La universidad fantasma de Madrid quiere resucitar
Un empresario bien conectado al PP se ha animado a reactivar un viejo proyecto al ver el boom universitario privado en la Comunidad
En 2009, el Partido Popular madrileño de Esperanza Aguirre concedió a Alberto Martín el derecho a abrir una universidad privada, el deseo que este empresario extremeño albergaba desde 1986, cuando inauguró un colegio de élite en el humilde sur de la capital de España. Era un proyecto extravagante porque Martín quería construir el edificio con las facultades en el mismo campus de su escuela, para que sus alumnos tuvieran la opción de completar todo el ciclo educativo desde la guardería hasta la graduación universitaria. Pequeños y mayores compartirían comedor, instalaciones deportivas y profesores. Era una fórmula que llamaba la atención, pero eso es justamente lo que siempre había buscado Martín. A los tres años, sus alumnos ya experimentan en un laboratorio, a los nueve inician un “máster de Empresa”, y a partir de los 12 compiten por los premios Nobel de la propia escuela, el Colegio Nuevo Centro.
Martín compró publicidad en los autobuses de la capital, dio entrevistas presentándose como el rector y levantó un edificio con 14 aulas para acoger a los futuros estudiantes de la nueva institución, a la que llamó Universidad Tecnología y Empresa. Padres y alumnos eran recibidos al entrar al recinto escolar por dos carteles en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y chino). A la izquierda, uno verde dando la bienvenida al “colegio de los niños triunfadores”; a la derecha, otro azul, “la universidad de los líderes”. Martín, director del colegio, y su equipo comenzaron a sentarse en las reuniones de los 78 rectores de España, todos “Excelentísimos y Magníficos Señores”.
Doce años después ni un solo estudiante se ha matriculado en la Universidad Tecnología y Empresa porque nunca ha llegado a impartir clases, a pesar de que muchos pueden llevarse a engaño. En el campus del colegio de Martín, los carteles de la universidad siguen en su lugar y el edificio de facultades continúa en pie, con su flamante salón de actos cubierto por una madera dura con aspecto de costar una fortuna. La universidad sigue apareciendo en el registro del Ministerio de Universidades y en guías de orientación para estudiantes. Es un centro que quedó en el limbo y ahora, a la vista de la oleada de universidades privadas que están siendo autorizadas por la Comunidad de Madrid -cinco en poco más de dos años-, Martín pretende resucitar a su fantasma.
Martín es un septuagenario nacido en el pueblito de Mirabel (Cáceres) que viste traje y corbata y camina con algo de dificultad. Su segunda casa es el colegio, que tiene los pasillos decorados con fotos de ilustres visitantes, como si fueran grandes trofeos. Algunos son eminencias de la ciencia española como Valentín Fuster o Santiago Grisolía. Muchos son viejas glorias del PP y periodistas de medios conservadores: Soraya Sáenz de Santamaría, Eduardo Zaplana, Manuel Fraga, Alfonso Ussía o Luis María Anson. También figuran políticos que siguen en el poder madrileño, como el consejero de Vivienda, David Pérez, o el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Durante una visita reciente de este periódico, Martín se sienta en un escritorio protegido por una mampara de vidrio y pide a un asistente que traiga un folleto desplegable de su universidad. En él aparecen las típicas fotografías de stock usadas en la publicidad educativa: jóvenes sonriendo a la cámara mientras teclean un ordenador portátil o celebrando su graduación con toga y birrete. Según el documento, la universidad iba a abrir sus puertas en septiembre de 2010, ofreciendo diez títulos oficiales, entre ellos enfermería, fisioterapia, periodismo, ingeniería informática o pedagogía. El folleto enumera otros títulos que estarían disponibles en el curso 2013/14: derecho, medicina, escuela de líderes, ingeniería nuclear e ingeniería atómica (estas dos últimas eran titulaciones separadas a pesar de tratarse del mismo tipo de energía).
“Nos toman por locos, pero esto es un proyecto muy bonito”, lamenta él. “Hacemos las cosas distintas. ¿Para qué quiere un abogado estudiar Historia del Derecho? Somos diferentes”.
En teoría, abrir una universidad privada es más difícil que montar una pescadería o un bar, porque hace falta una ley especial de la comunidad autónoma para cada nuevo proyecto. También es obligatorio consultar a un órgano externo al Gobierno autonómico, el Consejo de Universidades, donde se sientan los rectores de toda España. Los rectores emitieron un dictamen negativo porque consideraron que la nueva institución no aportaba nada nuevo a la oferta educativa madrileña o a la investigación científica. Pero daba igual porque el informe no era vinculante y Martín tenía buenas conexiones con el PP de Aguirre, que disfrutaba de una mayoría absoluta histórica en la Asamblea de Madrid. Desde los años noventa, Madrid experimentaba un boom de universidades privadas. Con Universidad Tecnología y Empresa ya eran nueve, un número superior a las seis públicas.
Comparada con Harvard
En los debates de la ley en el pleno de la Asamblea, la oposición cargó contra la universidad de Martín examinando los detalles del plan y el pasado del empresario.
La diputada Lali Vaquero, de Izquierda Unida, criticó que el proyecto solo preveía una plantilla de 34 profesores, que iban a dividir su tiempo entre el colegio y la universidad. Recordó que en los ochenta la administración le había cerrado un colegio anterior porque sus instalaciones no reunían las condiciones adecuadas, y que durante muchos años ha recibido cientos de denuncias por irregularidades, como tener a profesores sin título o sin registro en la seguridad social: “¿Tanto poder tiene el señor Martín, promotor de la Universidad Tecnología y Empresa, para sacar este engendro adelante?”.
El diputado del PSOE, José Antonio Díaz, alegó que el incremento sin freno de la oferta de universidades madrileñas iba a desequilibrar el sistema universitario, por ejemplo restando valor a los títulos. “La educación no es vender peras, manzanas o cualquier otro producto; no es eso, no se confundan”, increpó. “El sistema universitario no es barra libre, es un sistema que requiere mucho cuidado, y desgraciadamente, con su planteamiento, lo que pueden estar poniendo en cuestión es precisamente la excelencia”.
Los populares hicieron un alegato entusiasta. Obviaron las características del proyecto y basaron su defensa en una cuestión de principios, la protección de la libertad empresarial. La consejera de Educación, Lucía Figar, aseveró que la universidad de Martín era “importantísima” para la libertad de elección de los alumnos del sur de Madrid. El diputado Juan Soler, más tarde alcalde de Getafe, reprochó a la oposición sus prejuicios sobre la iniciativa privada y puso de ejemplo otras universidades, algunas de prestigio mundial, para argumentar que, sin la libre empresa, “no hubiera podido ser universidad el CEU San Pablo, ni Icade, ni Harvard, ni Yale, ni Princeton, ni Cornell...”.
La ley 3/2009 de reconocimiento de la Universidad Tecnología y Empresa fue aprobada el 24 de junio. Se prematricularon 620 alumnos para el curso 2009/10, según Martín, pero no pudo abrir de inmediato. Necesitaba superar un par de obstáculos más. Primero, la agencia de calidad del Gobierno central, la Aneca, debía aprobar uno por uno los títulos académicos. Luego, podría tocar de nuevo en la puerta de la Comunidad para que le dieran el permiso de inicio de actividad, el último trámite.
El empresario extremeño presentó a la Aneca diez títulos en septiembre de 2009, pero la agencia estatal los rechazó todos. Los formularios tenían multitud de errores y se incumplían requisitos básicos como las cualificaciones de los profesores o los convenios para prácticas de empresa. Martín se reunió con los funcionarios de la Aneca para tratar de corregir los errores, pero el empresario tenía un desconocimiento profundo del funcionamiento de una universidad.
“No sabía dónde se metía. Me decía que había contratado a siete rectores para dar clase cuando en realidad quería decir catedráticos”, recuerda el vicepresidente de la Aneca, Laureano González Vega.
Por fin en 2012, tras muchas correcciones, la Aneca validó los títulos, pero era demasiado tarde porque la ley aprobada por la Asamblea madrileña le había impuesto un año para cumplir ese trámite. A González Vega le llamó la atención que Martín no hubiera desistido, sabiendo que había sobrepasado ese plazo. Parecía muy confiado en que la Comunidad le daría el último permiso.
Pero contra lo que esperaba, el empresario topó con un muro en territorio amigo. Cuenta que habló “millones de veces” con el presidente madrileño que ese mismo año sustituyó a Esperanza Aguirre, Ignacio González. “Me decía que sí, que sí, pero todo eran largas”, cuenta él. Figar, que seguía de consejera de Educación, le intentó echar un cable. “Me dijo que ella lo había puesto encima de la mesa y González no lo quería firmar”, añade Martín.
Mientras narra esto, Martín agarra un post-it y escribe “22 de junio de 2017. ABC”. Ahí, según él, está la clave. En la web de ese periódico aparece un artículo que muestra una foto de González con una sonrisa algo diabólica. Según la información de Abc, González se había embarcado durante su presidencia en el proyecto de abrir una universidad del deporte, un plan que contaba con el respaldo financiero de la Federación Española de Fútbol, presidida por Ángel María Villar. Según Martín, González se olvidó de su Universidad Tecnología y Empresa y dio prioridad a la universidad del deporte. Ese proyecto también quedó en agua de borrajas.
Contactada por este periódico, la Consejería de Educación precisa que Martín estaba fuera de plazo e incumplía la normativa estatal en cuanto a plantilla de profesorado, planes de estudio y arquitectura (su plan de que los niños del colegio compartieran espacio con los universitarios era ilegal porque incumplía los requisitos mínimos de superficie por alumno).
Colegio venido a menos
Durante años, Martín ha luchado por recuperar su derecho a abrir la universidad, hasta que en octubre del año pasado el Tribunal Supremo inadmitió su último recurso.
Martín confiesa que siente “envidia” porque, mientras su centro languidece, otras universidades privadas han sido aprobadas en Madrid. Desde 2019, la Comunidad ha dado el visto bueno a cinco nuevos proyectos, que se encuentran en distintas fases: Cunef, (de la Banca), Villanueva (Opus Dei), Esic (sacerdotes dehonianos), Universidad Internacional de la Empresa (Planeta) y Esne (de la empresaria Rosa Pérez). El empresario extremeño quiere reunirse con la presidenta Ayuso para que le aprueben una nueva ley. A este periódico le asegura que tiene apalabrada una reunión, pero no le han dado fecha porque debe esperar unas semanas a que el nuevo Gobierno tome posesión.
“Como ahora está la Ayuso espero que lo entienda. Ella es inteligente. Es una mujer de futuro, como nuestra universidad”, dice él. Una portavoz de la presidenta madrileña no ha podido confirmar si esa reunión ha sido concedida.
Pero los días de gloria del Martín empresario quedan ya lejos, según varias fuentes del sector consultadas. La delegada de educación privada de UGT Madrid, María Jesús García, dice que el Colegio Nuevo Centro tiene aulas semivacías y se le están acumulando denuncias de trabajadores a los que no paga: “Es un colegio claramente venido a menos”. La escuela ha solicitado un concierto educativo para el curso 2020/21, pero la Comunidad de Madrid se lo ha denegado. Más problemas: la Consejería de Educación le dice a este periódico que las vallas anunciando la universidad a la entrada del colegio pueden ser constitutivas de infracción administrativa por publicidad engañosa.
Las opiniones sobre Martín varían en internet como la noche y el día: en la prensa extremeña es comparado al conquistador Francisco Pizarro; en los foros de padres algunos lo ven como un Jesús Gil de la educación.
Críticos de las políticas liberales de la Comunidad creen que el caso de Universidad Tecnología y Empresa debería servir de aviso de los riesgos que tiene un exceso de confianza en el libre mercado. “Montar una universidad debería ser una cosa más seria”, valora el exdiputado socialista Juan José Moreno Navarro. “Que la Comunidad permitiese esto es sorprendente”.
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