La saturación de Madrid con la basura del coronavirus llega al Congreso

Los problemas logísticos a los que se ha enfrentado la Comunidad de Madrid para gestionar la multiplicación de residuos infecciosos relacionados con la pandemia del coronavirus ya han llegado al Congreso de los Diputados. Allí, a preguntas de Inés Sabanés, diputada de Más País-Equo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció un aumento generalizado en toda España de los restos biosanitarios, y avanzó su decisión de pedir más información a los consejeros de Sanidad de las diferentes regiones para coordinar su tratamiento. En solo 15 días de 2020, Madrid ha tenido que digerir más toneladas de este tipo de basura que en todo 2019, lo que ha obligado a sumar la incineradora de Valdemingómez a las dos plantas de tratamiento habituales, “saturadas”, según un documento oficial de la Comunidad de Madrid.

“Ha habido, efectivamente, un crecimiento de residuos sanitarios”, reconoció Illa el jueves, durante la comisión de Sanidad celebrada en la Cámara Baja. “Hay también unos protocolos que indican también cómo hay que gestionar los residuos provenientes del covid-19”, recordó. “Hace dos semanas tuve conocimiento de un hecho puntual en una Comunidad Autónoma que se solucionó en el mismo día y que requirió de la intervención del Ministerio”, apuntó. Y remató: “Voy a interesarme por si hay alguna dificultad”.

Con 51.993 contagiados y más de 7.000 muertos, Madrid es la Comunidad más afectada por la pandemia. Eso ha obligado a comprar más de 30 millones de unidades de material sanitario (entre mascarillas, guantes o batas desechables) para proteger a los profesionales que combaten el virus en hospitales, residencias y hoteles medicalizados, a quienes desinfectan medios de transporte e infraestructuras, y a los propios enfermos. La ecuación es sencilla: como ninguna otra región tienen más contagiados, ni más hospitalizados, tampoco hay ninguna autonomía que tenga que enfrentarse a una montaña equiparable de residuos.

Para eliminarlos, la Comunidad estudió múltiples vías. “La incineración en instalaciones de residuos domésticos (la cantidad a tratar sería de unas 20 t/día, que representaría aproximadamente un 2,5% del total de residuos incinerados); la coincineración en plantas cementeras (existen dificultades para la alimentación y la capacidad de recepción es aproximadamente de un 10% de los residuos generados), envío directo a vertedero, con alternativas de desinfección con lejía o cal (no se considera viable por su alto riesgo) o el almacenamiento en nuevas instalaciones provisionales (de las naves propuestas solo una cumpliría las condiciones y su capacidad resulta insuficiente)”, se lee en un documento oficial.

Finalmente, se optó por emplear la planta de Valdemingómez, que ha destruido ya 90 toneladas entre el 6 y el 14 de abril; o por mandar varios camiones cargados de residuos a Francia. Porque la basura no para de llegar, una tonelada tras otra.

“En el caso de la Comunidad de Madrid, con una problemática especial tanto por el nivel de intensidad de afectación por COVID-19 como por el volumen de residuos y la situación de la saturación de las plantas de tratamiento, donde además no existe agencia de residuos o herramientas globales de gobernanza”, recuerda Sabanés en una de las preguntas que le ha dirigido al Gobierno central: “¿Se han establecido protocolos o mecanismos de coordinación y control para garantizar los cumplimientos de las normativas con la máxima seguridad tanto para la ciudadanía como para los trabajadores que desarrollan los servicios?”.

La diputada pide saber cuántas solicitudes excepcionales se han requerido a las instalaciones industriales de fabricación de cemento en toda España para la coincineración de residuos (Madrid inspeccionó su única cementera, pero la descartó); ha requerido los mecanismos de inspección establecidos para certificar que todo el tratamiento de estos restos potencialmente contagiosos se hace correctamente; y ha preguntado si existe un registro centralizado de todas las autorizaciones excepcionales concedidas por las Comunidades para la eliminación temporal de la basura generada por la lucha contra el virus.

“Este es un tema en el que se requiere del máximo rigor y de la máxima transparencia”, afirma Sabanés. “Es importante que esté coordinado y evaluado por la autoridad central, porque no va a disminuir, va a crecer”, recuerda sobre la pandemia, que ha colocado a España como el país europeo con más contagiados (188.068). “Hay que ver si todas las infraestructuras están preparadas y trabajan de forma segura”.Mientras tanto, los hornos de Madrid trabajan a pleno rendimiento: a más de 900 grados para destruir el virus.

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