El vértigo a la ultraderecha acelera un frente de la izquierda y los independentistas contra el odio

La campaña electoral catalana avanza con la mirada puesta en un abismo que se abre a su derecha. A medida que se acerca la cita con las urnas del 12 de mayo, los sondeos y trackings (evolución de la intención de voto) que manejan los partidos robustecen la posibilidad de que la extrema derecha gane peso en el Parlament. Vox no se resiente de la crecida del Partido Popular y los ultras independentistas de Aliança Catalana se relamen con el voto de castigo aflorado por el desencanto que ha contagiado la esterilidad del procés.

El anunciado salto adelante de las formaciones con argumentario racista y xenófobo en Cataluña tiene la capacidad de condicionar el equilibrio de mayorías en el Parlament. Aliança Catalana ya ha manifestado que vería con buenos ojos apoyar la investidura de Carles Puigdemont; lo afirmó su líder Sílvia Orriols en una entrevista en La Razón, y Vox podría ser determinante para articular una mayoría alternativa al independentismo y que abra a Salvador Illa las puertas del despacho de president. Este miércoles, Junts, PSC, ERC, la CUP y los Catalunya en Comú firmaron un compromiso para fraguar un veto a la ultraderecha. El acuerdo, promovido por el colectivo Unidad contra el Fascismo y el Racismo, apela a no aceptar “por acción y omisión” los votos de “ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual mayoría de investidura ni de Govern”. La declaración de intenciones es tajante, pero la Cámara autonómica catalana no tiene ningún mecanismo que le permita a un candidato a president desdeñar los apoyos que quiera entregarle una formación política. En cualquier caso, ni PP ni Ciudadanos suscribieron este acuerdo.

Los catalanes sobredimensionan el peso de la población migrante que reside en Cataluña. Una encuesta publicada por el CEO (el CIS catalán) pone de relieve que la sociedad catalana fija en un 36% el volumen de personas que vive en Cataluña y que ha nacido fuera de España. En la práctica, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), la cifra real apenas supera el 20%. La percepción falsa, y los bulos que se difunden interesadamente, es combustible para el empuje de la ultraderecha, que no tiene reparos en relacionar a la población extranjera con la delincuencia. Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona) y que ejerce de líder de Aliança Catalana, ha avanzado que si entra en el Parlament el apoyo de su partido estará condicionado a “a la implantación de medidas de seguridad que permitan frenar el alud inmigratorio y la violencia y la inseguridad en las calles”. Ignacio Garriga, candidato de Vox, se atribuye un papel de salvador: “Menos inseguridad, menos fiestas del cordero y menos mezquitas”, proclama. “Estamos aquí para que los catalanes no se sientan extraños en su tierra y para garantizar aquello que ningún otro partido se ha atrevido a defender”, dice.

Más allá de las falacias, la campaña electoral ha hecho incursiones en la gestión de la inmigración, un terreno a menudo pantanoso para las formaciones políticas. Carles Puigdemont habla de “reto demográfico” y pide más competencias para Cataluña. El martes, en el mitin de Junts en Argelès-sur-Mer (Francia), mientras el speaker que entretiene el acto hacía su habitual ronda para hablar con el público a la espera de la intervención del candidato, un hombre llegado desde Lleida (más de tres horas y media de viaje) solicitó el micrófono para lanzar una petición expresa a Puigdemont: “Si gobierna, que arregle el desastre que es esto. Cada día más drogas, robos e inmigración”, dijo el hombre. Recibió un aplauso entusiasta del público. Según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER, los votantes de Junts son, junto con los de Vox, quienes mejor valoran la posibilidad de que Sílvia Orriols terminara de presidenta de la Generalitat.

La fuerza con que llegan los ultras a la recta final de campaña ha caído con cierta sorpresa en los partidos que se disputan la victoria final. Lo mismo PSC, que Junts y ERC, llevan semanas anunciando que sus encuestas internas revelan que Vox aguanta la crecida del PP. En 2021, los de Santiago Abascal lograron 9 escaños, fueron la cuarta fuerza más votada del Parlament, y el PP se quedó con tres. Ahora, la probable desaparición de Ciutadans alimenta la crecida de los populares, sin erosionar a los ultras.

Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo ha dado por seguro que su partido superará a Vox. “Durante el tiempo que presida este partido, tengo muy claro que Cataluña es una prioridad para el Partido Popular”, ha afirmado en un foro del diario Expansión. “¿Por qué? Primero, porque es imprescindible para los catalanes, y segundo, porque es imprescindible para nuestro propio partido. Somos la fuerza minoritaria en Cataluña, con tres escaños, y estoy convencido de que vamos a pasar a ser la cuarta fuerza en Cataluña; de la novena a la cuarta”, ha precisado. Por si acaso, el PP está abrazando el discurso de Vox contra la inmigración irregular, vinculándola con la okupación y la delincuencia.

Pese al acuerdo a cinco firmado en la recta final de la campaña, no es un debate menor para los partidos decidir qué trato se tiene que dispensar a la ultraderecha. Hace más de un mes, Salvador Illa reclamó a los independentistas articular un frente común. “Me gustaría que Junts y ERC dejaran claro que vetan el paso al discurso del odio”, dijo el candidato del PSC. Carles Puigdemont ha puesto en duda el “compromiso antifascista” de Salvador Illa, al que acusa de “dar voz a una formación extraparlamentaria”, para favorecer a Aliança Catalana en detrimento de Junts.

Pere Aragonès, candidato de ERC, también ha pedido insistentemente más contundencia y claridad a Junts para descartar cualquier flirteo con Aliança Catalana.

Mientras, Sílvia Orriols declaró el pasado año que el “cordón sanitario” que sufrió de toda la oposición durante las últimas elecciones municipales fue la mejor campaña para llegar a la alcaldía de Ripoll. Santiago Abascal, de Vox, manifiesta que los pactos contra la extrema derecha suponen “cortar el paso a la gente” y denotan que, los partidos que los firman, “no saben qué pasa en la calle”.

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