Las manos que mecieron el Canal de Isabel II

Esperanza Aguirre y el ahora detenido Ignacio González confiaban tanto en Ildefonso de Miguel que en 2006 le encargaron que gestionara la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, un mastodonte con cerca de 2.500 empleados y a la que solo en patrimonio se le calcula un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Estuvo en el cargo hasta el verano de 2009, cuando por sorpresa abandonó el Canal.

Se vio obligado a dimitir después de que el consejo de administración pusiera pegas a su intento de adjudicar un contrato de atención telefónica de 26 millones de euros a una de las ofertas más caras presentadas a concurso. Esa salida por la puerta de atrás no significó que De Miguel, que acompañaba a González en el célebre viaje a Colombia en el que este último fue espiado, perdiera el contacto con sus antiguos valedores.

Solo dos meses después de abandonar el Canal, De Miguel creó una sociedad llamada Zubenelgenubi, y otros siete meses más tarde se constituyó Servicios Aeronáuticos de Control y Navegación (Saerco), cuya sede fue registrada este jueves por orden del juez Eloy Velasco. La primera, que se define en el Registro Mercantil como una firma de asesoramiento y consultoría, tiene el 100% de las acciones de la segunda y su administrador único es De Miguel.

Poco después —principios de 2011—, el Gobierno abría la posibilidad de que empresas privadas gestionaran el control aéreo de los aeropuertos más pequeños de la red de Aena. De repente, Saerco, una compañía nueva y completamente desconocida en el mundo de la aviación, consiguió hacerse con la adjudicación de los aeropuertos canarios de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura por más de cuatro millones de euros anuales.

Ese mismo año Saerco y otra de las empresas de la red de De Miguel se vieron beneficiadas por los préstamos preferentes a bajo interés que una entidad dependiente de la Comunidad de Madrid estaba repartiendo a proyectos innovadores. El Gobierno regional entregó la gestión de 80 millones de euros del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación a un ente público-privado opaco que se encargó de seleccionar los proyectos. Empresas de dos exaltos cargos de Aguirre —De Miguel y Manuel Lamela— consiguieron financiación. Pasados cinco años, dos de cada tres de esos proyectos resultaron fallidos, incluidos los de los exaltos cargos.

Las dos empresas de De Miguel no devolvieron el dinero (más de tres millones de euros) y la Comunidad de Madrid las llevó a los tribunales. Una de ellas, Safeview, y sus fiadores (entre ellos Zubenelgenubi) ya han sido condenados dos veces a devolver el préstamo.