El Gobierno de Madrid, partido en dos: el PP aprovecha la crisis de las residencias para atacar la gestión de Cs

La defensa del mando único instaurado en la Comunidad de Madrid para afrontar las muertes en las residencias de la región se ha convertido este lunes en un reflejo de la crisis que atraviesa el Gobierno formado por PP y Cs: hasta que se tomó esa decisión hubo “una escalada” de muertes; solo entonces hubo “un análisis real de la situación que nos permitiese conocer las dimensiones reales de la crisis”; y por fin, ahora (que no antes), se dispone de “de un sistema de trabajo profesional”, según ha defendido en la Asamblea el consejero de Justicia, Enrique López. Tres argumentos en boca de un consejero del PP que han constituido otras tantas críticas implícitas a Alberto Reyero, el titular de Políticas Sociales, de Cs, que gestionó la crisis en las residencias hasta que Isabel Díaz Ayuso le apartó, precisamente para establecer ese mando único.

“El plan de choque ha salvado vidas”, ha defendido López, uno de los integrantes del Gobierno que ha mostrado mayor sintonía con la presidenta.

El consejero de Justicia ha inaugurado una serie de comparecencias en la Asamblea que marcarán la intensidad del pulso que enfrenta a los dos socios del Gobierno para repartirse las culpas del drama que se vive en las residencias de la Comunidad, donde se han registrado más de 6.000 muertos desde el 8 de marzo. Con la pandemia del coronavirus como eje de las intervenciones, este martes será el turno de Reyero, y el jueves el de Díaz Ayuso, en el primer pleno de control en la Cámara desde el 5 de marzo.

Tras ver cómo la presidenta se abría a decidir ceses de consejeros y directivos si se demostraba una mala gestión de los centros residenciales, López (PP) ha establecido un pormenorizado calendario de hitos decisivos que se ha convertido, de hecho, en una crítica a la gestión de Reyero (Cs).

“Ponerlo en marcha fue una decisión necesaria”, ha subrayado sobre un movimiento que supuso apartar a un consejero de Cs para poner al frente a otro del PP (el de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. “Los datos oficiales cuentan la historia por sí solos”, ha seguido. “El 20 de marzo, apenas seis días después de la declaración del estado de alarma, Políticas Sociales contabilizaba 200 muertos en toda la red de residencias”, ha empezado a enumerar. “Cuatro días después, el 24 de marzo, el número había aumentado un 300%, alcanzándose la cifra de 841 fallecidos”, ha continuado. “Al día siguiente (25 de marzo) superábamos la trágica cifra de las 1.000 víctimas. Y la escalada siguió en los siguientes días”, ha lamentado sobre el momento en el que se decidió apartar a Reyero. Y ha rematado: “Precisamente por eso, el día 27 la presidenta Ayuso cogió el toro por los cuernos y sometió a los centros residenciales a decisiones en las que prevaleciese el criterio relativo a la protección de la salud de los residentes y los profesionales”.

Casi 5.300 muertes en residencias

Las 5.272 muertes vinculadas al virus registradas hasta el viernes pasado en las residencias de la región han abierto una guerra entre los dos socios del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El PP considera que Cs no informó con transparencia, agilidad y claridad a Díaz Ayuso del drama que estaba produciéndose en los centros desde el inicio de marzo. La formación conservadora, además, no solo acusa a Reyero, sino que extiende la crítica al vicepresidente Ignacio Aguado.

“Tiene un problemón”, aseguran fuentes del PP. “Nos ocultaron lo que pasaba en esa consejería”.

En Cs, por su parte, consideran “desleales” esas afirmaciones, lanzadas en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, y centradas en los ocho meses que ha gestionado este partido las residencias, en lugar de los 25 años que lo han hecho los sucesivos gobiernos que ha dirigido el PP. “No es momento de hablar de ceses. Hoy más que nunca, es momento de trabajar unidos. No es tiempo de reproches”.

“(El cese de Reyero) no está contemplado hoy ni tampoco en el futuro”, ha asegurado el propio Aguado durante una entrevista en la cadena Ser. “Esa decisión no está sobre la mesa ni le compete a la presidenta en tanto en cuanto cada partido elige a sus consejeros”, ha añadido sobre el acuerdo de Gobierno que une a PP y Cs, y que recoge que el primer partido nombra a siete consejeros, y el segundo a seis. “No sé por qué hay que hablar de ceses cuando tenemos un gobierno que está funcionando bien. Yo no la contemplo en absoluto (la posibilidad del cese), ni para los consejeros del PP ni para los consejeros de Cs”.

En paralelo al cruce de declaraciones, los políticos observan cómo la Fiscalía investiga lo ocurrido en 19 residencias madrileñas, y esperan la llegada de denuncias de particulares. Una situación que ha propiciado la puesta en marcha de un plan de contingencias: hay que acotar las culpas, preferentemente en el socio respectivo.

No es la primera vez que las dos partes chocan por la gestión de las residencias. Primero, y mientras se acumulaban los fallecimientos, Reyero, titular de Políticas Sociales, de Cs, criticó que no se hubiera dotado de recursos médicos a estos centros, como había pedido repetidamente. Y luego, Enrique Ruiz-Escudero, al frente de Sanidad, y del PP, le contestó afeándole que desconociera, dijo, que sí se habían medicalizado las residencias. Entre medias, el primero perdió la gestión de esas instalaciones en favor del segundo por una decisión de Díaz Ayuso.

“Medicalizar las residencias no es convertirlas en hospitales”, ha dicho este lunes López. "Lo prioritario era llevar a cabo un análisis real de la situación que nos permitiese conocer las dimensiones reales de la crisis”, ha asegurado sobre el mando único, en una referencia implícita a que antes de su instauración el Gobierno regional no contaba con los datos suficientes. “Y eso fue lo que hicimos. Además, en la sede del 112 se creó un centro de coordinación del plan de choque para gestionar y tomar datos”, ha añadido. “25 días después de la activación del plan de choque, la batalla continúa. Disponemos de un sistema de trabajo clave y profesional, que nos permite detectar focos y atajarlos con rapidez. De esto se trataba, precisamente”, ha rematado, en otra descripción implícita de que, en su opinión, antes no se daban esas circunstancias.

El Plan de Choque, dirigido por el mando único de la Consejería de Sanidad, se apoya sobre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, así como por la de Justicia, Interior y Víctimas, a través de los profesionales que integran la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Sus decisiones afectan a efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), médicos y personal de enfermería de la Consejería de Sanidad, técnicos de la Consejería de Políticas Sociales, Bomberos de la ciudad de Madrid y el SAMUR, Policías Locales, las agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja e incluso ONG como Médicos Sin Fronteras.

Desde que la Consejería de Sanidad tomara el control de estos centros socio-sanitarios el pasado 27 de marzo, se han intervenido un total de 144 residencias públicas y privadas, con 57 equipos presenciales de profesionales sanitarios, según un comunicado del Gobierno. Además, 25 equipos de médicos y enfermeras pertenecientes a Atención Primaria mantienen un seguimiento rutinario de forma presencial en 69 residencias, tanto públicas como privadas, habiendo llegado a atender hasta 81 centros, asegura el Ejecutivo. En paralelo, 14 hospitales de la red pública se han organizado para atender a un total de 75 residencias mediante 32 equipos, también formados por médicos y enfermeras.

Nada de eso ha impedido que las muertes sigan acumulándose en las residencias de la región. En la última semana, hubo más de 1.000 muertes en estos centros por cualquier causa, y casi 800 vinculadas al coronavirus. En total, desde el 8 de marzo 6.444 residentes han fallecido por cualquier causa en los 710 centros que acogen en la región a personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental, cuya población residente ha descendido en un 3% (1.540) en los últimos siete días entre decesos y salidas voluntarias.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso quiere que el mando único sobre las residencias, que encabeza la consejería de Sanidad (PP), se mantenga cuando se supere la crisis. Cuando ese día llegue, y quede cerrado el frente sanitario, se abrirá de par en par el político: una guerra entre dos socios que comparten hoy Ejecutivo, y que mañana competirán por el mismo electorado.

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