Los préstamos fallidos de la entidad Madrid Network creada con Aguirre se han tragado ya 20 millones
La Comunidad de Madrid trata de ocultar el fiasco de esta entidad público-privada que tuvo en nómina a Díaz Ayuso entre 2008 y 2011
Los fallidos negocios de innovación del entorno de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre van a costar al contribuyente al menos 20 millones de euros. Es la cantidad que la opaca entidad público-privada Madrid Network, creada en la primera legislatura de Aguirre, ya da por perdida después de que las empresas a las que financió con créditos blandos del Ministerio de Ciencia hayan dejado de pagar. La mayoría de negocios seleccionados para beneficiarse de esta financiación en 2011 fracasaron, entraron en liquidación y los avalistas y garantías que presentaron han resultado no existir. Todos son insolventes. Esta cifra es muy conservadora, puesto que solo considera lo que adeudaban en el último trimestre de 2018, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Actualmente la cantidad irrecuperable puede ser mayor.
El Gobierno regional trata de ocultar el fiasco de Madrid Network, que pagó un elevado sueldo a Isabel Díaz Ayuso entre 2008 y 2011, cuando esta trabajaba para el Partido Popular de Madrid. La ahora presidenta madrileña percibía 4.219 euros al mes de este ente que también empleaba a otras jóvenes promesas del PP antes de que dieran el salto a cargos públicos, como desveló este diario en 2019. Hasta entonces los distintos currículos de la presidenta obviaban qué había hecho en esos años. Díaz Ayuso cobró de Madrid Network, supuestamente por trabajar en el departamento de prensa ―es periodista de formación― hasta el mes anterior a entrar como diputada de la Asamblea de Madrid en junio de 2011. Aguirre también colocó a Santiago Abascal, hoy líder de Vox y entonces afiliado al PP, en dos de las muchas fundaciones que dependían del Gobierno regional. Pablo Casado ha atacado en más de una ocasión al líder de Vox recordándole que cobró de “fundaciones, chiringuitos y mamandurrias de algún que otro Gobierno autonómico”.
Ahora el Gobierno regional se niega a informar sobre Madrid Network alegando que “es una entidad privada con personalidad jurídica propia”. Pero hasta hace pocos años los Gobiernos de Aguirre y de Cristina Cifuentes le destinaron subvenciones directas, incluida la época en la que Ayuso estuvo a sueldo de la entidad. Además de las subvenciones, la entidad gestiona 80 millones de dinero público que le fueron confiados por la propia Comunidad en 2011, de los que se ha quedado una parte en concepto de gestión. El Gobierno regional no quiere dar explicaciones sobre el estado actual de ese crédito y solo desvela que a principios de 2019 26 empresas habían dejado de pagar el crédito.
Madrid Network es la más opaca de las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades que florecieron durante las dos legislaturas de Aguirre. Formalmente es un ente de derecho privado, lo que la exime de presentar cuentas en el Registro Mercantil y de someterse al escrutinio de los interventores públicos y de la Asamblea de Madrid. Pese a no estar auditada, Aguirre decidió cederle la gestión de 80 millones en créditos ventajosos (con un interés del 1,2% y cinco años de carencia) que el Ministerio de Ciencia destinó a la promoción de las empresas innovadoras madrileñas y que eligiera a quién se los iba a dar. Entre los beneficiarios se colaron varios empresarios relacionados con el PP y ex altos cargos del partido, como el polémico exconsejero de Sanidad Manuel Lamela e Ildefonso de Miguel, antiguo gerente del Canal de Isabel II que acabó imputado en el caso Lezo junto con Ignacio González.
La productora Secuoya, que tenía como consejero a Miguel Ángel Rodríguez ―secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar y hoy jefe de Gabinete de Ayuso― también recibió un crédito de 800.000 euros para levantar la Ciudad de la Tele, un faraónico proyecto de producción audiovisual. El proyecto no se llevó a cabo y la empresa lo devolvió de forma “amistosa” en 2015, porque no se estaba “ejecutando correctamente”, según la memoria económica de los préstamos.
La auditoría: 67 millones sin justificar
Los sucesivos ministerios del PP y el PSOE encargados de auditar el destino de esos 80 millones tienen constancia desde 2017 de que la gestión de los créditos fue un desastre y de que buena parte de ese dinero probablemente jamás se recuperará. Un informe, al que ha accedido EL PAÍS, muestra que en 2017 el Ministerio de Economía y Competitividad encabezado por Luis de Guindos encargó una auditoría a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). La conclusión fue demoledora: 67 de los 80 millones estaban sin justificar, la mayoría de proyectos financiados no se adecuaban “a las líneas de actividad recogidas en el convenio”, no hubo concurrencia ni se había “acreditado el desarrollo y funcionamiento de los centros desarrollados al amparo del mismo”.
El proyecto de Lamela, por ejemplo, que consistía en crear una empresa que atrajera turismo sanitario privado a Madrid, no tenía nada que ver con la innovación. Además se sirvió de una asociación sin ánimo de lucro para no aportar garantías en caso de impago. No ha devuelto el medio millón de euros que recibió.
El ministerio de Guindos guardó el informe de Isdefe en un cajón. El de Pedro Duque (PSOE) tampoco ha tomado medidas. Ambos además han negado que existiera una auditoría de los préstamos de Madrid Network cuando este diario les ha preguntado al amparo de la Ley de Transparencia. La última vez, en diciembre pasado, Ciencia ni siquiera respondió a la solicitud sobre el estado del análisis de los 80 millones de euros en créditos preferentes, que es preceptivo al tratarse de una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Ahora un portavoz del Ministerio de Ciencia reconoce la existencia del informe de 2017 y asegura que en breve se va a emprender la auditoría “definitiva”.
El análisis de Isdefe afirma en sus conclusiones que el Gobierno madrileño “no ha aportado información documental” que justifique que se han publicado y resuelto las cinco convocatorias (de 2010 a 2014) a las que se presentaron los proyectos, tan solo que las publicó en su web. Además, le reprocha que solo presente como información económico-administrativa “las órdenes de movimiento de fondos”, que además no están bien referenciadas y en algunos casos mal selladas. Para demostrarlo incluye una tabla de anexos. Empresarios consultados por este diario relataron que a las convocatorias no se les daba publicidad. Al proceso de selección de proyectos se acudía por invitación o por ser asociado de Madrid Network.
Sin las ruedas de prensa pactadas
Aunque las empresas que recibían el préstamo debían celebrar una rueda de prensa al año visibilizando la colaboración del ministerio, Isdefe no tiene constancia de que tuviesen lugar. Ayuso trabajaba en el departamento de comunicación que supuestamente tendría que haber ayudado a organizar esos eventos y a promocionar centros que en muchos casos han resultado fantasmas. En realidad, la entonces periodista dedicaba parte de su tiempo a encargarse de la comunicación online del PP de la capital y de llevar la cuenta de Twitter de Aguirre. En aquella época manejaba también el perfil del perro de la expresidenta, Pecas, creado para la campaña electoral de 2011.
Aunque al menos 26 empresas no están abonando su crédito a Madrid Network, la Comunidad sí está devolviendo el crédito al Estado, asegura un portavoz del Ministerio de Ciencia, que hasta ahora ha recuperado 42 millones de euros. La entidad comenzó el mandato de Ayuso bajo el paraguas de la Consejería de Ciencia, en manos de Ciudadanos, pero de facto está en manos del liberal Javier Fernández-Lasquetty, responsable de Sanidad con Aguirre. “Como entidad privada, se relaciona con la consejería de innovación en lo relativo al ámbito material de las actuaciones de innovación y con la consejería competente en materia de política financiera en lo relativo a la devolución del préstamo concedido”, argumentan desde Hacienda.
La oposición, mientras tanto, cree que la transparencia en la gestión empeoró desde que Ciudadanos entró en el Gobierno en 2019 con Ayuso. Hay un “cerrojazo informativo”, creen, mayor que durante los mandatos de Cristina Cifuentes o Ángel Garrido. Más Madrid, por ejemplo, sostiene que lleva meses esperando un informe del fondo de capital riesgo Inicap, del que la Comunidad es principal accionista, y que está relacionado con Madrid Network, la entidad incapaz de justificar 67 de los 80 millones de euros que recibió del erario público.
