Barcelona lidera una alianza de 12 ciudades que urgen un plan europeo de vivienda

Una docena de alcaldes de grandes ciudades, entre ellas Barcelona, han constituido la plataforma Mayors of Housing para poner en la agenda europea como prioridad la emergencia habitacional que afecta por igual a todas ellas. Bajo el liderazgo de Jaume Collboni, el grupo de primeros ediles ha elaborado un manifiesto para exigir a la Comisión Europea soluciones efectivas, una nueva regulación y fondos europeos que lleguen directamente a las ciudades sin pasar por los Estados y que puedan aplicar la excepción fiscal. El colectivo cuenta, entre otros, con el concurso de los alcaldes de París, Roma, Amsterdam, Budapest o Varsovia. La mayoría de los ediles son progresistas, pero también figuran alcaldes populares y liberales.

El colectivo ya remitió en diciembre pasado una carta a la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen y este jueves ha presentado en un acto en el Parlamento europeo un manifiesto con sus reivindicaciones que persigue tener capacidad regulatoria para intervenir en el mercado de alquiler y presupuestos para promocionar pisos protegidos. A esas peticiones, han añadido dos más más: la plataforma presentará esta primavera un plan de emergencia para toda la UE y piden que se permita a los Estados saltarse la regla de gasto para poder invertir más en vivienda de la misma forma que se realiza esa excepción con defensa.

“La vivienda tiene que quedar excluida de la regla de gasto para poder invertir más rápido. No puede quedarse a la cola. Tiene que ser una prioridad”, ha defendido Collboni. El grupo, de hecho, ha mostrado su desacuerdo con la Comisión Europea, que ha aplazado el plan de vivienda a 2026 y ha decidido no esperar y elaborarlo ya. “Es una emergencia que hay que abordar. El plan irá dirigido a las instituciones europeas. Los problemas nos llaman a la puerta. En ciudades como Barcelona y Atenas el precio del alquiler ha crecido cifras de dos dígitos. La regla de oro es que nadie invierta más del 30% de sus ingresos en la vivienda y ese porcentaje se ha pulverizado”, ha avisado Collboni.

El colectivo se reunió el miércoles con la vicepresidenta de la Comisión Europea, la ex ministra española Teresa Ribera, y este jueves con el comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen. Justo antes, los ediles se han hecho con él una foto de familia. “Estamos en una situación de emergencia, de explosiones de precios y de expulsiones de ciudadanos del centro de las ciudades”, ha insistido Collboni. Esa realidad descrita por Collboni afecta a todas las granes urbes por igual. El grupo lo conforman, además de los ediles citados, los alcaldes de Leipzig, Bolonia, Lyon, Lisboa y Atenas. Todas ellos representan a18 millones de habitantes.

El manifiesto insta a la Comisión Europea a dar garantías de un acceso rápido, efectivo y eficiente a la asistencia financiera para la vivienda en áreas urbanas y otra adicional para aumentar la oferta de viviendas asequibles. Paralelamente, plantea tener un diálogo directo entre el nuevo Grupo de Trabajo sobre Vivienda de la Comisión Europea. El texto reivindica una nueva regulación estatal de la vivienda más ambiciosa como hacer accesible en el parque de viviendas existente y a reforzar las regulaciones sobre alquileres de corta duración.

En una intervención en el plenario del comité de las regiones, Collboni, en catalán, ha trasladado al comisario Jorgesen su satisfacción de que haya afirmado que la vivienda es un problema europeo y que requiere como tal una respuesta europea. “Cada vez es más difícil acceder a una vivienda libre y asequible. Intervengo con un mensaje claro. Hace falta cambiar las reglas de juego para hacer efectivo el derecho a la vivienda y aumentar la inversión pública en rehabilitación y construcción en vivienda protegida”, ha dicho afirmando que Barcelona sufre esa emergencia y que está aplicando políticas innovadoras. “Hay dos modelos: uno garantista que protege a los ciudadanos y uno desregulador que se pone al servicio del mercado. No garantizar un derecho fundamental”, ha alertado, “es amenazar la utilidad y vigencia de las instituciones como esta misma”.