El difícil reto del Govern de Illa: reducir la pobreza en Cataluña

Hace diez años, aún con las heridas abiertas de los recortes por la crisis financiera, entró en el Parlament un texto surgido desde lo más abajo de la sociedad civil: la proposición de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Esta propuesta, vehiculada como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), tenía un objetivo muy ambicioso y a la vez muy concreto: acabar con la pobreza en Cataluña. La ley, tras muchos vaivenes, se aprobó en 2017. Desde entonces, un proceso independentista, una pandemia, tres presidentes de la Generalitat y cuatro consejeros a cargo de las tareas sociales del Ejecutivo han pasado, y la pobreza, sin embargo, no ha desaparecido: pese a los esfuerzos, nadie ha logrado dar con la fórmula que consiga reducirla de forma significativa, lo que ha convertido esta lacra en algo estructural.

En Cataluña el 24,4% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, y 442.300 niños y adolescentes estaban en esta situación en 2023, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat. Ahora, el nuevo Govern de Salvador Illa tiene por delante el desafío de encontrar la manera de romper con el círculo vicioso de la pobreza. Para ello tiene algunas herramientas iniciadas por el anterior gobierno catalán, pero deberá dar respuesta a retos como la integración de las prestaciones sociales, el refuerzo del sistema de atención a las personas dependientes, atajar las problemáticas de la pobreza infantil y el sinhogarismo y facilitar el acceso a la vivienda.

En los últimos diez años, el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social (la tasa Arope), ha oscilado entre el 23% y el 24,4% que se registró el año pasado. La mejora de los últimos años (en 2020 llegó a ser del 26,7%) no ha logrado romper con el carácter estructural de la pobreza, que además se ha enquistado en su vertiente más dura: uno de los tres componentes de la tasa Arope es el porcentaje de población con privación material y social severa, y esta tasa se sitúa en el 8,9%, dos puntos y medio por encima de lo registrado hace 10 años.

La pobreza tiene muchas vertientes y se puede abordar desde distintas políticas, pero según Francina Alsina, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, lo más importante es que sean políticas que duren en el tiempo. “Necesitamos acuerdos para los próximos cuatro años y que sean de verdad. Con legislaturas muy cortas no se puede avanzar”, señalaba Alsina por teléfono al principio del verano, aún con la incógnita de si se formaría o no el nuevo Govern. Con el nuevo Ejecutivo ya en activo, la responsable de estas políticas será la consejera Mònica Martínez Bravo, al frente del departamento de Derechos Sociales e Inclusión. Uno de sus primeros retos es definir por fin el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y empezar a gestionar de forma integrada esta prestación estatal juntamente con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Este traspaso, acordado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, es un elemento clave, según las entidades, para mitigar las trabas burocráticas que en parte han sido responsables de que ni una ayuda ni la otra se hayan desplegado completamente. Según los datos del Ministerio de Inclusión Social y del departamento catalán, el IMV solo llega a alrededor del 12% de la población catalana bajo el umbral de la pobreza, y la RGC solo tiene una cobertura del 25% sobre los más pobres, y del 8% sobre los que están en riesgo de pobreza.

La nueva consejera estuvo a cargo precisamente de la evaluación de ciertos aspectos del IMV entre 2021 y 2023, y fue la secretaria general de Inclusión del Gobierno de Pedro Sánchez desde enero de este año hasta su nombramiento como consejera por parte de Illa, periodo en el que se han llevado a cabo las negociaciones para el traspaso del IMV que ahora tendrá que asumir desde el lado de la Generalitat. El pasado mes de julio, el Gobierno y el hasta ahora consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, firmaron finalmente el traspaso de la prestación, pero todavía queda concretar cómo se hará. En paralelo, la proposición de ley para modificar y corregir los fallos de la RGC se quedó a las puertas de ser aprobada en el Parlament en la pasada legislatura, y está por ver si tendrá continuidad en la actual.

Tensión en las residencias

En cuanto a los dependientes, la Generalitat está en pleno proceso de acreditación de sus residencias de ancianos y dependientes tras la renovación buscada después de la pandemia. Este proceso cuenta con cierta oposición por parte de algunos centros, que no pueden hacer frente a los costes, y el sistema sufre una presión endémica, con una alta rotación de trabajadores por los bajos salarios, con las listas de espera para acceder a ayudas más altas de España y con la todavía pendiente integración de los servicios sanitarios en los centros.

Según Francina Alsina, estas son algunas de las prioridades que deben tener los grupos políticos y el Govern en la legislatura que comienza. En su opinión, se trata de dar continuidad a políticas iniciadas que han quedado en pausa. “El Govern de Aragonès había empezado a hacer cosas, y teníamos un consejero que venía del sector”, recuerda. Otra de las prioridades es la revisión de la cartera de servicios sociales, que está muy desactualizada —la última data de 2010, y por lo tanto no contempla muchas de las ayudas y programas aprobados desde entonces, dificultando su despliegue— y para lo que Campuzano ya abrió un diálogo con el sector hace unos meses. Alsina también reclama que se apruebe el proyecto de ley de la Agencia de Atención Integrada Sociosanitaria, desplegar la estrategia de la lucha contra la pobreza infantil —presentada por el exconsejero en abril—, aprobar el Plan Territorial Sectorial de Vivienda y desplegar los pactos nacionales para la salud mental y la discapacidad, aumentar el parque público de vivienda y aprobar la ley del Tercer Sector, entre otras medidas como condonar la deuda de pobreza energética del pasado ejercicio.

Otra legislación que quedó pendiente de aprobar es la proposición de ley de medidas urgentes para erradicar el sinhogarismo. Bea Fernández, directora de la fundación Arrels, cree que esta tiene que ser una prioridad, y que tiene que incluir medidas para contabilizar cuánta gente duerme en la calle y para darles recursos residenciales en una estrategia conocida en inglés como housing first. “No podemos pretender resolver el problema sin hablar de estabilidad financiera y residencial de las personas”, señala sobre un modelo que ha funcionado en otros países. Esperando esta ley, Fernández recuerda que todavía hay un marco de acción financiado hasta 2025, y pide que la financiación continúe más allá del año que viene. Tanto Fernández como Alsina coinciden en que tener el objetivo de erradicar la pobreza no es una ilusión: “La pobreza es una decisión política, si lo tienen claro, con políticas adecuadas, se puede erradicar”, señala la presidenta de la Taula.

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