La investigación certifica que el gabinete de Oltra no trató el tema de la menor abusada por su exmarido hasta que la Fiscalía abrió diligencias
Un informe sostiene que la Generalitat no borró ningún correo electrónico, en contra de lo que denunció una exfundadora de Vox
El gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra no trató el tema de la menor abusada por el exmarido de la dirigente de Compromís hasta que la Fiscalía les comunicó que había abierto diligencias. Así lo atestigua la policía en un informe fechado el 10 de mayo y remitido al juzgado en el que afirma que solo existen correos electrónicos referentes al caso a partir del 8 de agosto de 2017, cuando el departamento abrió un expediente informativo tras conocer que había en curso una investigación judicial.
El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha levantado, después de seis meses, el secreto de la pieza en la que se han investigado las comunicaciones entre la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y los miembros de su gabinete con el fin de comprobar si existía alguna comunicación que desvelara que el departamento conocía el caso con anterioridad a la decisión de la Fiscalía y maniobró para tratar de ocultarlo o minimizarlo. Sin embargo, las únicas comunicaciones referentes al tema son las que se cruzaron el centro donde estaba ingresada la menor y la dirección territorial de Valencia, pero no con el gabinete de la vicepresidenta, de Compromís. En su declaración ante el juzgado, la ya exvicepresidenta insistió en que se enteró del caso de los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su domicilio y que desconocía el trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su departamento desde el mes de febrero de ese año, cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos. El caso del abuso acabó en 2019 con una condena de cinco años de prisión al exmarido, Luis R. Icardi.
El caso en el que se investiga a Oltra, y que le llevó a su dimisión, procede de una querella de una asociación que preside la exfundadora de Vox Cristina Seguí y se centra en la gestión del departamento que dirigía Oltra sobre el caso de la menor. Además de la exvicepresidenta están imputados una docena de funcionarios. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia, con su imputación, señalaron que la líder de Compromís debía someterse a la investigación para resolver la “sospecha inicial” de un posible acuerdo entre ella y varios funcionarios para ocultar el caso. La fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, apoyó la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y apuntó que Oltra conoció el caso antes de que este se judicializara y que, después de que se presentara la denuncia por los abusos, dictó una orden verbal para “desvirtuar la credibilidad de la menor” y ocultar los hechos. El tribunal consideró que existen “una serie de indicios plurales que, en su conjunto, hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, bien de proteger a su entonces pareja (…), bien proteger la carrera política de la aforada”. En el mismo auto de imputación, los magistrados señalaron: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero aun así consideraron que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.
En la pieza sobre las comunicaciones de los integrantes del gabinete de Mónica Oltra, se ha investigado también el posible borrado de correos electrónicos denunciado por la misma Seguí. Según el informe de un técnico, incorporado también a la causa, la denuncia no es más que un “malentendido” puesto que lo que procedió a inhabilitar la Generalitat fue el dominio @cv.gva.es, creado inicialmente para proveer de cuentas de correo a los ciudadanos, pero que, en ningún caso, son direcciones de correo utilizadas por los trabajadores de la Administración pública.
Al margen de esta pieza, el juez instruye también otra, la principal, en la que se investiga la gestión que se hizo del caso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana apreció indicios de que la líder de Compromís maniobró, con otros, para obstaculizar la investigación sobre su expareja y decidió su imputación. La entonces vicepresidenta de la Generalitat dimitió días después. Pese a que Compromís dejó la puerta abierta para poder recuperar a Oltra hasta en último minuto antes de la presentación oficial de las listas a las elecciones autonómicas, la causa se ha prolongado en el tiempo y ha impedido la candidatura.
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