Valencia, Lorca, La Palma y Costa da Morte: cómo se reconstruye la economía de una zona asolada por una catástrofe

La dana ha arrasado numerosos municipios de la provincia de Valencia. El coste en vidas ha sido altísimo —al cierre de la edición de Negocios el balance arrojaba 222 muertos— y las calles de las localidades afectadas aún presentan los efectos de la enorme riada, con el lodo como gran protagonista. El coste humano, lamentablemente, es irreparable, mientras que el coste material está a la espera de que las ayudas y el cobro de los seguros pueda amortiguar en parte el impacto.

A partir de ahora, la zona cero de la catástrofe entra en una nueva fase: la reconstrucción. La reactivación económica se presume clave ya que las inundaciones han afectado a una comarca muy importante para el tejido comercial, industrial y agrícola de la Comunidad Valenciana. El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico han anunciado varios paquetes de ayudas, directas e indirectas, para restañar las profundas heridas causadas por el agua y el barro. Sin embargo, a la luz de experiencias pasadas en otras localidades afectadas por catástrofes, en la tarea de reconstrucción no es solo importante cuánto dinero se inyecta, sino dónde se hace y, sobre todo, con qué agilidad se distribuyen las ayudas.

No hay dos desastres iguales, pero sí hay elementos comunes que pueden servir como lección para que la recuperación de Valencia sea lo más rápida y eficaz posible. Por eso, le hemos pedido a nuestros corresponsales en Lorca, La Palma y Vigo que analicen con los diferentes agentes económicos cómo fue la reconstrucción después de sufrir un terremoto, la erupción de un volcán y el vertido de miles de toneladas de fuel al mar, respectivamente. En los tres casos, la actividad ha recuperado los niveles previos a la catástrofe, pero quedan aún cosas por reconducir. La pesada burocracia, por ejemplo, puede llegar a ralentizar la llegada de la ayuda a las personas necesitadas. Así lo subraya Tomás Barreto, expresidente de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma): “Cuando uno tiene sed, necesita que le den a beber agua ya”. Además, los expertos piden que, como las catástrofes climáticas debido al calentamiento global tienen más probabilidades de repetirse en el futuro, se adecúe la legislación para actuar con mayor rapidez.

Valencia

La dana obliga a poner en marcha un ‘plan Marshall’

Por Rafa Burgos

Un mes después de que el clima se ensañara con la provincia de Valencia, salir de noche y contemplar las calles vacías de Utiel “ya no causa pánico, sino tristeza”, cuenta su alcalde, Ricardo Gabaldón. En la parte alta y limítrofe con Castilla-La Mancha, entre Requena y Utiel, se desencadenó el temporal que bajó por torrenteras hasta arrasar la comarca de l’Horta Sud y convertir la Albufera en un vertedero. “Esto aún está sangrando”, lamenta José Morell, alcalde de Cheste, cuando el balance de víctimas mortales se estabiliza en 222. La limpieza de municipios, polígonos industriales y parcelas agrarias, junto al restablecimiento de las vías de comunicación, es la prioridad. “La plaza del pueblo ya está llena de críos que bajan a jugar”, comenta Josep Almenar, primer edil de Picanya, una de las localidades de la llamada zona cero. Nadie pierde un segundo en mirar atrás. Todos los afectados coinciden en que las administraciones deben actuar rápido para reactivar la industria, el comercio y la agricultura. Y en pensar proyectos que allanen la recuperación. “Veo la luz al final del túnel”, asegura Robert Raga, alcalde de Riba-Roja.

Los 89 municipios afectados, más unos barrios de Valencia, “tienen un peso muy grande en la economía de la provincia”, señala Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). En la zona devastada “está el 36% de las empresas de la provincia (más de 63.000), se genera el 29% del PIB (más de 21.100 millones de euros) y el 31% del empleo (353.500 puestos de trabajo)”. El impacto es muy desigual por municipios, sectores y empresas. “En la zona cero (unos 15 municipios)”, continúa el también catedrático de la Universitat de València (UV), “hay muchos y grandes polígonos industriales y centros logísticos: de sus 15,750 empresas, el 39% pertenecen al sector del comercio, hostelería y transporte, el 9,2% a la industrial, el 11,4% a la construcción y el resto a otros servicios. Solo esas empresas son el 8% de la provincia de Valencia y generan el 8% de su PIB y de su empleo”. Maudos amplía el foco: “El Banco de España ha estimado en el 2% de la economía española la dimensión del área afectada”.

Las cuentas de las pérdidas van a dejar “una factura descomunal”, continúa. Advierte de que aún no hay suficiente información para valorarlas, pero “la cuantificación más reciente es la de la Cámara de Valencia, cifrada en 13.314 millones”. Teme que las ayudas implementadas “no van a ser suficientes”. “El Estado ha aprobado dos tramos que suman 14.400 millones. Pero de esa cuantía, no hay que confundir las subvenciones que no hay que devolver con los avales que facilitan la obtención de préstamos, que son 5.000 millones. Por tanto, el neto son 9.400 millones. Es una cifra muy por debajo del coste hasta hora estimado de la Dana, aunque a las ayudas del Estado hay que añadir las que implemente el Gobierno Valenciano”, de unos 350 millones para infraestructuras. Poco después de recabar su opinión, el Gobierno aprobó un tercer paquete de ayudas de 2.274 millones.

“La magnitud de la tragedia necesita un Plan Marshall”, sentencia Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), quien focaliza la recuperación en la actuación en “los parques empresariales afectados y el comercio de barrio”. “Los préstamos del ICO sirven para una empresa mediana o grande, pero para autónomos y pymes necesitamos un incentivo del consumo y ayudas directas para la reposición de vehículos y material echados a perder”. “Debería reunirse también un grupo de reconstrucción a partir de los colegios profesionales y profesionales de la empresa pública, para plantear inversiones a corto plazo”, sugiere. “En el medio y largo plazo, necesitamos inversiones que redundarán en beneficios para el conjunto de la población española”. Navarro recuerda que en la zona afectada confluyen las comunicaciones que “conectan Europa con África”, tanto por carretera como por “el corredor ferroviario”. Y recalcular “las inversiones hídricas, necesarias para minimizar el impacto del cambio climático” algo que, a su juicio, “tiene que ser una apuesta de Estado, gobierne quien gobierne”. Por último, el dirigente empresarial recomienda un cambio de paradigma en la economía valenciana: “Hasta ahora, teníamos una economía muy basada en el turismo pero debemos potenciar un modelo industrial”.

En primera línea del frente están los ayuntamientos, actualmente enfrascados en las tareas de limpieza. El consistorio de Riba-Roja “costea cuatro equipos, con un coste de 40 o 50.000 euros diarios, es un gran esfuerzo para un presupuesto anual que está en torno a los 40 millones”, indica Raga. El temporal destrozó “el área logística más importante de la Comunidad Valenciana, con 1.400 naves en siete polígonos de las que el 57% son empresas de transporte y logística, 6 millones de metros cuadrados en el eje entre la A3 y la A7″, con enlaces al Puerto de Valencia y el aeropuerto de Manises. “Tenemos a 20.000 trabajadores paralizados que necesitamos recuperar”, manifiesta, por lo que ya ha “visitado a las empresas, que están buscando máquinas para hacer accesible la llegada de camiones para carga y transporte. La clientela sabe que ha sido una catástrofe natural y aguantarán. Pero cuanto más se tarde, más clientes perderemos”. También miran más allá del fango en Picanya. “Hemos lanzado un proyecto para establecer un convenio con Femeval [la patronal metalúrgica valenciana] de formación ocupacional, un instituto para la formación de mano de obra en diferentes sectores”, adelanta Almenar. “El talento es algo con lo que podemos cooperar”, sostiene.

Desde Cheste, Morell propone que “se tienen que tomar medidas extraordinarias, como en pandemia”. Mientras llegan, Cheste, Riba-Roja y Loriguilla habían aprobado semanas antes de la dana el proyecto de estatuto de la Mancomunitat Industrial A3, para desarrollar un área empresarial conjunta de aproximadamente 14 millones de metros cuadrados y así captar inversión industrial. Un plan que podría rescatarse tras el caos. En Utiel, preocupa el otro sector mayoritariamente afectado, el agrícola. “Las explotaciones agrarias y ganaderas están destrozadas”, declara Gabaldón, “solo en caminos agrarios hemos calculado daños por 8 millones y lo de las explotaciones es incalculable”. Por eso sostiene que las administraciones deben implicar también a la Unión Europea.

Coincide con él José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante. “El ministerio ha dicho que va a aportar 200 millones, que es una propina. Se calcula que solo en cosecha, las pérdidas son de casi 1.000 millones”, asegura, “el sector agrícola valenciano ha pedido un plan de recuperación del Gobierno, con fondos europeos”. “La dana llegó en el peor momento para el campo, con el caqui en plena recolección y las cosechas de cítricos y la uva de Utiel perdidas”. También han quedado arrasados “caminos, sistemas de riego por goteo o pequeñas infraestructuras imprescindibles”. En cuanto al arroz, “se ha perdido gran parte de la cosecha almacenada. Los arrozales, que se asocian a la conservación del parque natural de la Albufera, se han convertido en un basurero”. El proceso de recuperación del campo es muy lento, la mayoría de las parcelas afectadas son pequeñas y, además, los propietarios tienen una media muy alta de edad, alerta Andreu. “La huerta valenciana es estratégica, pero si no se hace nada, el mosaico de parcelas abandonadas seguirá perdiendo terreno”, sentencia.

La Palma

La isla recupera poco a poco el pulso tras el volcán

Por Guillermo Vega

Han pasado más de tres años desde que, durante 85 días, el volcán de La Palma arrasó 1.219 hectáreas de tierra, sepultó 73,8 kilómetros de carreteras y afectó 2.988 edificaciones (viviendas, empresas, cuartos de aperos, entre otros). La isla lucha para volver, a golpe de ayudas para la reconstrucción, al punto en el que se encontraba a las 15.12 del soleado domingo 19 de septiembre de 2021. La Palma ha recuperado muchas de sus carreteras más vitales; la mayor parte de afectados ha cobrado las ayudas y ha sido realojado, poco a poco se reabren fincas agrarias en el perímetro de la erupción. Más de 80 personas, sin embargo, siguen alojadas en casas modulares; el sector turístico sufre por la falta de camas; y la lentitud de las Administraciones y la ausencia de acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado no hacen sino complicar la situación. Las secuelas del volcán se observan en las dos actividades clave de la isla: la agricultura y el turismo. “Muchas empresas subsisten gracias no a las cajas que generamos”, lamenta Carmen Koury, presidenta de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), “sino gracias a las pólizas bancarias y los créditos ICO)”.

Sergio Rodríguez fue elegido presidente del Cabildo por mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, en las que se presentaba por Coalición Canaria. Vivió la erupción en primera línea como alcalde de El Paso, el municipio en el que se ubica el volcán Tajogaite. “Estamos caminando”, explica en conversación telefónica. “No al ritmo que yo quiero, pero caminando”.

Las grandes cifras indican que La Palma, efectivamente, ha caminado. La economía de la isla creció un 6,5% interanual en 2023 hasta 1.783 millones. Es un 12,4% superior al dato precovid de 2019, según los datos elaborados por Corporación 5 para Fedepalma y la CEOE Tenerife. La tasa de paro está en el 16,9%, frente al 22% de 2019, según la EPA (con una salvedad: en el Valle de Aridane, la zona oeste de la isla, la que resultó afectada por la emergencia, este dato sube hasta el 19,6%). Rodríguez añade otras señales, como la reapertura de varias carreteras clave —sigue a la espera de la LP2, la arteria que pasaba por debajo del volcán y cuya construcción depende del Estado—. Incide, sin embargo, en lo que, asegura, constituye la prioridad de la corporación: la recuperación de la vivienda. “Hemos comprado inmuebles que se habían quedado colgados desde el estallido de la burbuja y se están terminando gracias a los acuerdos con promotores”. El Cabildo, a su vez, comenzará la construcción de edificios a partir de 2025.

La vivienda fue, desde un primer momento, el principal foco de actuación. 16 días después de la erupción, el Consejo de Ministros aprobó un primer real decreto que compensaba la destrucción total de las residencias, con 60.480 euros; los daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, con 41.280 euros; y los daños más leves, con 20.640 euros. A estas ayudas hay que añadir las iniciativas lanzadas por el Ejecutivo, que suman algo más de 150 inmuebles en alquiler por toda la isla.

El volcán, sin embargo, ha acrecentado la crisis habitacional en una isla de tamaño reducido, cuyo territorio está protegido en un 35%. Por ello, el real decreto aprobado en 2021 incluía la posibilidad de construir en terreno rústico. Esta circunstancia, unida a la inyección de dinero público, ha calentado el mercado inmobiliario y desatado la especulación de los terrenos. “Con 90.000 apenas te da para reiniciar tu vida”, lamenta Koury. El año pasado, además, Coalición Canaria negoció con el PSOE un acuerdo de investidura que incluía una partida plurianual del Estado de 100 millones para compensar a las personas este valor real de sus propiedades. A esa cuantía, el Gobierno autónomo sumaría otros 50 millones anuales de fondos propios. “Los 100 millones que el Estado tiene que aportar este año no han llegado todavía”, alerta Rodríguez, quien se queja, a su vez, de la falta de acuerdo para los Presupuestos. “No hace sino generar más incertidumbre”.

En julio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática —y presidente de Canarias durante la erupción—, Ángel Víctor Torres, puso cifras a la factura abonada hasta la fecha con dinero público: 1.046 millones de euros. En este monto están incluidos los 237 millones que ha abonado el Consorcio de Seguros, e incluyen, a su vez, las inversiones en carreteras, las obras hidráulicas, los planes de empleo o para pymes, y las desgravaciones en el IRPF.

Sergio Rodríguez subraya las iniciativas para diversificar la economía de la isla, como la creación de un campus universitario vinculado o la pretensión de que la isla albergue el futuro centro vulcanológico nacional. Pero Canarias vive del turismo y la agricultura —además del sector público—. Y ambas han sufrido serios retrocesos. El plátano se convirtió durante la erupción en el símbolo de la resistencia palmera, y tres años después, lucha por levantar cabeza. La erupción ha provocado que en la isla, la superficie de cultivo sea un 8,2% menor, según Fedepalma, lo que ha provocado que la exportación de plátanos haya caído casi un 40% desde las cifras que se registraban en 2019. Esto no ha evitado una sobreoferta que ha obligado a llevar a cabo picas (destrucción controlada del producto) del 15% de la producción, una práctica que ha provocado un enfrentamiento interno en el sector.

El turismo también ha pasado sus particulares horas bajas. Durante el primer semestre llegaron a la isla 136.778 turistas extranjeros. Esto supone un aumento interanual del 25,2%, pero es el 66% de los que llegaban en 2019. “Con la erupción dejaron de funcionar en torno a 5.000 camas y nos quedamos con unas 11.000″, admite el presidente del Cabildo, que valora la reciente recuperación de zonas como Puerto Naos (hasta hace poco en zona de exclusión por los gases) y anuncia futuras autorizaciones de camas extra hoteleras.

La patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, opta por el optimismo. “La planta alojativa que venía trabajando hasta ese momento en La Palma ha recuperado más o menos la normalidad”, asegura un portavoz, que resalta las buenas ocupaciones actuales (es temporada alta en Canarias). “Lo que echamos en falta”, matizan, “es que la Administración pública aproveche la erupción para hacer cambios en la planificación urbanística”, con el objeto de “ampliar el volumen de camas alojativas de calidad”. Reclama, a su vez, “sacar partido a la erupción y diseñar un producto turístico volcánico, como tiene por ejemplo Lanzarote”.

Cuando se les pregunta, empresarios y vecinos como Carmen Koury o su antecesor en la presidencia de Fedepalma, Tomás Barreto, coinciden en una queja: la cadena de trámites para poder acceder a una ayuda. “Cuando uno tiene sed, necesita que le den a beber agua ya”, reclama este último, “y no que se discuta y discuta... Sobran capas, papeleo y burocracia”.

Pocos empresarios en la isla han conocido como Tomás Barreto la capacidad destructiva del volcán. Perdió un supermercado en la localidad de La Laguna y parte de sus instalaciones en el complejo industrial Callejón de la Gata, sepultado casi en su totalidad y cuya reconstrucción acaba de iniciarse. Pese a todo, Barreto no pierde la esperanza. “Llevará un tiempo, pero creo que saldremos”, explica por teléfono”. Y lanza un consejo a quien quiera escuchar. “Pero depende de cada uno: no podemos acomodarnos y esperar a que vengan las administraciones públicas a arreglarnos nuestro problema personal”.

Lorca

Cómo revivir gracias a las ayudas después del terremoto

Por Virginia Vadillo

El 11 de mayo de 2011, dos terremotos arrasaron la ciudad de Lorca (Región de Murcia, 98.500 habitantes) causando nueve muertos, más de 300 heridos y daños en la práctica totalidad de edificios del casco urbano, tanto viviendas como negocios, en una de las mayores catástrofes naturales del siglo XXI en España. Las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas de las administraciones públicas, recogidas en una quincena de leyes, decretos y órdenes ministeriales, sirvieron para reconstruir la ciudad físicamente, pero también en el plano económico: trece años después, el municipio ha mejorado su aportación al PIB regional y sus niveles de empleo con respecto a los datos de 2011 y, para ello, coinciden diferentes agentes de la ciudad, fue clave la “agilidad” con que se gestionó la catástrofe. Una agilidad que consideran esencial aplicar también en la Comunidad Valenciana tras la demoledora dana de finales de octubre.

“En 2024, trece años después del terremoto, podemos decir que Lorca está totalmente recuperada. Ha sido un calvario, hubo negociaciones muy duras, pero las inversiones que se hicieron tras la pérdida por completo de la actividad económica local están siendo ya rentabilizadas. Estamos bastante mejor que en 2011″, explica a El País el presidente de la patronal lorquina, CECLOR, Juan Jódar, que apuntala sus afirmaciones con datos: a día de hoy, Lorca genera en torno al 15 por ciento del PIB de la Región de Murcia, tres puntos por encima de su peso en 2011, que estaba en torno al 12 por ciento, y la previsión es que pueda llegar al 18 por ciento en los próximos años. Además, la cifra de desempleados en el municipio se ha reducido en un 51,3 por ciento si se comparan los datos de mayo de 2011 y mayo de 2024, y los afiliados a la seguridad social han aumentado un 16,2 por ciento en ese periodo. En su opinión, aunque “son muchas las variables” que afectan al crecimiento económico y es difícil desglosar el impacto que tuvieron las medidas aplicadas en la ciudad tras los seísmos, lo cierto es que se actuó con “agilidad” en todos los planos en los que el terremoto tuvo incidencia.

El efecto más devastador fue sobre la vivienda: unas 44.000 se vieron afectadas, lo que supone en torno al 80 por ciento del parque inmobiliario de la ciudad, que es la tercera de la Región de Murcia por volumen de población. 1.250 de ellas tuvieron que ser demolidas, detalla Juan Carlos Segura, que presidió la plataforma de afectados por esta tragedia, hoy día disuelta, y que coincide en que las ayudas llegaron de forma rápida, especialmente, las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que abonó a los propietarios de viviendas y negocios dañados un total de 552,3 millones de euros. Para complementarlas, se articularon ayudas públicas por valor de unos 200 millones de euros que se retrasaron más en el tiempo: las últimas partidas, en torno a un millón de euros, se han abonado este 2024.

Esos fondos permitieron la reconstrucción física de la ciudad, pero su economía había quedado también arrasada, especialmente, el sector servicios, que supone el 61,35 por ciento de la economía local, ya que el grueso de los negocios de comercio, hostelería y turismo se ubicaban en el centro de la ciudad, la “zona cero” de la tragedia, según explica la secretaria general de la Cámara de Comercio de Lorca, Ana Isabel Sánchez. Para cuantificar los daños, la Cámara realizó una revisión “puerta a puerta” de todos los negocios y cifró en 1.615 las empresas afectadas, con pérdidas económicas por valor de 69,12 millones de euros.

Son cifras astronómicas pero, para Juan Carlos Ayala, que en el momento en que se produjeron los terremotos presidía la patronal lorquina de hostelería, Hostelor, no pueden compararse a los sufridos por los hosteleros valencianos tras la dana. “En Lorca, por poner el ejemplo de los bares, casi todos sufrieron daños en los locales, pero en la mayoría de los casos, la maquinaria, la infraestructura de suministros, incluso los productos, pudieron salvarse. En Valencia, el lodo ha dejado inservible toda la maquinaria, vehículos, productos. Es catastrófico”, resume. En el caso de Lorca, según explica, gracias a las ayudas económicas, pero también de índole fiscal (con exenciones de tasas e impuestos), laboral (con aplazamientos de los pagos a la seguridad social e indemnizaciones en casos de ERE a cargo del Fondo de Garantía Social), de recuperación del patrimonio y de dinamización de la actividad económica (con ayudas directas al comercio y la industria y préstamos ICO), la mayoría de negocios afectados por los seísmos estuvieron en disposición de abrir en un plazo de aproximadamente un mes y medio tras la catástrofe.

Coincide en el dato Sánchez que, sin embargo, subraya que, pese a esa capacidad para volver a levantar la persiana, la vida en la ciudad siguió paralizada “durante años”, ya que muchos vecinos que habían perdido sus viviendas o habían sufrido daños en las mismas se trasladaron a sus segundas residencias en la costa o la montaña. “Uno podía abrir su tienda porque había reparado los daños, pero a veces se encontraba con que tenía que volver a cerrar por falta de clientes. Lorca se convirtió en una ciudad desierta”, subraya. Pone también en valor la fluidez en la tramitación de las ayudas para la recuperación de la economía pero, en su opinión, “la ciudad no ha vuelto a ser la misma” a nivel comercial porque el terremoto vino a acelerar la crisis que afecta a nivel global al pequeño comercio en todas las ciudades por factores como la degradación y pérdida de vecinos en los cascos históricos o el comercio electrónico.

Para esquivar esas consecuencias en la Comunidad Valenciana, donde “el daño empresarial es enorme”, el presidente de CECLOR insiste en la importancia de llevar a cabo “actuaciones urgentes, ágiles, que impacten en la recuperación de la actividad económica lo antes posible”, pero también aboga por “planificar actuaciones a medio y largo plazo que mejoren las infraestructuras de las zonas afectadas”. Insiste además en la importancia de impulsar una legislación a nivel nacional para hacer frente a situaciones de catástrofe ya que “la normativa jurídica y fiscal actual de España no está preparada para responder con seguridad” ante este tipo de “situaciones excepcionales”. “Es necesario que, ante una catástrofe natural, la actividad se pueda recuperar de manera ágil y, para eso, no se puede aplicar la normativa que está pensada para el funcionamiento normal, para el día a día de las empresas”, concluye.

Costa da Morte

Inversiones que llegaron 20 años después del chapapote del Prestige

Por María Fernández

El 24 de enero de 2003, la plaza de María Pita, en A Coruña, amaneció cerrada a los vecinos por la policía. El socialista Paco Vázquez, que desde el año 1983 enlazaba mayorías absolutas al frente de la alcaldía, esperaba al presidente del Gobierno, José María Aznar, que llegó acompañado por la plana mayor de sus ministros, desde Mariano Rajoy hasta Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana o Jaume Matas. 73 días antes, Apostolos Mangouras, el capitán de un buque monocasco liberiano llamado Prestige, lanzaba una señal de alarma a la torre de control de Fisterra que desataba una de las mayores catástrofes medioambientales que ha vivido la costa gallega. Tras una controvertida maniobra de alejamiento de la costa que duró seis días, el destartalado Prestige, roto por un temporal, terminó derramando 63.000 toneladas de fuel en el mar. Manchó 1.137 playas, mató a unas 200.000 aves acuáticas y sus efectos se notaron desde el norte de Portugal hasta las Landas francesas.

La furia social por la gestión de la catástrofe forzó al Gobierno a anunciar aquella mañana del mes de enero un multimillonario proyecto de reconstrucción bautizado como Plan Galicia, que llevaba aparejado un gasto de 12.459 millones de euros. En realidad, solo 5.207 millones correspondían a iniciativas nuevas y no previstas anteriormente para la comunidad que entonces presidía el incombustible Manuel Fraga. “Es lo que todos los gallegos están esperando”, aseguró Aznar durante la presentación. Financiado con fondos europeos, con presupuesto del Estado y de la Xunta, se iba a extender hasta 2008 y no iba a necesitar de créditos extraordinarios, prueba, para la oposición, de que el “plan más ambicioso de la historia de Galicia”, como lo calificaba el Gobierno, contenía mucho humo.

Entre las medidas se autorizaron 1.000 millones para limpieza de playas; ayudas directas a los afectados (había en ese momento 20.000 beneficiarios, entre armadores, tripulantes, mariscadores o vendedores de pescado) de 1.200 euros al mes y préstamos del ICO al 1,75% TAE. Las inyecciones directas regaron con fondos las comarcas más afectadas, hasta el punto de que algunos marineros confesaron que les habían tapado la boca con el dinero y otros admitían haberse “forrado” con aquello, llegando a cobrar simultáneamente varias ayudas por quedarse en casa. Entre las medidas fiscales, se redujo el IAE (que entonces no estaba bonificado) y el IRPF e IVA para todas las actividades en las zonas afectadas. Las donaciones a las cofradías se vieron exentas de pagar el impuesto de sociedades por la catástrofe.

En el saco del Plan Galicia cupo de todo, desde líneas de alta velocidad ya programadas hasta carreteras a lugares que no tenían que ver con el suceso. No hubo ningún debate sobre qué obras eran prioritarias. Se autorizaron 1.476 millones para el corredor ferroviario de AVE del Cantábrico (Ferrol-Asturias-Cantabria-Bilbao), que no vio la luz. Como tampoco la vio la conexión ferroviaria ultrarrápida entre Lugo y A Coruña. Se le hizo un hueco al turismo con un parador en la Costa da Morte que tenía una dotación de 24 millones de euros. Se inauguró 17 años después.

Pero lo más llamativo, y el motivo por el que un alcalde socialista abría los brazos de la ciudad gallega a un PP en horas bajas, viajaba en una somera línea del plan que decía: “Análisis de la viabilidad del proyecto de puerto exterior en A Coruña”. La infraestructura, muy criticada por lo arriesgado de su ubicación, en un lugar sin abrigo natural frente al mar, entró en funcionamiento en 2012 y necesitó la construcción de uno de los diques más grandes del mundo, de 3,3 kilómetros de longitud. La justificación de su ubicación ni siquiera respondía a una necesidad perentoria, ya que en Ferrol estaba en marcha otro puerto exterior, que recibió el primer carguero en 2007.

Aunque 21 años después sigue inacabado, el de A Coruña ya ha consumido más de 750 millones de euros de inversión pública. Lo que no ha conseguido es su objetivo principal: el traslado de toda la industria situada en el centro de la ciudad, en especial de las instalaciones de Repsol. En marzo de 2023, más de 20 años después de aquel consejo de ministros, se trasladó el tráfico de crudo, pero aún faltan los productos refinados. La empresa explica que actualmente trabaja en el estudio de ingeniería que permita el movimiento definitivo, pero no ofrece un calendario de cuándo será realidad.

La operación para mover las empresas del puerto interior al exterior presentó otro problema: se sostuvo sobre la recalificación urbanística de los terrenos. Y esa recalificación navegaba en la burbuja inmobiliaria de la época que terminó estallándole en la cara al puerto de A Coruña cuando quiso subastar entre las promotoras los 465.000 metros cuadrados de los muelles en pleno centro coruñés.

En aquella mañana de enero de 2003, sin embargo, el futuro era un lienzo en blanco solo empañado por las fotografías de un Aznar manchado de chapapote que colgaban de los balcones de la plaza de María Pita. Fue la forma que tuvieron los vecinos de protestar cuando el alcalde, condecorado en ese consejo de ministros, prohibió el acceso ciudadano para evitar que el presidente tuviese que enfrentarse a ellos.