El PP da a Vox la vicepresidencia y las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura en el nuevo Gobierno valenciano

PP y Vox han tardado 48 horas en repartirse el poder y describir su acción de gobierno en la Comunidad Valenciana. Ese es el plazo transcurrido desde que se sentaron este martes, por primera vez tras las elecciones del 28-M, hasta sellar, este jueves, un acuerdo con 50 medidas y la distribución de la presidencia de la Generalitat para Carlos Mazón, y la vicepresidencia y la consejería de Cultura para el extorero Vicente Barrera, de Vox. En este partido recaerán también las carteras de Justicia e Interior y la de Agricultura.

Tanto el PP como Vox han hablado de confianza mutua, pero el acuerdo conjunto señala que “una vez sea investido el candidato del Partido Popular”, se nombrarán las propuestas de de nombramientos en la ultraderecha. Así, queda claro que el PP paliará el hecho de que los 40 diputados que obtuvo no son suficientes para alcanzar la presidencia de la Generalitat a la que le auparán los 13 votos de Vox, una vez salvado el escollo de Carlos Flores, vetado por la dirección de los populares por una condena por violencia machista.

El “acuerdo conjunto de PP y VOX para el gobierno de la Comunidad Valenciana” incluye 50 medidas agrupadas en ocho apartados e impregnadas del lenguaje de la ultraderecha: no habla de violencia machista sino “intrafamiliar” y el concepto “familia” aparece hasta en diez ocasiones, pero el de persona únicamente en cinco. “Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”, señala un acuerdo que, como es habitual en la ultraderecha, niega la violencia machista y la reduce a la intrafamiliar cuando, jurídicamente, tienen dos acepciones diferentes. Esa es la única referencia, además, a las mujeres ya que tampoco se hace mención alguna a la igualdad. Lo que no obvia el acuerdo es la alusión, reclamada por Vox, a la inmigración y el pacto apela a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su persecución.

En el apartado destinado a la Educación, PP y Vox se refieren a la libre elección de centro y a la libertad de los padres para vetar contenido de las “actividades extracurriculares”. La fórmula no coincide exactamente con el veto parental promulgado e implantado durante unos meses por Vox en la región de Murcia que se resolvió, únicamente, con actividades impartidas dentro del horario escolar por personal ajeno al centro. Tampoco supone que puedan prescindir de la promoción de la igualdad de género o la prevención de la LGTBIfobia que forman parte de los contenidos curriculares de una norma estatal, pero Vox ha intentado hacerse con la consejería de Educación y el PP le ha permitido dejar su impronta en este apartado. Esta es otra de las muestras de que los acuerdos que está cerrando el PP con Vox están destapando las cesiones del partido de Alberto Núñez Feijóo a las políticas de ultraderecha de Santiago Abascal que han estampado su sintonía en grandes ciudades como Burgos, Elche y Toledo.

Los adjetivos de universal y pública no figuran, en ningún momento, en el apartado sobre sanidad. Tampoco las listas de espera de las que Mazón tanto habló durante la campaña electoral. “Revisaremos todo el sistema y la normativa vigente en materia social con el fin de garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan”, señala el acuerdo. Actualmente, en la Comunidad Valenciana, la renta de inclusión es una de las ayudas para personas vulnerables más cuantiosas de toda España y sirve de complemento para quienes cobran el ingreso mínimo vital. Y, aunque no lo explicita, sugiere la derogación de la ley valenciana de memoria aprobada en 2017 que, por ejemplo, tiene en marcha un banco genético de bebés robados que ha identificado a dos parejas de hermanos separados durante el franquismo. “Se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, señala el documento.

Libertad, economía, mundo rural, agua y patrimonio, reducción del gasto político, educación y lengua, sanidad, infraestructuras y seguridad son los ocho apartados a partir de los que se detallan las medidas. El acuerdo es muy concreto en cuanto a los impuestos: “Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el impuesto de patrimonio”, indican en el punto nueve, que sigue con otros en los que se comprometen a una “reducción drástica del IRPF en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos”, la reducción de tasas autonómicas y la eliminación de la tasa turística, aprobada por el Gobierno valenciano para su implantación a partir de 2024 de forma voluntaria por los ayuntamientos que así lo consideren.

No son estas las únicas medidas que afectarán a unas mermadas cuentas públicas, con una deuda de 55.000 millones de euros y un sistema de financiación autonómica que penaliza a la Comunidad Valenciana desde cerca de una década: ayudas para apoyar a las empresas ante los graves efectos del aumento de costes; ayudas y medidas fiscales para fomentar el relevo generacional en el campo; ayudas al nacimiento, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares; reducción de la presión fiscal para el acceso a jóvenes y familias a una vivienda, son otras de las medidas que incluye el acuerdo. Todas ellas suponen menos ingresos y gastos que han de ser compensados, pero la única referencia al cómo es un ambiguo concepto que alude a “la correcta y eficiente gestión del dinero público” con la reducción de consejerías, altos cargos y asesores, así como “organismos innecesarios que no reportan en el bien general”. También señala el acuerdo la financiación autonómica, una reclamación que el PP ha hecho suya en campaña y que, según Mazón, tiene hablada con Alberto Núñez Feijóo y pese a que se trata de un modelo en el que Vox no cree y un problema que atribuye al modelo territorial autonómico.

“Impulsaremos un programa de fomento del empleo para crear empleo de calidad, señalan los partidos que gobernarán en la Comunidad Valenciana en el apartado de economía. Pero es mucho más explícito en el anuncio de una oficina antiokupas y su actuación ante casos de okupación para los que “los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado”. El hecho de que el PP haya dejado la cartera de Interior a la ultraderecha se percibe también en el apartado sobre seguridad, en el que el acuerdo señala que “se pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”. Y alude a que “aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno”.

El acuerdo no habla de cambio climático ni de sostenibilidad, aunque sí de medidas “para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental” y de defender “el patrimonio natural y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno”. Una de las primeras medias que tomará el nuevo Ayuntamiento de Elche, regido a partir del próximo sábado por el PP y Vox, será el desmantelamiento de tres carriles bici, según han anunciado.

También hay una mención a la radio y televisión pública, que el PP cerró durante años, y su apuesta por un modelo “racional con la coyuntura económica”, lo que posiblemente se traduzca en recortes.

Con las bases del acuerdo programático, PP y Vox se comprometen a dotar a la Comunidad Valenciana de un Gobierno “estable y fuerte” y suscriben “la necesidad de asegurar un gobierno de cambio”.