Pagar por visitar Santiago o Granada: las ciudades claman por una tasa turística

Del confinamiento al furor por viajar. El fin de las restricciones de la pandemia deja en las ciudades españolas más turísticas un verano de calles y monumentos abarrotados y también un rastro de preocupación. La riada de visitantes que en julio y agosto tomó el centro de Santiago de Compostela, Granada, Sevilla o Málaga ha recordado a los alcaldes y vecinos que el éxito turístico tiene sus sombras. Para afrontar el sobrecoste que provoca en servicios municipales como la limpieza, el transporte o la seguridad, estas localidades han empezado a reclamar que se les permita implantar una tasa turística como la que funciona en Cataluña, Baleares y gran parte de Europa. Mientras la coalición de izquierdas de la Generalitat Valenciana tramita ya la aprobación de este impuesto que pagan los turistas en establecimientos hoteleros, los gobiernos autonómicos del PP en Galicia y Andalucía se oponen a autorizarlo.

Hace solo tres años el veterano socialista Xosé Sánchez Bugallo rechazaba la tasa turística. Ahora confiesa que ve claro que Santiago de Compostela, la ciudad en la que acumula 15 años como alcalde (de 1999 a 2011 y desde 2019), la necesita para no morir de éxito. “Pedimos esta tasa para atender a la conservación del casco histórico, al incremento del coste de los servicios y también por justicia, porque no es razonable que el vecino de un barrio que no recibe esos servicios tenga que pagar un sobrecoste”, esgrime. Para responder a la muchedumbre de peregrinos y turistas que en temporada alta multiplican por seis la población que pisa el casco histórico, la ciudad del Apóstol financia alrededor de la catedral un servicio de limpieza de casi 24 horas. La basura se recoge en la zona vieja dos veces al día de lunes a domingo, mientras que los operarios acuden a los barrios solo seis veces a la semana. “Yo no tengo turismofobia, es una parte fundamental de la economía del municipio y los peregrinos están en el ADN de una ciudad de acogimiento como esta. Pero eso tiene un sobrecoste que se repercute homogéneamente entre todos los vecinos de Santiago, vivan del turismo o no”, subraya Bugallo.

La medida la planteó el anterior gobierno de la marea municipal Compostela Aberta en 2015, pero el PSOE de Bugallo desbancó a aquel ejecutivo en 2019 con un discurso contrario al impuesto. Aducía entonces dificultades para cobrárselo a los numerosos excursionistas que visitan Santiago sin pernoctar y su temor a espantar a los visitantes. ¿Por qué ha cambiado de opinión? El alcalde compostelano apunta a la “magnitud” que ha alcanzado el turismo durante este Xacobeo y a que ahora considera “debidamente contrastado” que la tasa “no tiene repercusión negativa” en la llegada de visitantes. La eclosión de viajeros este verano es de récord, destaca: el aeropuerto ya registra un 25% más de usuarios que antes de la pandemia cuando AENA no esperaba esa subida hasta 2027; la estación de trenes “sufre colapsos dos o tres veces por semana”; y se ha batido el máximo histórico de pernoctaciones sin ni siquiera contar con el millar de pisos turísticos que carecen de registro de clientes.

La implantación de una tasa turística es en España competencia de los gobiernos autonómicos. En Galicia la Xunta del PP la rechaza. El presidente gallego Alfonso Rueda niega incluso que la comunidad sufra masificación turística. “No digo que ese riesgo no exista a largo plazo, pero estamos muy lejos y es injusto dar esa sensación”, ha asegurado. En Andalucía, la Junta del PP tampoco quiere oír hablar de la tasa. “No andemos pensando en inventos que ahora no tocan”, ha zanjado el nuevo consejero de Turismo, Arturo Bernal, el debate sobre la medida, impulsado por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), y que secundan sus homólogos de Málaga, Francisco de la Torre (PP), y Granada, Francisco Cuenca (PSOE).

Bernal alega que el sector turístico y hotelero se opone a este impuesto y que lo importante ahora era centrarse en resucitar una actividad que no ha recuperado los niveles prepandemia y que está acuciada por la inflación y la subida de los precios de la energía. “Es muy complicado levantar a un sector cuando el sector se ha muerto”, asegura el consejero, para quien la reclamación de una tasa es “como el Guadiana” y aparece cuando hay repunte de visitantes.

“No entiendo que se zanje la posibilidad de abrir un debate y de analizar su viabilidad”, señala el alcalde de Sevilla. “No se trata de reclamar una aplicación inmediata, sino de que se genere un marco normativo para que los ayuntamientos que lo deseen puedan aplicarla”, abunda. Muñoz cuenta con el respaldo del pleno del consistorio, que en julio apoyó con los votos del PP abordar el estudio de la implantación de la tasa. La iniciativa, que respaldan los sindicatos, la patronal sevillana y el sector turístico de la ciudad, plantea que sea voluntaria, que consensúe el modelo de aplicación y sea transparente en su recaudación y destino, siempre acotado a la mejora de los servicios públicos.

“Es una manera de que se contribuya a la sostenibilidad del modelo turístico, con inversiones en promoción de la ciudad, en patrimonio e incluso en la mejora de aquellos barrios que están más saturados por la afluencia de visitantes”, detalla el alcalde, que quiere aplicar la tasa no solo a los clientes de los hoteles, sino también a los cruceristas y a los inquilinos de pisos turísticos.

Sus argumentos son compartidos por el regidor de Granada. “Nadie va a dejar de visitar la Alhambra porque le cueste un euro más pasar la noche”, advierte Cuenca. “Las ciudades compiten para atraer turismo y es importante mejorar los servicios y la atención al visitante, pero también al ciudadano. Ahora mismo nosotros partimos en desigualdad porque hay ciudades como Barcelona que cuentan con ingresos para esa promoción de los que nosotros carecemos”, abunda. Tanto Muñoz como Cuenca apuestan por que la tasa sea de un euro, una cifra que les permitiría recaudar unos siete y cuatro millones de euros anuales, según sus respectivos cálculos basados en la media de pernoctaciones.

El Ayuntamiento de Málaga también ha aprobado una iniciativa en pleno para reclamar un marco legal que permita desarrollar el impuesto. El alcalde, el popular Francisco de la Torre, considera “positiva” la tasa turística “siempre y cuando se alcance el consenso con el sector”. “Si ese consenso se produce y se acaba implantando, lo que se obtuviera con la tasa turística se destinaría a la promoción del turismo de calidad y excelencia, lo cual sería bueno para todo el sector turístico”, esgrime.

Rechazo de los hoteleros

Los hosteleros de Santiago no ven con malos ojos la tasa porque recaudaría fondos para un turismo “más sostenible” y mayor promoción, pero la Unión Hotelera Compostela, que agrupa a los 17 mayores establecimientos de la ciudad, cree que, en tiempos de “incertidumbre” económica, “no es el momento” de aplicar una medida que “penaliza al turista que pernocta”. El sector hotelero en Andalucía se opone tajantemente. “Los políticos han dicho que si el sector no está de acuerdo que no se aplique. Pues el sector no está de acuerdo, y punto”, sostiene Rafael Barba, de la Federación de Hoteles de Andalucía. “Estamos rotundamente en contra, no solo de una tasa o de un impuesto, sino de que se debata”, afirma Javier Hernández Rodríguez, de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Consideran que la medida les hace menos competitivos respecto de otros destinos similares de sol y playa.

En Andalucía los alcaldes a favor de la tasa abogan por regularla en una normativa regional que establezca su aplicación voluntaria. No obstante, Muñoz no se cierra a explorar la vía estatal y ya ha trasladado a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la posibilidad de modificar la ley de tributos locales para incluirla como un impuesto municipal.

Tras seis años de debate, la Comunidad Valenciana aprobó el pasado julio la creación del impuesto con el apoyo de los tres partidos del gobierno (PSOE, Compromís y Unides Podem). Los socialistas han asumido la tasa después de rechazarla durante años aunque con polémica interna. A partir de 2024 los ayuntamientos que lo deseen podrán imponer un recargo de entre 50 y dos euros a los turistas que pernocten. A expensas de lo que ocurra en las próximas municipales, el gobierno del PP en Benidorm, capital valenciana del turismo, ya ha anunciado que no implantará la medida. Por el contrario, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), considera que la tasa es “imprescindible” y ha llegado a retar a sus detractores a que aporten “un dato científico serio de una ciudad que la haya puesto y haya visto una bajada del número de personas que la visitan”. “En las 160 ciudades europeas donde se ha implementado no se ha resentido el sector”, sentencia el alcalde de Sevilla.