Lentejas o pizza: la política entra en el menú

En Leganés, 1.800 personas vulnerables recogieron este jueves los menús que prepara la empresa de catering Comaibel, que se encarga de hacer la comida de los colegios del municipio del sur de Madrid. Comieron primero y segundo caliente. Pero manteniendo una máxima: que fuera comida saludable. Se trataba de abastecer a los que no tienen nada que llevarse a la boca estos días. No solo a los alumnos sin recursos que tienen reconocida la Renta Mínima de inserción (RMI) o con una beca parcial de comedor, también a personas sin hogar y mayores desprotegidos.

La Comunidad, sin embargo, decidió apuntar en exclusividad a los 11.500 alumnos con la RMI reconocida y con un problema añadido: la supresión de la comida que proporcionaban las empresas de catering de los colegios como consecuencia del cierre de las aulas por el coronavirus. Lo anunció el lunes a bombo y platillo por Twitter. Las “dificultades en la distribución” le llevó a tomar una decisión drástica: se cancelaban los contratos con las empresas y, en su lugar, pactaban los servicios de Telepizza y Rodilla por un precio que todavía no se ha hecho público. Este jueves, también se unió Viena Capellanes. El objetivo: repartir menús elaborados por estas cadenas de comida rápida en 118 puntos de la región. El primer día, solo 2.033 alumnos recogieron sus menús. El segundo, según CC OO, ese número bajó considerablemente. La Comunidad lo ha desmentido: este jueves entregaron 2.821 menús.

“Yo soy padre de dos niños y constantemente revisamos los menús de nuestros hijos. Por tanto, queríamos menús que no trastocaran la dieta de esos otros niños y de ese colectivo”, contrarrestó Santiago Llorente, alcalde de Leganés.

Pero Leganés no es el único municipio que ha optado por mantener el contrato a las empresas de catering. En su caso, Comaibel pasó de plantearse un ERTE por el cierre de los colegios a tener que contratar a una persona más para dar el servicio en todo el municipio. En la misma línea han trabajado Getafe, Móstoles, Rivas o Loeches, con un sistema de catering similar. En Alcalá de Henares, por su parte, decidieron optar por entregar una tarjeta. “Lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es dar cobertura a aquellas familias vulnerables que no reciben recursos desde la administración regional. Para ello hemos llegado a un acuerdo con Mercadona, Hipercor-El Corte Inglés y Carrefour”, explicó un portavoz del Ayuntamiento. Es decir, las familias pueden ir a los supermercados y gastar lo que les concede el Consistorio —en función de cada situación “la cantidad es una u otra”— y solo en productos saludables.

Ante la comparativa entre unos menús y otros, la polémica estaba servida. No solo ha protestado la FAPA de Francisco Giner de los Ríos, que además recuerda que hay 80.000 personas en situación de vulnerabilidad de las que la Comunidad no se ha hecho responsable. “No estamos ante la dicotomía de no comer o comer insano, sino ante la obligación de la administración de garantizar el derecho de los niños a comer de forma equilibrada”, recuerda Carmen Morillas. También el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas ha sido tajante y ha recordado que los menús de Telepizza y Rodilla contravienen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que a dieta saludable se refiere porque favorece el sobrepeso y sus potenciales consecuencias, como diabetes o enfermedades cardiovasculares a edades tempranas.

La presidenta de la entidad, Alma Palau, explicó en un comunicado que en España el 40% de los menores ya sufre sobrepeso y obesidad. “No cuidar hoy la alimentación y vida saludable de la población en general y de las generaciones más jóvenes en particular implica para el mañana una sobrecarga para el sistema nacional de salud que podemos evitar”, defendió.

Tras la polémica, la duda que sobrevuela es si realmente era necesario suspender el contrato con las empresas de catering. La Comunidad aseguró que lo intentó todo y no pudo llegar a un acuerdo debido a la dificultad de la distribución. Pero para CC OO, los hechos han demostrado lo contrario. “La suspensión no era necesaria. Ya lo dijimos y los hechos lo demuestran: una mayoría de Ayuntamientos ha mantenido los contratos con las empresas de comedor y están garantizando comidas saludables a los menores”, aseguró Isabel Galvín, representante de educación en Madrid del sindicato. Y ha rematado: “Díaz Ayuso y Osorio deben rectificar. También el ministerio de sanidad”. No es cuestión de unos días. La emergencia sanitaria durará bastante más.

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