Las 5.272 muertes en residencias agravan la crisis entre PP y Cs: Díaz Ayuso ya no descarta ceses

Las 5.272 muertes relacionadas con el coronavirus que acumulan las residencias madrileñas desde el 8 de marzo han provocado una profunda crisis llena de acusaciones cruzadas entre el PP y Cs, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición de la Comunidad. “No quiero mirar hacia otro lado”, ha dicho este domingo Isabel Díaz Ayuso, que no descarta el cese de consejeros y directivos cuando se venza a la pandemia y se analice qué ha ocurrido en los centros regionales para personas mayores, con discapacidad o con enfermedad mental. El choque interno entre los socios se ha agravado desde que la presidenta (PP) apartó de la gestión médica de las residencias a un consejero nombrado por Ignacio Aguado (Cs), y se ha profundizado al mismo ritmo que la Fiscalía abría investigaciones por lo sucedido en 19 residencias, o que se acumulaban las advertencias sobre posibles denuncias de familiares.

“Yo no quiero mirar hacia otro lado”, ha dicho este domingo Díaz Ayuso, que ya ha mostrado en público sus discrepancias tanto con el vicepresidente, Aguado, como con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ambos de Cs. “Si se demuestra que ha habido por parte de directivos de residencias, por parte de miembros de la Administración, dejación clara, negligencia, evidentemente, se toman responsabilidades”, ha seguido la líder popular, que también ha defendido el trabajo “inmenso” de los integrantes de su Gobierno. “Y en lo que respecta a los consejeros sobre los que tengo decisión de nombramiento y cese”, ha seguido, en referencia a los del PP, "si tengo la certeza o seguridad de que ha habido negligencia, dejación de funciones, falta de interés, o errores evidentes, no tengo ningún problema (en pedir responsabilidades). Evidentemente hay que hacerlo”.

El acuerdo de gobierno que une a PP y Cs especifica que el partido de Díaz Ayuso elegirá a siete consejeros y el de Aguado a seis. Nada dice, sin embargo, de los ceses. La presidenta, en principio, podría dejar de contar con quien quisiera, independientemente de quién lo hubiera nombrado, aunque cualquier acción unilateral agravará la crisis interna del Ejecutivo, poniendo en peligro su estabilidad.

“Y en este momento eso es insensato”, reconocen fuentes de la confianza de la presidenta, que prioriza ahora mismo la gestión de una crisis sanitaria que ha abierto heridas de improbable cicatrización entre los dos socios de gobierno.

Los equilibrios de poder que llenan de tensión al Ejecutivo madrileño están íntimamente relacionados con la gestión de las residencias. Primero, y mientras se acumulaban los fallecimientos, Reyero, titular de Políticas Sociales, de Cs, criticó que no se hubiera dotado de recursos médicos a estos centros. Y luego, Enrique Ruiz-Escudero, al frente de Sanidad, y del PP, le contestó afeándole que desconociera, dijo, que sí se habían medicalizado las residencias. Entre medias, el primero perdió la gestión de esas instalaciones en favor del segundo por una decisión de Díaz Ayuso. Desde entonces, los dos partidos se echan en cara las cifras de muertos.

Bajo la gestión de Reyero hubo 1.065 fallecidos en residencias de Madrid, aseguran en Cs, y desde entonces se han producido más de 5.000. Datos que PP niega: con el traspaso de poderes ya había 3.700 muertos, afirma una fuente de la formación conservadora. Una guerra de cifras que constata el enfrentamiento político de dos partidos que comparten hoy gobierno sabiendo que mañana lucharán por un electorado similar.

“Cuando entraron los bomberos, gracias al mando único creado para quitarle las competencias a Reyero, no se podían creer lo que veían”, resumieron fuentes del PP que aseguraron que Aguado no comunicó con la suficiente agilidad y transparencia a Díaz Ayuso el drama que se estaba viviendo en las residencias. “Aguado tiene un problemón”.

La Fiscalía ya investiga lo que ha ocurrido en 19 centros de la región. Todos los integrantes del gobierno, de la presidenta al último alto cargo, asumen que a eso se añadirán las denuncias de familiares. Y mientras tanto, el drama sigue conjugándose en presente.

En la última semana han muerto 751 personas con coronavirus (56) o síntomas compatibles con la enfermedad (695) en las residencias para personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, elevando a 5.272 el balance de vidas perdidas por la pandemia en estos centros desde el 8 de marzo. El martes, Ruiz-Escudero aseguró que solo en las residencias de ancianos ya había habido 2.820 fallecidos. Y todo apunta a que puede haber más: el 42,53% (1.410) de los 3.315 formularios de diagnóstico de coronavirus rellenados el miércoles en las residencias de ancianos de la Comunidad habían dado positivo, según datos facilitados a Europa Press por la Consejería de Sanidad.

¿Asumirá alguien la responsabilidad política de esas estadísticas? “Antes de ir como Atila anunciando ceses de personas, hay que ver qué ha pasado y tratar esto con sumo respeto: soy consciente de que las cifras son tremendas, pero también de que el trabajo de la Administración ha sido inmenso”, ha contestado Díaz Ayuso este domingo. “Desde que el virus entra en una residencia a que enseña la cara, pueden pasar muchas semanas”, ha continuado. “En la mayoría de las casos es un empujón para esa persona. Si tiene un cáncer, se lo agrava o le hace fallecer del mismo, si es una persona muy mayor, le quita años de vida”, ha seguido. “Hemos tenido además falta de análisis, porque no hemos tenido una estrategia nacional, para saber cómo se ha contagiado la población”, ha añadido. Y ha rematado: "No creo que haya habido dejación de las residencias ni dejación por parte de nadie. Hicimos todos lo que estaba en nuestra mano. Hicimos cosas inéditas... pero la única solución para que esto no hubiera ocurrido era haber cerrado todas las residencias desde finales de enero, pero a finales de enero nadie podía esperarse lo que después nos vino a todos”.

Desde que arrancó la crisis, el Gobierno regional ha presentado distintos planes de acción, y ha formado un mando único que ha permitido la entrada de bomberos o la UME en las residencias. También ha intervenido 13 centros en la que la mortalidad era especialmente alta: acumulaban más del 20% de fallecimientos de las 425 residencias que hay en la Comunidad. Y ha intentado que a esas instalaciones llegaran mascarillas, batas o guantes para paliar la falta de equipos de protección denunciada repetidamente por los trabajadores.

Nada de eso ha impedido que las muertes hayan seguido acumulándose, situando a Madrid como primera región de España en mortandad en este tipo de centros: en total, desde el 8 de marzo 6.444 residentes han fallecido por cualquier causa en los 710 centros que acogen en la región a personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental, cuya población residente ha descendido en un 3% (1.540) en los últimos siete días entre decesos y salidas voluntarias.

Todo eso ha ocurrido en Madrid desde el 25 de febrero, cuando se detectó el primer positivo en la región por coronavirus. Tras casi dos meses de lucha, la enfermedad golpea cada vez con menos fuerza, pero su impacto ha sido ya insoportable en las residencias. La perspectiva del reparto de culpas que llegará tras la crisis ya afecta duramente al Gobierno de coalición de Madrid, condicionado por su división y su minoría parlamentaria (depende de Vox) desde que se formó: aún no ha logrado aprobar ninguna ley. Y es solo el principio: la crudeza del desencuentro puede volver a quedar reflejada esta semana, con las comparecencias en la Asamblea del consejero de Justicia, Enrique López, de Reyero, y de Díaz Ayuso.

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