El relato en cuatro actos que pone a Mónica Oltra contra las cuerdas: “La finalidad era desacreditar a la víctima”

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, está contra las cuerdas. La oposición se ha lanzado en tromba a pedir la dimisión de la diputada de Compromís, que forma parte del Gobierno liderado por el socialista Ximo Puig, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de imputarla por el supuesto encubrimiento del caso de abusos a una menor, que supuso la condena a su exmarido, Luis Eduardo Ramírez. Los magistrados, que consideran que existen “indicios plurales” contra ella, se apoyan en el relato del instructor de la causa, al que se suma el duro escrito que presentó la Fiscalía el 1 de junio.

“Nadie denuncia”. Al analizar lo ocurrido, el ministerio público distingue cuatro periodos. El primero comienza el 13 de febrero de 2017, cuando la menor relata por primera vez que, entre 2016 y principios de 2017, sufrió abusos por parte de Ramírez, entonces marido de la vicepresidenta y trabajador del centro de acogida donde residía la chica. La joven se lo cuenta a una educadora social. Y, al día siguiente, se lo repite a otro técnico. La directora de la instalación también se entera y elabora un informe que se envía a una trabajadora de la Dirección Territorial de la Consellería de Igualdad, quien a su vez lo habla con el jefe de la Sección del Menor y con una psicóloga. Pero “nadie” denuncia.

“Tenemos una actuación incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos. La Generalitat tiene la tutela de la menor, le comunica que está sufriendo unos abusos sexuales y, no solo no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, la Fiscalía de Menores o la Justicia”, dice el ministerio público. Además, la directora del centro se entrevistó con los padres del novio de la menor, que le insistieron en que la joven no quería regresar a la instalación porque por la “noche abusan de ella, [con] tocamientos”.

“Tiene un familiar que es un cargo”. Todo cambia el 22 de junio de 2017, “más de cuatro meses después” de que relatase los abusos por primera vez, según la Fiscalía. Dos policías se enteran durante un traslado de la menor. Pese a sus reticencias, ella se los cuenta. “Es un tal Luis, del cual no quiere decir más y del que le cuesta hablar por el temor que le suscita, ya que tiene un familiar que es un cargo importante dentro de una Consellería”, reportan los agentes a su jefe, que informa a su vez al ministerio público.

“Es a partir de esta fecha cuando la cuestión sale del ámbito interno de la Consellería de Igualdad”, reprocha la Fiscalía en su escrito de junio, que asegura que existen “indicios” de “bastante intensidad” que apuntan a la “escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos”. El 28 de julio de 2017, la Fiscalía pone una denuncia.

Oltra se entera. El 4 de agosto, el marido recibe la primera notificación del juez. La política lo supo ese mismo día, según reconoció en las Cortes Valencianas.

“Desacreditar a la menor”. Según el ministerio público, a partir de ese momento, Igualdad pone en marcha un expediente “para desacreditar a la menor y exculpar a la Consellería, beneficiando de esta manera al autor material de los hechos y a Oltra”, a la que atribuye una orden “verbal” para proceder de esta forma. Su “finalidad” no era “constatar la veracidad de los hechos”, sino “desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio”. La Fiscalía concluye que fue una investigación “sesgada”, a la que se añadió un informe psicológico que concluía que las manifestaciones de la joven eran “poco creíbles”.

“Se realizó una investigación superficial, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos”, subraya el ministerio público, que describe una “voluntad de dejarlo correr” que “pasa a ser indiciariamente comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido de Oltra”. “Podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc. se equivocó, pero ¿todos?”, remacha el escrito de la Fiscalía, que prosigue: “Se deduce a nivel indiciario la existencia de una directriz de actuación por parte de todos de disminuir la importancia y ocultar los abusos [...] Esa manera de proceder le beneficiaba [a Oltra], en cuanto era un medio idóneo para eludir posibles responsabilidades políticas”.

Ramírez fue juzgado por los hechos el 7 de noviembre de 2019, pero la sentencia se anuló por no tener en cuenta los informes de la Consellería que ponían en duda los testimonios de la menor. Según la Fiscalía, no se enviaron hasta un día antes de conocerse la resolución que condenó al agresor por primera vez. Así que la vista oral tuvo que repetirse. Ya en 2021, la Audiencia Provincial volvió a considerar culpable al exmarido de la vicepresidenta. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado ese dictamen, que se encuentra ahora recurrido al Tribunal Supremo.