnicos y veterinarios, que son los que manipulan a los animales. Por eso, diferentes asociaciones animalistas critican que la Comunidad de Madrid no incaute a los animales y sigan dentro del laboratorio. “¿Cómo puede ser que los propios maltratadores estén cuidando a las víctimas?”, se queja Arantza Sanz, abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid. El Gobierno regional asegura que está atado de pies y manos. “La legislación dice que solo podemos incautar si hay un caso muy grave de riesgo de vida para los animales”, explica. Y tranquiliza: “Están todos bien. Nada que ver con las imágenes”.

Que eso sea una treta para ocultar pruebas ya es otro tema, dicen los animalistas, que no se fían de los mensajes enviados por la Administración. De hecho, las asociaciones AnimaNaturalis y Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) han anunciado que se personarán en la causa. El partido Pacma lo hizo el domingo pasado.

Contra los trabajadores

Mientras en redes sociales se ensalza (o critica) a la mujer que grabó las imágenes, también se ha buscado a los villanos, encarnados en trabajadores y extrabajadores de la empresa. Uno de ellos, contratado como cuidador del animalario hasta 2017 pide mantener el anonimato y enseña mensajes recibidos en su cuenta de Linkedln: “No hiciste nada por los animales, maldito asesino repulsivo”. Dice que lo ha denunciado ante la Guardia Civil porque le han llegado a decir que cuide a su familia “y no puedo ni dormir”, afirma. La empresa, asegura, ha aconsejado a todos los trabajadores que dejen las redes sociales o se desvinculen de Vivotecnia. Pero el acoso va más allá. “Me llaman por teléfono a mi casa y me acusan de ser cómplice”.

Esta persona asegura que, en los años previos a las grabaciones, nunca vio algo como lo que aparece en el vídeo porque “lo habría denunciado inmediatamente”. También apunta que algunos procedimientos pueden ser cuestionables. Los perros nunca salen a pasear, “se les saca dos veces al día para limpiar las jaulas, pero pasan de un lugar cerrado a otro”, y se les rotula en la frente cuando se les distingue perfectamente. “Había dos, un macho y una hembra. No era necesario”.

Vivotecnia nació en 2007 y se trasladó dos años después a las instalaciones en el Parque Científico de Tres Cantos. Es una organización dedicada a la investigación por contrato para farmacéuticas y biotecnológicas. La empresa realiza pruebas de toxicidad para la industria cosmética, química, agroquímica, biocidas y productos sanitarios y cuenta con alrededor de 170 trabajadores distribuidos entre los encargados de cuidar el animalario, los técnicos de laboratorio y los veterinarios.

Mientras este sábado se multiplicaban las manifestaciones que piden el cierre de la empresa en distintas ciudades españolas (Madrid, Almería, Zaragoza, Girona...) y hay más convocadas este domingo (Bilbao, Barcelona, Valencia...), el caso ha salpicado al Gobierno central. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han contratado los servicios de Vivotecnia, y el propio ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se vio obligado a atajar el tema el viernes. Duque sostuvo que para cambiar la legislación nacional tendría que haber un “problema generalizado”, algo que, en su opinión, no ocurre actualmente. El director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Asuntos Sociales, Sergio García, piensa que sería necesario instalar sistemas de videovigilancia en estos espacios.

La página web de Vivotecnia —cerrada tras el escándalo— se mostraba como una empresa modélica con instalaciones de vanguardia para primates “que exceden los estándares exigidos de bienestar animal”. Presumía de contar con mecanismos de captura adyacentes para permitir la observación de los animales y el enriquecimiento ambiental, “incluyendo forraje, juguetes, piscina, televisión, columpios o empleo del refuerzo positivo”. Esa descripción idílica contrasta con la imagen del beagle que aparece en el vídeo tumbado en el suelo de una sala, sin camas ni juguetes, y rodeado de sangre.

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