Madrid deja sin certificado de inglés a más de 60.000 alumnos de centros bilingües

Más de 60.000 alumnos de centros públicos y concertados que el curso pasado tenían derecho a un examen certificado de Cambridge se quedaron sin hacerlo por el estado de alarma. El Gobierno regional explicó entonces que se suspendía la prueba por la que cada año se paga a una empresa para examinar a los alumnos de 6º de primaria y 4º de la ESO. Las razones eran obvias. Las sucesivas prórrogas por el estado de alarma lo hacían inviable el pasado mayo. También explicó a través de un comunicado que estudiaría la posibilidad de que los alumnos pudieran presentarse “en el primer trimestre del curso siguiente”. El plazo ha pasado sin noticias del examen y los estudiantes se sienten engañados. Se están organizando para reclamar a la Administración que revierta la decisión.

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La Consejería de Educación ha confirmado que “este año se va a ofrecer el examen de inglés” para obtener el título de Cambridge A2 Key for schools, B1 preliminary, B2 First y C1 Advance “a los alumnos que cursan actualmente 6º de primaria y 4º de la ESO”. De los del año pasado, nada se sabe. Están ya en otro curso y han perdido la oportunidad, víctimas por segunda vez de la pandemia. Sin embargo, los menores, sobre todo los de 4º de la ESO, se sienten engañados y maltratados, y se están organizando para reclamar a la Administración que reviertan una decisión que consideran injusta.

Claudia Moncayo, de 16 años, no se lo puede creer todavía. Por eso mandó el pasado 12 de marzo un escrito al Ejecutivo para mostrar su “disconformidad” por la decisión. Carmen Méndez, la directora del instituto Joaquín Turina en el que estudia, la define como una alumna “excelente” y con las ideas muy claras. La menor, que forma parte del Consejo Escolar, se enteró el pasado diciembre por ella de que se quedaba en un limbo y sin examen por segundo año consecutivo.

Para esta alumna es importante conseguir el certificado de inglés, porque lo necesita para entrar en la universidad, ya que quiere estudiar literatura general y comparada en la Universidad Complutense. “Sin la titulación del B2 en inglés no puedo acceder al grado”, aclara. Ella, considerada una alumna “brillante”, tenía previsto presentarse a la prueba C1, equivalente al Advance de Cambridge, y se quedó “muy decepcionada” cuando se enteró de que se iban a ahorrar algo que les corresponde a todos los alumnos que estudian en centros bilingües. Los profesores y la directora de su centro la apoyan a ella y a todos los que están aglutinándose a su alrededor para protestar. “Es como si un año no hay selectividad por lo que sea y ya lo pierden”, se queja Méndez.

En este caso se trata de unas pruebas de evaluación externas anuales. Son un instrumento esencial para medir y garantizar la calidad del Programa Bilingüe a través de los exámenes que realizan prestigiosos centros de evaluación en inglés, como el Trinity College de Londres, el Cambridge English Assesment o la University of Cambridge local examinations syndicate (Ucles). Cada año, la Comunidad de Madrid saca a concurso la licitación por un precio que ha ido aumentando desde los 2,5 millones de 2015 hasta los poco más de 4 millones de este mismo curso. Esos centros examinan de las cuatro destrezas (comprensión y expresión, oral y escrita) a los menores de 6º de primaria (que se suelen presentar al A1 o B1) y a los de 4º ESO (preparados para el B2 o el C1) en unas pruebas que se consideran censales. En los últimos cinco años se han presentado 151.674 alumnos de primaria y 45.593 alumnos de secundaria, con un grado de éxito en los resultados que ronda el 75%.

“Es como si un año no hay selectividad por lo que sea y ya lo pierden

Carmen Méndez, directora del instituto Joaquín Turina

La Comunidad de Madrid ―que cuenta con 589 centros públicos bilingües, de los que 190 son institutos, y 216 concertados, con unos 250.000 alumnos matriculados― ha defendido desde hace más de una década su compromiso activo de incorporar el inglés como primera lengua extranjera. De hecho, desde el 2004, está llevando a cabo un programa propio de enseñanza donde las asignaturas en inglés ocupan al menos un 30% del horario lectivo semanal. Un esfuerzo que los alumnos como Claudia quieren ver recompensados cuando más lo necesitan.

Lo mismo le pasa a Marco Noguera, también de 16 años y estudiante del instituto Joaquín Turina. Tiene previsto estudiar la carrera de Físicas en inglés en Dinamarca, Suecia u Holanda y necesita acreditar el título C1. “Tenemos que hacerlo este año porque el que viene, con la EvAU, no vamos a tener tiempo”, se queja él.

Un problema que no es igual para todos. “Me parece especialmente injusto con los niños de 4º de la ESO, porque pierden la oportunidad. Los de primaria al menos saben que más tarde podrán presentarse”, afirma Méndez. El mismo argumento utiliza Esteban Álvarez, presidente de la asociación los institutos madrileños (Adimad) y director también de un instituto bilingüe, el de Sierra de Guadarrama, en Soto del Real. “No tiene sentido esto que están haciendo, les están dejando tirados. El dinero que se ahorraron el curso pasado que lo utilicen este, tampoco es tan complicado”, reclama, a la vez que critica que el Ejecutivo regional “se pasa el día criticando la ley Celaá, pero luego es incapaz de gestionar algo así”.

“Se pasan el día criticando la ‘ley Celaá', pero luego son incapaces de gestionar

Esteban Álvarez, presidente de Adimad

La solución, como todo, pasa por el dinero. Los exámenes individuales cuestan entre 105 euros el más barato (el B1) hasta 210 euros, el más caro (C1), según el nivel, y si la Administración no cede, quien quiera, o pueda, tendrá que pagárselo de su bolsillo. “No todo el mundo se lo puede permitir”, lamenta Claudia. Un cálculo sencillo provoca aún más enfado: si se presentaran por su cuenta 40.933 alumnos al examen, el mismo número que hace dos años, según los Datos y Cifras de la Educación 2019-2020 de la Consejería de Educación, los centros privados recaudarían casi siete millones de euros. “Es lamentable cómo este Gobierno siempre tiende a favorecer intereses privados”, lamenta Isabel Galvín, de CC OO.

“Yo acabaré pagándolo”, admite Marco. “Aunque me parece injusto porque además tendré que prepararlo en una academia privada. Me parece muy cutre que nos hagan esto”.

Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que “la Comunidad de Madrid está buscando una solución” para estos chicos, pero que no puede “adelantar nada”. Primero pusieron el foco en el primer trimestre, pero ahora mismo acaban de terminar el segundo. La cosa no pinta bien porque, según el contrato de licitación de este curso, “las pruebas tienen que realizarse, obligatoriamente, durante el mes de mayo”. Claudia, nerviosa, añade que el tiempo pasa y, a punto de entrar en abril, no ha recibido ninguna respuesta de la Administración a su carta certificada.