El informe encargado por el Consell a la Universidad de Alicante considera que la tasa turística no es “oportuna” a medio plazo

La implantación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana, cuya tramitación en el parlamento autonómico ha salido adelante con apoyo político de la mayoría que constituyen los socios de Gobierno, ofrece un contexto singular. Navega entre las dudas de los miembros del PSOE, el rechazo abierto de toda la oposición y el fortín levantado en su contra por el sector turístico, todos a una. Uno de sus principales detractores, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha presentado este miércoles un informe académico elaborado por un equipo de especialistas de la Universidad de Alicante (UA). Y la conclusión principal es que “a medio plazo, no se considera oportuna” la medida planteada, principalmente, por Compromís, con el apoyo de Unides Podem. Colomer ha subrayaso que el estudio simplemente pretende “aportar conocimiento, talento y un punto de vista autorizado”, pero el resultado abona su teoría: “En este año de inflación y recesión, que lo único que se mueva en el plano impositivo sea el turismo merece una reflexión”, ha manifestado.

El informe está firmado por cinco miembros del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la UA. A lo largo de 129 páginas, analizan el concepto de tasa turística y su aplicación en diferentes ciudades y países, la evolución del sector con especial atención a los efectos de la pandemia y la oportunidad de la aplicación del tributo según las tipologías turísticas. Según los expertos, su impacto económico, cifrado “en el mejor de los casos en unos 53 millones de euros anuales”, apenas incidiría en un mercado como el de la Comunidad, que recauda en impuestos vinculados al sector unos 3.800 millones. Su puesta en marcha también supondría, sostienen los autores, “cierta contradicción” con “la reducción del 10% de las tasas autonómicas anunciada recientemente por el presidente de la Generalitat”, Ximo Puig.

Otro aspecto relevante, a juicio de los especialistas, es que este gravamen “afecta al alojamiento regulado” y deja fuera otras formas practicadas “entre particulares no declaradas”, lo que se convertiría en “un nuevo elemento discriminatorio” a favor de “alquileres que quedan al margen de los requerimientos legales como instrumento recaudatorio y de garantía de calidad del servicio ofertado”. La tipología del turismo valenciano, “con necesidades específicas y periódicas de mantenimiento y frecuentemente masificados” desaconseja también el gravamen, ya que los destinos de la Comunidad no soportan “una demanda más rígida respecto de las tarifas” que ciudades como París, Venecia, Florencia, Roma o Barcelona, “que cuentan con iconos mundialmente reconocidos” y, por tanto, no se enfrentan a la competencia como los de sol y playa.

“Para que la tasa no supusiera ningún problema” en la contratación de viajes, “debería terminar siendo asumida por las empresas”, lo que, indican los autores del informe, “podría llegar a poner en riesgo su propia supervivencia y el empleo asociado al reducir sensiblemente sus márgenes, ya muy deteriorados por el incremento de costes derivados de la guerra de Ucrania y su impacto en el precio de la energía y otras materias primas básicas”. Aseguran también que v, en los destinos en que están regulados, no contribuye a mejorar las condiciones del destino”, sino que ayuda a “reducir déficits de financiación o se destina a partidas no relacionadas con la actividad turística”.

La crisis actual ha acarreado “un importante endeudamiento de las empresas” del sector, situación que no se recuperará cuando se vuelva “a los niveles de demanda previos a la pandemia”, sino en “un plazo muy superior para hacer frente a las deudas contraídas”. La industria turística suele reaccionar a las épocas de crisis con reducción de precios, para sostener la demanda, pero la tasa, dice el estudio, “acarrearía un aumento de esas tarifas soportadas por los turistas”, con lo que “neutralizaría” las rebajas y dejaría “muy comprometida la rentabilidad del sector cuando más lo necesita”.

Finalmente, el informe presentado en la sede del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur), situado en Benidorm, repasa el impacto que la tasa tendría en cada uno de los destinos de la Comunidad, como la propia Benidorm, la costa, las ciudades y los municipios de interior y rurales. En todos ellos encuentra la necesidad de rebajar los precios para captar visitantes en el contexto actual. Por último, los expertos aluden a que la tasa de alojamiento reglado es menor en la Comunidad Valenciana que en Cataluña o Baleares, donde ya se aplica el tributo, por lo que su potencial puesta en marcha no se relacionaría “con la actividad turística en general, sino con un determinado modelo de desarrollo turístico”.