Retraso y mucha burocracia: lo que La Palma y Lorca enseñan en la gestión de las ayudas por la dana

La erupción del volcán de La Palma en septiembre de 2021 y el terremoto que sacudió Lorca 10 años antes dejaron un reguero de destrucción que, ahora, la dana ha multiplicado en Valencia, Albacete y otras provincias mediterráneas. La zona más afectada, compuesta por más de 70 municipios valencianos, representa el 35% del PIB provincial y un 22% de la riqueza autonómica: unos 28.000 millones de euros. A falta de conocer el balance de daños, la Generalitat ha pedido ayudas por valor de 31.400 millones y el Gobierno de España ha desplegado una primera fase de respuesta que alcanzará los 10.600 millones.

Entre otras medidas de carácter laboral y económico, se prevén transferencias directas para reparar las viviendas y coches afectados, además de comercios, empresas, naves industriales y resto de centros de trabajo. A la espera de que ver cómo se aterrizan, los casos de La Palma y Lorca pueden dar varias lecciones a las Administraciones públicas en cuestiones de gestión.

La Palma

Aquel 19 de septiembre de 2021, la vida cambió para miles de palmeros. Un volcán se abrió en pleno centro de La Palma y se llevó por delante poblaciones enteras como Todoque, en las faldas del foco. Ahí vivía Fátima Ramos, igual que su madre y su hermano. Tres años después, Ramos se ha erigido en portavoz de la Plataforma de Afectados por el Volcán y confiesa haber revivido su propia pesadilla viendo los estragos de la dana en la Comunidad Valenciana. “Las ayudas han terminado llegando”, admite en conversación telefónica. “Lo que pasa es que no ha sido para nada rápido ni ágil. Ha habido trabas burocráticas, las distintas administraciones no han trabajado de forma conectada. Y ha faltado información a la población”.

La emergencia duró 85 días. Este lapso bastó para que 159 millones de metros cúbicos cubrieran 1.219 hectáreas de tierra —el 2% de la superficie de la isla— y sepultaron 73,8 kilómetros de carreteras y 2.988 edificaciones, 1.345 viviendas, entre ellas. A diferencia de lo sucedido en Valencia, la erupción solo causó un fallecido: un hombre de 72 años que murió a causa de la inhalación de gases tóxicos mientras limpiaba su casa en zona de exclusión.

En julio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática —y presidente de Canarias durante la erupción—, Ángel Víctor Torres, puso cifras a la factura abonada hasta la fecha con dinero público: 1.046 millones de euros. En este monto están incluidos los 237 millones que ha abonado el Consorcio de Seguros, e incluyen, a su vez, las inversiones en carreteras, las obras hidráulicas, los planes de empleo o para pymes, y las desgravaciones en el IRPF.

Cuatro días después de la erupción, los Reyes, acompañados del presidente Pedro Sánchez, también visitaron las zonas afectadas. Su presencia sirvió al jefe de Gobierno para anunciar las primeras ayudas directas para la compra de enseres personales. El 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó finalmente un real decreto que puso en marcha un “potente paquete de medidas”, según lo calificó entonces el propio Sánchez en la isla.

Las medidas lanzadas ponían el foco en la vivienda, el tema que sigue causando desvelos entre la población. El decreto ley compensaba la destrucción total de las residencias, con 60.480 euros; los daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, con 41.280 euros; y los daños más leves, con 20.640 euros. A estas ayudas hay que añadir las iniciativas lanzadas por el Ejecutivo, que suman algo más de 150 inmuebles en alquiler por toda la isla. A día de hoy, una decena de personas aún reside en hoteles, y otras 84 en soluciones de emergencia como inmuebles modulares o contenedores. Hasta 14 de ellas están a la espera de que el Cabildo dé el visto bueno para que puedan acceder a sus casas en zona de exclusión.

El volcán no ha hecho sino acrecentar la crisis habitacional en una isla de tamaño reducido, cuyo territorio está protegido en un 35%. Por ello, el real decreto aprobado en 2021 incluía la posibilidad de construir en terreno rústico. Esta circunstancia, unida a la inyección de dinero público, ha calentado el mercado inmobiliario y desatado la especulación de los terrenos, una circunstancia que el anterior consejero canario de Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, llegó a calificar de “inmoral”.

El real decreto de 2021 también introdujo una serie de exenciones fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las Actividades Económicas (IAE); una moratoria en las hipotecas de inmuebles que se encontrasen en la zona sepultada; y medidas de carácter económico, como un aplazamiento y una moratoria en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social, así como un plan de empleo. Actualmente, las personas que obtengan sus rentas en la isla disfrutan una rebaja del 60% en el IRPF. Esta medida, explica el Ejecutivo autonómico, se empezó a aplicar en 2023 con efecto retroactivo a las rentas de 2022 y se prevé que se aplique durante unos 10 años, si bien hay que negociarla año a año en los Presupuestos.

El año pasado, además, Coalición Canaria negoció con el PSOE un acuerdo de investidura que incluía una partida plurianual del Estado de 100 millones para compensar a las personas este valor real de sus propiedades. A esa cuantía, el Gobierno de Canarias sumaría otros 50 millones anuales de fondos propios. El Gobierno de Canarias defiende esta medida como una forma de restituir los 600 millones de patrimonio privado que se perdieron bajo la lava. “Para poder llevar a cabo esto, algo inédito, hemos tenido que desarrollar no solo los instrumentos legales, sino también los procedimientos y criterios técnicos”, afirma una portavoz del Ejecutivo canario. “Pero no era suficiente con una ayuda por emergencia”, sentencia. “Era necesario devolver [compensar] el valor de lo perdido para que la gente pueda reconstruir plenamente su patrimonio y, con ello, su vida”.

El Gobierno central abonó el año pasado el primero de estos pagos, y el Ejecutivo autonómico lleva semanas reclamando el correspondiente a este año. “Estamos en plazo”, explican fuentes oficiales.

Con todo, Fátima Ramos recalca que la principal factura es la psicológica. “No sé si nos recuperaremos o podremos llevar una vida”, lamenta. Por eso, su consejo es claro tras tres años de pelea. “Tengan paciencia: la desesperación juega malas pasadas. Luchen por lo suyo”.

Lorca

En la Región de Murcia, en mayo de 2011, un doble terremoto arrasó con la ciudad de Lorca, la tercera por volumen de población, con unos 98.500 habitantes. Los seísmos provocaron la muerte de nueve personas, dejaron más de 300 heridos y afectaron al 80% del parque inmobiliario de la ciudad: unas 44.000 viviendas sufrieron daños de diversa consideración y 1.250 tuvieron que ser demolidas, explica Juan Carlos Segura, que presidió la plataforma de afectados por esta tragedia, hoy día ya disuelta.

El Consorcio de Compensación de Seguros abonó a los afectados un total de 552,3 millones de euros, según los datos oficiales recogidos en su revista digital, que apunta que se tramitaron casi 29.000 expedientes y que la indemnización media fue de 19.140 euros. Según detalla Segura, estos pagos fueron los primeros que recibieron los afectados: a lo largo del primer año tras el terremoto se cobraron las aportaciones menores, para reparaciones en viviendas que no tenían que ser demolidas, y en los dos años siguientes llegaron las ayudas a quienes tenían que tirar abajo su hogar y levantarlo de nuevo. El real decreto 6/2011 de 13 de mayo de 2011 articulaba ayudas complementarias para indemnizar a las familias que carecían de seguro o que tenían “infraseguros”, es decir, seguros de baja cuantía que no cubrían los daños causados.

Las Administraciones públicas dieron a estos afectados unos 200 millones de euros, que llegaron de manera mucho más lenta: hace apenas un mes que se ha abonado en torno a un millón de euros que todavía estaba pendiente para unas 150 familias afectadas por la tragedia de hace 13 años. Para Segura, el mayor drama lo vivieron los miles de personas “desplazadas”, que no podían seguir viviendo en sus casas, ya que las ayudas para pagar el alquiler de una nueva vivienda se les comenzaron a pagar en agosto de 2012, un año y tres meses después del seísmo.

Los fondos públicos para reconstruir las viviendas demolidas se demoraron de media entre seis y siete años, señala Segura. El primer edificio demolido y construido de nuevo tardó tres años en todo el proceso. Además de los retrasos en los cobros de las ayudas, Segura explica que hubo numerosa casuística entre los afectados que demoró las reconstrucciones. Por ejemplo, el real decreto solo contemplaba ayudas en el caso de que la vivienda afectada fuese el domicilio habitual, pero había numerosos casos de “cesionarios en precario” que quedaban fuera de la ayuda: hijos que ocupaban una segunda vivienda de sus padres, o ancianos que residían en la segunda vivienda de sus hijos. Otra situación común era la de que, en un edificio de viviendas, alguno de los propietarios no tuviera fondos para llevar a cabo la reconstrucción, lo que impedía al resto avanzar en el proceso.