Una inspección descubre a 17 trabajadores irregulares en un colegio privado de Madrid
Profesores y personal de mantenimiento de la escuela seguían trabajando a pesar de estar acogidos a un ERTE
Hay inspecciones de empleo amables y otras que parecen una redada. El operativo del Ministerio de Trabajo y agentes de la Policía Local de Madrid en el Colegio Nuevo Centro encaja en este segundo tipo. Inspectores y agentes irrumpieron en esa escuela privada del sur de la capital el miércoles de la semana pasada a la hora del almuerzo. Un coche patrulla bloqueó la salida, junto al cartel que da la bienvenida al “colegio de los niños triunfadores”, y los funcionarios entraron con paso firme a la búsqueda de trabajadores irregulares mientras los alumnos asustados hacían el camino desde el comedor a las aulas. Descubrieron a 17 empleados trabajando a pesar de que estaban acogidos a un ERTE, según una portavoz del ministerio, que confirma las informaciones que profesores del centro habían revelado a EL PAÍS.
A mediados de mayo, tres inspectores que visitaron el colegio se las vieron y se las desearon para agarrar a los infractores, que se escondieron en distintos rincones del campus de más de 60.000 metros cuadrados. Según una profesora que pide anonimato para no sufrir represalias, algunos se refugiaron en el aparcamiento y otros, en el edificio de la piscina climatizada, como si estuvieran jugando al gato y al ratón.
Según una docente, tras esa visita el director y dueño de la escuela reunió al claustro en el comedor y en lugar de decirle a los trabajadores en ERTE que debían dejar de ir a trabajar, presumió de haber esquivado a los inspectores. “Se han ido con la cabeza gacha”, alardeó el empresario, Alberto Martín.
Una posible sanción
El Colegio Internacional Nuevo Centro se enfrenta a una posible sanción que puede hundir las delicadas finanzas de la institución. Las multas por infracciones graves de la legislación laboral oscilan entre 6.251 y 187.515 euros por cada trabajador. Los trabajadores que incumplían la legislación eran profesores y personal de mantenimiento, según la portavoz del Ministerio de Trabajo. Durante la pandemia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha destapado miles de casos de fraude en empresas que tenían a trabajadores percibiendo indebidamente las prestaciones por ERTE.
El colegio se encuentra en el distrito de Villaverde y fue fundado en 1986. Lleva años en crisis, perdiendo alumnos, a pesar de que hasta 2018 era incluido por el periódico El Mundo como uno de los 100 mejores de España. Lo cierto es que hay tan pocos estudiantes que han tenido que reducir el tamaño hasta una sola aula en algunos cursos. Según UGT, varios profesores han interpuesto acciones judiciales por impago. El mes pasado, una docente denunció por agresión a Martín, el dueño y director.
Martín es un empresario extremeño que ha sido objeto de denuncias por irregularidades desde los años 80, cuando abrió el colegio. Según informaciones aparecidas en prensa, Martín tenía a profesores sin titulación y sin registrar en la seguridad social.
El colegio se caracteriza por su formación heterodoxa: a los tres años, sus alumnos ya experimentan en un laboratorio; a los nueve, inician un “máster de Empresa”, y a partir de los 12 compiten por los premios Nobel de la propia escuela. En 2009, el PP de Esperanza Aguirre le concedió por ley el derecho a abrir una universidad privada en el mismo campus del colegio, pero el proyecto hizo agua cuando la agencia de calidad del Gobierno central tumbó sus extravagantes planes de estudio. En una entrevista reciente, Martín le dijo a este periódico que tenía una cita con la presidenta Isabel Díaz Ayuso para rescatar su proyecto universitario: “Como ahora está la Ayuso, espero que lo entienda. Ella es inteligente. Es una mujer de futuro, como nuestra universidad”.
Dentro del recinto escolar hay un fantasmagórico edificio de facultades que nunca ha recibido estudiantes universitarios. En la entrada, desde hace años un cartel da la bienvenida a “la universidad de los líderes”. Según la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el letrero podría suponer una infracción por publicidad engañosa.
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