El parlamento valenciano saca adelante la implantación de una tasa turística municipal y voluntaria

Las Cortes valencianas han aprobado este jueves, por 51 votos a favor y 46 en contra, la implantación de la tasa turística pese al recelo inicial de los socialistas, que lideran el gobierno autonómico donde tienen como socios a Compromís y Podem. La tasa, que era una reivindicación de estos dos últimos, ha salido adelante gracias a las modificaciones que ha registrado y que harán que no entre en vigor hasta 2024, que sea municipal y voluntaria, es decir, cada ayuntamiento podrá decidir si la implanta o no.

Este nuevo tributo se dirige a los establecimientos hoteleros, los campings y las áreas para autocaravanas, las casas rurales, los albergues turísticos, las viviendas de uso turístico y las embarcaciones de crucero y yates turísticos cuando realicen escala en un puerto de la Comunidad Valenciana.

La tasa supondrá una cuota diaria va desde los 50 céntimos de las pensiones y los cámpings hasta los dos euros de los hoteles de lujo (cinco estrellas o cuatro superior). En hoteles de cuatro estrellas y tres superior se pagará 1,5 euros y en el resto de hoteles, un euro. En el ámbito rural será 1,5 euros para los establecimientos de lujo; un euro para los de cuatro y tres superior y 0,5 para los de tres estrellas o menos. Los cruceros tendrán una cuota de 1,5 euros.

El destino de la recaudación, según marca la norma, será la promoción y atención a los turistas, la desestacionalización y diversificación del turismo, el impulso de la movilidad sostenible, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, la conservación y reparación del patrimonio cultural, la lucha contra la precariedad laboral, mejorar los barrios con mayor flujo turístico y digitalizar la gestión de los destinos y establecimientos turísticos, entre otras.

La primera vez que el Botànic barajó la posibilidad de implantar una tasa turística en la Comunidad Valenciana fue en 2015 y esta se convirtió un compromiso ante el que los socialistas valencianos trataron de darla largas tras la crisis del coronavirus. El año pasado, tras la presión de Compromís y Podem, el entonces portavoz socialista, Manolo Mata, logró que la tasa se debatiera como una proposición de ley (que es la que se aprueba hoy) y que tuviera un año de moratoria ante la situación del sector tras la pandemia.

Uno de los mayores opositores a la tasa ha sido el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que llegó a decir que dimitiría si esta salía adelante. El tributo también ha encontrado la oposición de los empresarios turísticos. Según los empresarios hoteleros y turísticos de la Comunidad Valenciana, se trata de un impuesto “que agrava todavía más la presión fiscal de los valencianos, una de las más altas de España, y que van a pagar un 30% de los turistas que proceden de la propia Comunidad”. La patronal ha calificado además la tasa de “inoportuna” porque, según consideran, “viene a castigar todavía más a empresas que no han superado aún los efectos de la crisis de la covid y que está inmersa en una compleja situación económica derivada de la inflación y de los incrementos de costes energéticos y de alimentación que forman parte básica de su prestación de servicios”.

También es contraria la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), mientras que la síndica de Compromís, Papi Robles, ha puesto como ejemplo de diálogo en el Botànic y el de Unides Podem, Ferran Martínez, ha celebrado la aprobación del nuevo impuesto, que está convencido que será “provechoso”.