Las escuelas concertadas empiezan a descolgarse del pacto para reducir las ratios

Las semanas y meses que rodean la preinscripción escolar acostumbra a estar cargada de tensión, especialmente por las noticias del cierre de grupos en los colegios públicos. Familias y sindicatos critican el hecho que, debido a la caída de la natalidad, se disminuyan aulas en la pública antes de que se abra el proceso de inscripción -que arranca este miércoles-, mientras se mantenga la oferta de la concertada -que ser revisa tras la matriculación-. Pero los ánimos todavía están más crispados cuando, en los municipios afectados por estos cierres -un total de 111 grupos menos-, algunas escuelas concertadas optan por desmarcarse del pacto municipal para reducir las ratios y contribuir por igual en amortiguar los efectos de la falta de alumnos. “Sí ha habido ciertas controversias en algunos puntos, pero en general ha habido un amplio consenso y un trabajo conjunto de planificación entre públicas y concertadas”, admite Xavier Güell, director general de Centros concertados.

Desde la Fundación de Escuelas Cristianas, la principal patronal de la concertada, admite que han recibido llamadas de centros anunciando que el próximo curso ofertarán el total de 25 plazas que tienen autorizadas, y no 20 o 22, como en años anteriores. Meritxell Ruiz, secretaria general de la fundación, asegura que “los pactos se deben renovar cada año, y no es que se haya roto el pacto, sino que no se ha llegado a un acuerdo y no se ha renovado”.

A raíz de la implacable caída de natalidad, en 2022 el Departamento de Educación anunció una reducción generalizada de las ratios en la etapa de Infantil3, que pasó de 25 a 20, en la escuela pública. En el caso de la concertada, que se rige por una normativa específica, la decisión era voluntaria y también dependía de la realidad de cada municipio, pero se buscaba un entendimiento entre la red pública y privada, especialmente en un momento en que las concertadas no lograban cubrir todas las vacantes.

Según datos del Departamento de Educación, en esta preinscripción un 93% de grupos de la pública parten con ratio 20 o inferior, frente al 55% de la concertada, unos porcentajes ligeramente superiores a los del año pasado (91 y 50%, respectivamente). Tras la matriculación, los datos varían significativamente en la concertada, ya que el curso actual arrancó con el 94% de aulas públicas con ratio 20 o menos y un 79% de la concertada (el curso pasado fue el 86 y 66%, respectivamente), hecho que revela las dificultades de la privada para llenar los grupos.

Uno de los municipios pioneros en la reducción de ratios de forma conjunta entre pública y concertada es Mataró. Empezó a hacerlo progresivamente en 2020, pero cuando hace dos años se pactó bajar la oferta a 18 plazas, dos concertadas se desvincularon. Para el próximo curso ofertarán 25 plazas, cuando en la pública serán 18. Esta descompensación no agrada a las familias de la pública, especialmente aquellas que ven cómo el próximo año el Departamento de Educación ha decidido eliminar una de las líneas de su centro. “Es evidente que las concertadas hacen lo que quieren y que los cierres solo afectan a la pública, mientras las administraciones no hacen nada para revertir la situación y que haya igualdad de condiciones”, critica Jordi Esquerra, miembro del AFA Rocafonda, que si no hay cambios de última hora, perderá uno de los dos grupos.

Lo mismo ha sucedido en Terrassa, donde este año un par de centros concertados también han roto el acuerdo municipal, en una ciudad especialmente afectada por los cierres: nueve grupos en total. “Es significativo el momento en que se ha roto el pacto y es una lástima que ni el Departamento ni el Ayuntamiento ponga el foco en ello. Creemos que es una estrategia de mantenimiento de la escuela concertada porque en la práctica, en un contexto de descenso de natalidad, se permite que la concertada surja con una oferta superior, de manera que se asegura más matrícula, así que tendrá menos vacantes para asumir la matrícula viva e impedirá que los alumnos vulnerables se repartan equitativamente”, espeta Tiago Ferreria, portavoz de la Pepeta, la plataforma de AFAs de centros públicos de Terrassa.

El temor de las familias es que la decisión de, hasta ahora, pocos centros se extienda el próximo curso entre el resto de concertadas, algo que desde Escuelas Cristianas admiten que podría suceder. “Si sales a 20 significa que pierdes el 20% del alumnado y el 20% de los ingresos. ¿Y quién paga la parte proporcional de luz o de personal? Lo que no puede ser es que las escuela tengan que hacer números para ver si pueden o no sostener la ratio 20. Y a lo mejor lo pueden aguantar uno o dos años, pero no tantos seguidos”, tercia Ruiz.

La patronal justifica que también está desequilibrando los balances el gran volumen de alumnos vulnerables que están asumiendo, que son escolarizados con una ayuda de Educación de 988 euros, las conocidas como mochilas económicas, pero que desde el sector ven insuficiente y reclaman que se aumente hasta los 1.500-1.800 euros para cubrir el coste real de la escolarización. “Si de 25 alumnos solo 12 pagan la cuota, esto es insostenible. Con 20 alumnos puedes pagar la factura del agua, pero con 15 no”, añade Oriol Blancher, presidente de la Agrupación Escolar Catalana, quien no crea que, de forma generaliza, las concertadas aumenten la oferta. “Muy pocas llenan, pero para qué salir a 25 si no vas a llenar”, reflexiona.

Nueva plataforma

Para criticar lo que consideran “trato desigual” entre escuela pública y concertada, familias, sindicatos y asociaciones de docentes, entre otras, han creado la Plataforma La Pública, l’Escola de Tothom, una comunión entre los diferentes sectores de la comunidad educativa que no se veía desde la gran oleada de recortes en el ámbito educativo, hace más de una década, y que entonces se materializó en el llamado MUCE. “Se están reduciendo las líneas públicas, mientras sube la concertada y la sobreoferta de plazas hace que no se pueda luchar contra la segregación escolar”, ha criticado Lidón Gasull, directora de la Affac, que agrupa las AFA públicas. La plataforma considera “especialmente grave” el cierre de grupos de ESO, y piden que antes se reduzcan las ratios, ya que es una etapa con “aulas masificadas”. La plataforma pide una reunión urgente con Educación para tratar el cierre de aulas y anuncia una manifestación de protesta el 29 de marzo.

La nueva plataforma está integrada, hasta el momento, por 22 entidades, entre las cuales hay las AFA (Affac y Fapaes), varios sindicatos educativos (Ustec, CC OO, CGT i Intersindical) y de estudiantes, asociaciones de docentes (Rosa Sensat y Movimientos de Renovación Pedagógica), además de otras entidades del sector educativo del ámbito de las guarderías, la segregación escolar, la inclusión, además de la Fundación Bofill o el Sindicat de Llogateres.