Rafael Altamira, el gran jurista de la generación de Unamuno, ‘vuelve’ del exilio a su pueblo alicantino 75 años después de su muerte
Los restos del humanista, el único juez español del Tribunal de La Haya, son repatriados desde México y enterrados en El Campello tras dos años de tramitación
El primer estremecimiento de nervios llegó, relata Ignacio Ramos, “en cuanto mi hermana Pilar y yo vimos aparecer los coches fúnebres por la puerta del tanatorio”. A bordo viajaban los ataúdes de madera maciza envueltos con una cápsula de zinc que contenían los restos del historiador, jurista y escritor alicantino Rafael Altamira (1866-1951) y de su esposa, Pilar Redondo, bisabuelos de los Ramos. “Después nos llevaron a una capilla en la que estaban los féretros ―continúa el descendiente del fundador y único juez español del Tribunal Internacional de La Haya― y nos dejaron diez minutos a solas”. Ignacio y Pilar afloraron en ese momento la emoción de una familia que lleva más de 30 años peleando para que Altamira, exiliado tras la Guerra Civil y nominado dos veces al Nobel de la Paz, fuera trasladado desde el Panteón Español de México al pueblo en el que quería retirarse, El Campello (Alicante). Sus restos ya están enterrados junto a los de sus familiares en el cementerio campellero, a falta de que se construya un mausoleo en su memoria. El entierro oficial está previsto para la segunda quincena de enero.
Altamira, nacido en Alicante en 1866, fue un destacado personaje de la España de los inicios del siglo XX. Su libro Historia de España y la civilización española era el que utilizaban los estudiantes hasta la década de los 30. Alumno de Giner de los Ríos, como director general de Enseñanza reformó la educación española y subió el sueldo del profesorado. En 1921 integró el Comité de los Diez, el grupo que redactó las bases del Tribunal de La Haya, del que formó parte como jurista. Se codeó con Azaña, con Unamuno, con Sorolla y Blasco Ibáñez. Tras el estallido de la Guerra Civil, se exilió a Ciudad de México, donde falleció en 1951. Franco trató de que volviera a España, pero Altamira se negó: “Le dice a Franco que cuando restituya la democracia y las libertades, volveré”, le espetó al emisario del Régimen. Su negativa lo borró de los libros de historia y lo condenó al olvido.
En una entrevista al diario El Día, el 2 de mayo de 1935, Altamira declaró: “Cuando se me aparte de la vida oficial, me retiraré al rincón de mis amores más gratos: al Campello”. Con esa frase como guía, una de sus hijas, Pilar, ya intentó que se tramitara la repatriación de los restos del historiador en 1987. No prosperó. La familia, con otra Pilar al frente, nieta de Altamira, se centró en dar a conocer la relevancia de su antepasado en un país que prácticamente lo desconoce. El asunto del regreso se retomó después de que el catedrático de la Universidad del País Vasco José María Portillo visitara la tumba del humanista y su esposa en plena pandemia y descubriera que la lápida estaba rota y llena de matojos. Alertó a la familia, que se puso en contacto con el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer. En la primavera de 2022, comenzaron unas gestiones que acabaron implicando a la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, el Gobierno central y la Embajada de España en México.
Con la mediación del cónsul general español en México, Manuel Hernández Ruigómez, y una subvención directa de 60.000 euros del Consell de Carlos Mazón, el pasado 6 de diciembre, siete empleados de la funeraria mexicana Gayosso exhumaron los restos de Altamira y su mujer. “Los primos que viven allí no pudieron asistir, porque todo se precipitó en el último instante”, lamenta Ramos. Según detallaron fuentes municipales, los ataúdes se trasladaron hasta el aeropuerto internacional Benito Juárez y embarcaron en un avión con destino a Barajas, precintados y envueltos en cajas de cartón. Una vez en Madrid, tras pasar los controles aduaneros, el pasado lunes la funeraria ASV los llevó por carretera al tanatorio de Sant Joan (Alicante), donde fueron presentados a los dos bisnietos. El consistorio campellero envió sendas coronas de flores.
El miércoles 11 de diciembre, los restos fueron enterrados en el nicho familiar del cementerio de El Campello, junto a los de los padres de Altamira, José y Rafaela, y sus abuelos, Juan y Francisca. Allí permanecerán hasta que el ayuntamiento construya el mausoleo que ha encargado y sufragado, “un monumento sencillo, de mármol travertino y granito verde” con la inscripción de los nombres de las seis personas a las que albergará, avanzan fuentes municipales. En un frontal, un mural de cerámica mostrará la figura de Altamira con parte de la fachada litoral del municipio de fondo, rematado con la declaración en la que fijó su destino final. El humanista alicantino “pasó gran parte de su infancia en una finca familiar, Ca Terol, que ya no existe” ubicada en el interior de la turística localidad alicantina, a apenas 15 kilómetros de la capital provincial. “Allí también empezó a ir a la escuela”, prosigue su bisnieto, “y acudía siempre que podía a descansar”. Era donde el escritor y jurista “tenía su biblioteca, de más de 3.000 volúmenes”.
Una vez lograda la repatriación, “y en espera del monumento funerario”, Ramos agradece en nombre de la familia “al pueblo de México en general y a Lázaro Cárdenas, que era el presidente”, que acogió a su bisabuelo en un país “en el que Rafael y Pilar vivieron muy felices los últimos años de su vida”. También confía en que el regreso se convierta en “el punto de partida para que Altamira sea conocido en el ámbito nacional”, ya que “debería estar en el imaginario español junto a coetáneos suyos como Unamuno u Ortega y Gasset”, dada su importancia “en el ámbito jurídico y pedagógico, sus dos candidaturas al Nobel de la Paz y sus ocho doctorados honoris causa repartidos por universidades de todo el mundo”. De momento, el ayuntamiento prepara una gran ceremonia funeral, cuyos gastos correrán a cargo de la Diputación, para la segunda quincena de enero. “Se van a cursar invitaciones a la Casa Real, el Gobierno central, tanto Presidencia como los ministerios, el Tribunal de la Haya o las universidades españolas”, adelantan.
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